Carlos Alvarado, presidente de la República, alegó desconocer la forma en que sus exasesores de datos solicitaron información a varias instituciones públicas, como parte de las gestiones que ellos realizaron al ser miembros de la UPAD.

Así reaccionó este miércoles cuando el diputado José María Villalta le preguntó en qué momento se dio cuenta de que los analistas habían solicitado información no anonimizada al Ministerio de Seguridad sobre personas aprehendidas, así como otras bases de datos.

“Pues bueno, en el momento, no me consta. Para eso hay un proceso (judicial) que se lleva, del cual soy respetuoso”, respondió el presidente durante su audiencia en el plenario de la Asamblea Legislativa, ante la comisión investigadora de la UPAD.

Durante los 30 minutos que duró el interrogatorio de Villalta, el mandatario insistió en que él giraba directrices sobre los datos necesarios para mejorar políticas públicas, pero no entraba en el detalle del proceso de recolección de bases de datos.

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“Yo me doy cuenta de pormenores una vez que hay algunas publicaciones de este tema. En el pormenor de qué se pidió, qué carta se envió, el correo electrónico..., no participaba en eso porque no me corresponde. Un presidente que esté viendo oficios, enviando cartas o revisando correo electrónico se alejaría de su función”.

“No decía ‘vaya pida esto, esto y esto’. Yo decía ‘tenemos un problema en el presupuesto, tenemos un problema en combate a la pobreza, y la información nos puede ayudar a conocer mejor el problema’”, afirmó el gobernante.

Villalta, entonces, le preguntó si sus funcionarios fallaron al pedir información personal de las personas. El presidente le respondió: “¿Es ilegal pedir información?”.

Más adelante, cuando la diputada liberacionista Silvia Hernández le preguntó si el exasesor Santiago Álvarez podía pedir información de aprehensiones del 2019 en su nombre, el mandatario respondió: “Creo que él buscaba información para cubrir objetivos que yo le había pedido”.

Villalta citó que, según el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, los analistas de datos pidieron información no anónima como nombre de personas detenidas, lugar de las capturas, el sitio y la fecha.

El diputado fabricista Jonathan Prendas también le mencionó al presidente que los asesores habían tenido acceso en tiempo real a la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), en sus computadoras personales e incluso con un convenio, pero le cambió de tema y no le dio tiempo de responder.

Prendas añadió que las solicitudes de información fueron ilegales y Alvarado le dijo al diputado que él estaba hablando de supuestos: “Lo es diputado, porque usted no es un juez de la República”.

Según se conoció en el 2020, entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) rechazaron convenios de intercambio de información que les propusieron funcionarios de Casa Presidencial para el análisis de datos que se desarrollaba en Zapote.

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‘No se espió a nadie’

Durante su comparecencia ante la comisión investigadora de la UPAD, en el plenario de la Asamblea Legislativa, el presidente afirmó, “por lo más sagrado”, que el equipo de análisis de datos de Casa Presidencial en ningún momento vulneró la privacidad de ningún habitante, se usó información para el beneficio de ninguna persona en particular, ni se obtuvieron beneficios ilegales.

“Viéndolos a los ojos les aseguro que ni uno solo de los cinco millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto su privacidad comprometida con los proyectos que se desarrollaron”, dijo.

Alvarado afirma que todas esas son calumnias e insinuaciones que se han esparcido.

Según el mandatario, el trabajo de datos se hizo de buena fe. Aseguró, además, que las resistencias surgieron entre sectores que están acostumbrados a tomar decisiones con base en criterios subjetivos o electorales.

“Sé que el uso de datos genera resistencias pues reduce la discrecionalidad en la asignación de recursos y el poder que algunos actores tienen para tomar decisiones a partir de criterios subjetivos o electorales”.

“Permite hacer priorizaciones y eficiencias a partir de principios y criterios técnicos. Tengo claro que la técnica y la ciencia son aliados en la lucha contra el clientelismo y por ello los debemos impulsar”, dijo.

Error en el decreto

Sobre el decreto de creación de la UPAD, que fue publicado y derogado en febrero del 2020, Alvarado dijo que el error consistió en haber incluido que se permitía a esa oficina acceder a información de “carácter confidencial” disponible en las instituciones públicas.

“Uno, hablar de información de carácter confidencial cuando esa no es categoría, a mi entender, de ley. Dos, ese extracto, puesto que así es lo que genera esta idea de lo que se iba a hacer”, reconoció el mandatario sobre el error del decreto.

“Espero que hayamos aclarado este punto, que no hay carácter de una unidad espía, no hay carácter de husmeo de la gente”, descargó.

