El presidente de la República, Carlos Alvarado, criticó la poca agilidad con la que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) responde ante el fenómeno del trabajo informal, en el que cientos de miles de costarricenses trabajan sin estar asegurados y sin cotizar para una pensión.

Para el mandatario, la CCSS no puede convertirse en una institución que obligue a las personas a entrar en el empleo informal.

Alvarado, incluso, califica de “justas” las críticas que recibió la nueva propuesta de reglamento de aseguramiento de trabajadores independientes que publicó la Caja.

Esta visión la expuso durante una entrevista con La Nación al referirse a los problemas estructurales relacionados con el desempleo.

“Nuestro modelo de aseguramiento se vuelve muy pesado para empleos que son de baja calificación, que eso también lo que hace es arrojarlos a la informalidad.

“Los empleos de alta calificación o más remunerados, generalmente, son los más formales y ahí tenemos el mayor nivel de formalidad; conforme nos vamos acercando a la parte de menor ingreso, hay mayor informalidad”, argumentó el mandatario.

Actualmente, cerca del 45% de los empleos en el país son informales.

Alvarado expuso tres medidas relacionadas con los esquemas de aseguramiento que, en su criterio, podrían ayudar a mejorar el nivel de empleo formal.

La primera es un proyecto de amnistía con la Caja para pequeñas y medianas empresas, “para ayudar a flexibilizar que se puedan poner al día y no estén asfixiadas, máxime con la coyuntura que tenemos de covid-19″.

El Gobierno explora un texto sustitutivo para el proyecto de ley que autorizaría a la CCSS a condonar las deudas de trabajadores independientes y patronos con la seguridad social.

La segunda medida propuesta por Alvarado es una modificación del reglamento de aseguramiento de los trabajadores independientes.

“Sé que está en consulta y creo que debe ser revisado. Nosotros tenemos que asegurar un aseguramiento que permita la formalidad, pero que no asfixie a esos trabajadores independientes y eso es lo que uno esperaría que, de ahí, algo de lo que me han informado es que lo que salió es para consulta, pero yo esperaría también que se tome nota de toda la crítica, justa creo yo, que ha salido sobre esa propuesta.

“El financiamiento de la Caja no puede ser un fin en sí mismo. La Caja por un lado tiene que proveer seguridad social y ciertas condiciones de aseguramiento que vayan de la mano con un mundo de trabajo que permita que la gente trabaje formalmente, es decir, la Caja no se puede constituir, por un modelo inflexible, en un ente que haga informal el trabajo, cuando es la misma Caja a la que le interesa que sea formal y hay un problema que es severo.

“A nosotros nos interesan los modelos flexibles de aseguramiento. ¿Para qué? Para que la gente pueda trabajar en una formalidad, sobre todo las personas de menores salarios”.

En marzo pasado, la CCSS sacó a consulta pública un anteproyecto de reforma al Reglamento para la Afiliación de Trabajadores Independientes, el cual desató la molestia de sectores que representan a trabajadores independientes. Entre las principales críticas, están las siguientes:

-Los independientes seguirán cotizando hasta el 18,5% de sus ingresos netos, mientras que los trabajadores asalariados aportan un 10,5% de su remuneración.

-Se mantendría el cobro retroactivo. Hoy, si un trabajador independiente se quiere asegurar, la CCSS revisa sus declaraciones de renta ante Hacienda para cobrarle todas las cuotas desde hace 15 años atrás o desde que ese trabajador comenzó su actividad económica. Con el nuevo reglamento, la Caja quiere cobrar diez años en retroactivo.

-A la hora de calcular la cotización, ya no solo se incluirían los ingresos por el trabajo, sino también otras entradas de carácter no laboral, como alquileres o intereses por inversiones.

Según una publicación hecha por La Nación en diciembre del 2019, más de 800.000 personas carecen de seguro de salud de la CCSS y existe una tendencia al alza.

Tercera medida

La tercera medida, según Alvarado, tiene que ver con el aseguramiento de los trabajadores asalariados de baja calificación en el sector privado.

Con la idea de atenuar el costo de las cargas sociales, el presidente plantea encontrar una vía alternativa para financiar a instituciones que se nutren de las cuotas obrero-patronales, como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Según una sugerencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estas instituciones podrían financiarse mediante otros ingresos para aliviar las cargas patronales.

En el esquema actual, los patronos deben cotizar a la CCSS el equivalente a un 26,5% del salario de cada empleado y, de ese porcentaje, un 7,25% se va a instituciones como el IMAS, el INA y Fodesaf.

Alvarado pide “considerar que, como la ha recomendado la OCDE, sea la Hacienda Pública, a través de otros ingresos, la que financie esas instituciones y permitir que eso no sea un coste en el aseguramiento”.

“Con eso, reduciríamos los costos de contratación, pero hay que garantizar que no se debilite la red social en el INA, IMAS y Fodesaf.

“Ahora, en un contexto que tuviéramos márgenes fiscales, eso sería una propuesta viable y manejable; no obstante, hoy eso es muy difícil por la situación tan apremiante que tenemos en las finanzas públicas.

“Con esto, lo que quiero decir es que hay soluciones, pero volvemos al mismo tema: para arreglar ese punto, ese tema de las cargas sociales, tenemos que arreglar los temas de las finanzas públicas y, ¿cómo se puede financiar eso?, bueno, con solidaridad, con ingresos solidarios.

“Es mejor gravar la riqueza una vez generada que gravar el costo del empleo y hacia eso creo que nos tenemos que encaminar, pero también entiendo que una parte previa de lograr eso es darle sostenibilidad a nuestras finanzas públicas”, continuó el presidente.

Caja lenta

Carlos Alvarado también se refirió al poco margen que tienen los gobernantes sobre el accionar de la Caja, en donde solo coloca tres de nueve directivos, y a la reacción de esta institución en los temas de aseguramiento.

“Yo creo que, si hablamos de autonomía institucional, la Caja es la institución más autónoma que tiene Costa Rica. La Caja, si bien el presidente de la República nombra a su presidente ejecutivo y tiene una representación de dos directivos (en la Junta Directiva), no solo por la conformación tripartita de nueve directivos, sino por complejidades internas, la Caja no acciona, creo yo, tan ágilmente. La Caja ha hecho cosas maravillosas por este país, pero hay veces que no actúa de manera tan ágil, este es uno de esos casos”.