Política

Carlos Alvarado denuncia ‘política de chantaje’ con empleo público

El presidente de la República, Carlos Alvarado, achacó una “política de chantaje” a las organizaciones que hablan de “pasar factura política” a quienes aprobaron la Ley Marco de Empleo Público. Adujo que los detractores del plan provienen de un grupo específico que no defiende el interés general.

Alvarado argumentó que la legislación, que firmó este martes después de un trámite de tres años en la Asamblea Legislativa, genera equidad salarial frente a los trabajadores del sector privado y defiende los intereses de todos los costarricenses que pagan por los servicios que brindan las instituciones públicas.

“El proyecto tiene características complicadas; estamos procurado hacer algo justo, pero quienes interpretan verse perjudicados son un grupo muy específico, y quienes son del interés general, que somos todos los costarricenses, no tenemos una organización específica en esto.

“Y por ello, por mucho tiempo, el incentivo político para meterse en esto fue nulo. Además, porque por ahí andan diciendo que van a pasar factura, lo que habla de una política en función de chantaje”, manifestó.

En sus declaraciones, el presidente les recordó a quienes afirman que el proyecto únicamente se aprobó por presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que la iniciativa fue presentada desde el 2019 y que incluso forma parte de sus compromisos de campaña.

“En Costa Rica, cobramos barata la mentira, porque hay gente que dice ‘es que es una condición del Fondo, el Fondo los está obligando’. Mentira. Eso está ahí desde el 2019, como una convicción. Es más, está en nuestro plan de gobierno”, dijo Alvarado.

Asimismo, el mandatario recordó que asumió ese compromiso como candidato presidencial en una actividad frente a los sindicatos. “Como en Costa Rica creo que cobramos barata la mentira, yo dije eso, pero seguro dijeron ‘seguro está mintiendo’, porque nadie me dijo nada y yo lo dije claramente, no le mentí a nadie”.

Se negociaban beneficios para facilitar la gobernanza

Alvarado dijo que las condiciones de empleo público comenzaron a crecer de forma desproporcionada e irresponsable desde 1980. Incluso, señaló que jerarcas de instituciones públicas facilitaron, durante mucho tiempo, aumentos salariales y pluses para facilitar su gestión dentro de las entidades.

“Antes para cualquier jerarca lo más fácil, siendo él o ella quien controlaba la materia de pluses dentro de una institución, era lo que pasó… muchas veces injusticia, dar más beneficios, más pluses en nombre de todas y todos, porque probablemente eso hacía más fácil la gobernanza interna de una institución. Y así se gobernó por mucho tiempo, facilitando, permitiendo que se administrara a cambio de una serie de condiciones”, dijo Alvarado.

Aseguró que, durante su mandato, el cual finaliza en mayo próximo, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa trabajaron juntos para acabar con esas y otras disparidades, sin temor a asumir el costo político.

“Somos un Gobierno con diputados y diputadas que, faltando dos meses para salir, hace una reforma estructural, de fondo, sin miedo. Por eso es muy meritorio y hay un gran mérito de los diputados de diferentes fracciones y lo celebro.

“Hace tan solo cuatro años el mero hecho de que pasara un año calendario era motivo para aumentar remuneraciones sin más, por la anualidad. Independientemente de la calificación de nadie, si había hecho bien su trabajo o no.

“Los aumentos también tenían carácter porcentual, muchas veces por encima de la inflación, cuando muchos otros trabajadores lo que recibían era la inflación como su aumento salarial. Y provocó muchas más injusticias que fueron mucho más allá.

“Durante los últimos ocho años, por ejemplo, se renegociaron muchas convenciones colectivas para evitar y disminuir privilegios. También la Sala Constitucional por acciones de otras personas bajaron otros privilegios que solo unos tenían, en algunas instituciones.

“Durante este tiempo, también gracias al apoyo de los diputados, se redujeron al máximo que permite hoy la Sala Constitucional la materia de pensiones de lujo, llevándolas a una reducción de un 55% a partir del criterio de la Sala y de lo que dice la OIT”, puntualizó el mandatario.

Juan Diego Córdoba González

Juan Diego Córdoba González

Bachiller en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiante de la Maestría en Comunicación y Mercadeo. Periodista de la mesa de Sociedad y Servicios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.