Sin embargo, el mandatario alegó que no es abogado ni experto en redactar decretos o en analizar datos. Además, dijo que firmó el decreto sin haberlo leído y no planteó consultas al equipo jurídico de Presidencia o a los propios analistas.

El intercambio de Villalta con el mandatario tuvo momentos de fricción. En otras ocasiones, el legislador le pidió a Alvarado que no se enojara.

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El presidente, en tanto, cuestionó al congresista por hacer énfasis en un criterio de la Procuraduría sobre el artículo 7 del decreto y no en un informe de Servicios Técnicos del Congreso que criticó que a él se le llevara a comparecer en el plenario legislativo.

“Don Carlos, cuando yo sea el compareciente, usted me podrá hacer esas preguntas, pero en este momento le estoy preguntando a usted”, reaccionó el frenteamplista.

Al final de la comparecencia, el presidente dijo que ahora espera tener la oportunidad de redoblar esfuerzos “y enfocarme todavía más en lo que hoy le importa al país: que salgamos de la pandemia, que podamos tener las vacunas, que generemos el empleo que se está esperando para el país y también la estabilidad económica que requiere el país”.

Intercambio

La siguiente es parte del intercambio entre Villalta y el mandatario:

Villalta: La Procuraduría General de la República dice que el artículo 7 (del decreto) en cuestión viola el derecho a la autodeterminación informativa y el principio de reserva de ley, al tratarse de una norma reglamentaria que autoriza a la UPAD tener acceso a información que puede ser catalogada como sensible y correlativamente impone el deber del resto de la Administración Pública suministrarla. También, menciona el tema confidencial, pero el central es este: ¿Considera un error de redacción?

Alvarado: Si se hubiera redactado diferente y de otra forma probablemente no se hubiera incurrido en ese elemento.

Villalta: Si una ley de pena de muerte redactada dice que la vida es inviolable, ¿usted consideraría error de redacción?

Alvarado: Casualmente algo en que coinciden especialistas que comparecieron en la comisión, los artículos, me disculpan porque no soy abogado, pero el artículo 8 en sus excepciones, dice, que queda abierto en interpretación...

Villalta: Esa es la Ley de Protección de Datos.

Alvarado: Exactamente. Entonces, casualmente eso, vea usted mismo, su tesis es que es un simple error de redacción. Vea que un simple error de redacción en esa materia abre para la interpretación. Aquí no estamos hablando de la pena de muerte.

Villalta: Es al revés. Esa es su tesis. Mi tesis es que es una ilegalidad grave de fondo y sustantiva que toca la esencia del decreto. No puede ser jamás error de redacción porque la Procuraduría General del a República dice que no se podía, jamás, a través de una norma reglamentaria, darle esa potestad sobre información sensible, privada, datos personales no autorizados de personas que entregaron esa información a las instituciones, no se podía dar esa potestad a través de este decreto a una oficina de Casa Presidencial.

Alvarado: Sigamos esa línea de pensamiento, su tesis. ¿Ese error es de mala fe o de buena fe?

Villalta: No puedo juzgar buena fe o mala fe, lo que estamos es en una clara ilegalidad.

Alvarado: ¿Los productos concretos que emanaron de ahí hay evidencia de mala fe o de buena fe?

Villalta: Don Carlos, no se me enoje. Aquí estamos hablando con respeto.

Alvarado: Yo estoy muy tranquilo, pero me parece muy interesante la ruta que está tomando esto.

Villalta: Don Carlos, ¿le parecen correctos los dictámenes de la Procuraduría? ¿le parecen opiniones discutibles?

Alvarado: No, me parecen de todo respeto.

Villalta: La Procuraduría General de la República se lo dijo a la Sala. ¿Sabe que si usted pidiera ese dictamen sería vinculante?

Alvarado: Lo sé.

Villalta: Al inicio de su intervención dijo que no era ilegal. ¿Ante este criterio de la Procuraduría mantiene esa opinión?

Alvarado: Sí, porque eso es algo que ahora está en otro ámbito.

Villalta: ¿Pero usted desconoce ese criterio de la Procuraduría General de la República?

Alvarado: No. Lo desconozco pero usted mismo mismo dijo que si hubiese sido emitido antes sería vinculante, pero no fue emitido antes-

Villalta: ¿Y por qué no pidió criterio de la Procuraduría General de la República? Porque podría ser vinculante.

Alvarado: Porque, como dije a preguntas anteriores, por recomendación de mi parte legal es que cualquier elemento que tenga que ver con el caso, una vez judicializado, yo me abstuviera de intervenir.