Sofía Chinchilla C.. 17 octubre
La audiencia en la que participará Carlos Alvarado se realizará a las 9 a. m. en el auditorio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Foto: Mayela López.
La audiencia en la que participará Carlos Alvarado se realizará a las 9 a. m. en el auditorio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Foto: Mayela López.

Carlos Alvarado, presidente de la República, acudirá a la Sala Constitucional este jueves por la mañana para pedirles a los magistrados que avalen la imposición de un tope de ¢2,6 millones a las pensiones de Gobierno, con lo que se recortarían las jubilaciones de lujo que actualmente alcanzan montos hasta de ¢10 millones mensuales.

El mandatario participará en una audiencia oral como parte del proceso de resolución de varias acciones de inconstitucionalidad que tienen varada, desde hace cuatro años, la aplicación de los topes a las jubilaciones millonarias.

Casa Presidencial confirmó que Alvarado se apersonará al auditorio del Poder Judicial a las 9 a. m., en compañía de Rocío Aguilar, ministra de Hacienda; el ministro de Trabajo, Steven Núñez; Luis Paulino Mora, el director de pensiones y Marvin Carvajal, director jurídico del despacho presidencial.

Durante la sesión, la Sala estará integrada por los magistrados Fernando Castillo (presidente a.i,), Paul Rueda, Luis Fernando Salazar, Marta Esquivel, Alejandro Delgado y Mauricio Chacón.

Las acciones de inconstitucionalidad que resolverá la Sala IV se presentaron en 2014 y 2015, por cuatro recurrentes que impugnaron el recorte a las pensiones de lujo que decretó el Ministerio de Trabajo en agosto del 2014.

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Lo que hizo el gobierno de Luis Guillermo Solís fue activar la ley 7858 de 1998, que establecía “como tope máximo la suma de diez veces el salario más bajo pagado en la Administración Pública”. Para ese entonces, ese monto era equivalente a ¢2,3 millones. Hoy, es de ¢2,6 millones.

Así, el Ejecutivo esperaba ahorrar unos ¢12.000 millones al año, a través de los recortes a las jubilaciones con cargo al Presupuesto Nacional de 910 personas.

No obstante, como la Sala admitió para estudio las acciones de inconstitucionalidad, los topes no se han aplicado.

Sí están activas las medidas que aprobaron los diputados en 2016 en cuatro leyes, las cuales les ahorraron a los contribuyentes ¢11.000 millones en los primeros 18 meses de vigencia.

Las reformas exigieron pagar una contribución especial a los pensionados de los regímenes de Gobierno que reciben más de diez veces el salario base más bajo pagado por la Administración Pública. A esos pensionados se les retiene entre un 25% y un 65% del monto que exceda los ¢2,7 millones.

Si los magistrados de la Sala IV rechazan los reclamos de los accionantes, dejarán de existir pensiones de más de ¢2,6 millones.