Josué Bravo. 3 junio
El canciller Manuel Ventura junto al presidente Carlos Alvarado y la primera dama, Claudia Dobles. Foto: Albert Marín.
El canciller Manuel Ventura junto al presidente Carlos Alvarado y la primera dama, Claudia Dobles. Foto: Albert Marín.

La Cancillería se niega a suministrar los análisis que llevaron al gobierno a tomar la decisión de no adherir a Costa Rica a la denuncia penal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, presentada por varios países contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), a finales del año pasado.

Ante una solicitud de La Nación, la Casa Amarilla alegó que ese tipo de documentación, referente a las relaciones internacionales del país, no es de naturaleza pública por considerarlo secreto de Estado.

Además, citó el artículo 30 de la Constitución, el cual contiene una excepción sobre los documentos que pueden ser de dominio público, al tiempo que menciona jurisprudencia de la Sala Constitucional.

Sin embargo, la Cancillería tampoco facilitó el decreto o resolución que justifique la declaración como secreto de Estado de dichos documentos, tal y como ocurrió en el 2016 cuando el entonces diputado del PLN, Rolando González, solicitó información relacionada con Brasil. Esa decisión fue validada por la Sala IV.

El 26 de setiembre del 2018, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú denunciaron a Maduro ante la CPI con base en la investigación que hizo un panel de expertos nombrado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual concluyó que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, como la tortura, según prueba y testimonios escrutados.

El actual canciller costarricense, Manuel Ventura, fue parte de ese panel de expertos, pero el gobierno de Carlos Alvarado decidió no apoyar la denuncia, a la cual posteriormente se unió Francia.

El 16 de octubre del 2018, cuando Epsy Campbell todavía era canciller, la Casa Amarilla informó públicamente de que apoyaría la petición ante la CPI.

No obstante, en realidad, lo que la Cancillería hizo fue remitir a la Fiscalía internacional una nota verbal y un comunicado de prensa en el cual el gobierno expresaba su “apoyo” a la petitoria.

En esa ocasión, el excanciller Manuel González y el propio Manuel Ventura opinaron que Costa Rica debió presentar una adhesión, en lugar de una nota verbal y un comunicado de prensa.

De hecho, el 4 de octubre del 2018, Ventura calificó como error histórico que Costa Rica no se sumara a la denuncia.

El 12 de marzo anterior, La Nación solicitó por escrito a la Casa Amarilla los documentos que sustentaron la decisión tica de no adherirse; sin embargo, no los suministró.

En un correo electrónico del 25 de marzo, la cancillería textualmente respondió:

"El Ministerio de Relaciones Exteriores, en apego al deber de confidencialidad que deviene de la aplicación del artículo 30 de la Constitución Política, no puede suministrar informes y documentos, técnicos y políticos que se preparen como insumos o documentos de trabajo respecto de asuntos del acontecer político internacional.

“La elaboración de este tipo de textos es común y se toman como referencia, con valoraciones que podrían ser importantes en la adopción de la posición del Estado costarricense en los asuntos que se estén considerando. No son documentos de naturaleza pública y así ha sido ratificado en diferentes oportunidades por la Sala Constitucional”.

La Nación consultó el 20 de mayo a la Cancillería si existía un decreto en específico para justificar la declaratoria de reserva de Estado de dichos documentos, pero a la fecha no ha respondido, a pesar de la insistencia.

El exembajador Javier Sancho considera que ese tipo de documentos no deben ser considerados como secreto de Estado, porque no tratan sobre “operaciones diplomáticas o militares” en curso y tampoco se refieren a la firma de un tratado entre dos Estados, como ocurre en la relaciones internacionales.

No obstante, añade que en el caso de que la Cancillería así lo considere, debe emitir una resolución que lo justifique como ocurrió con el caso con Brasil.

Por su parte, el excanciller González explicó que, si bien en este tema hay mucha discusión, la Cancillería podría declarar los documentos como secreto de Estado, pero, añade, esta decisión debe de estar justificada al menos con una resolución.

Recordó que siendo canciller, en el 2016, él y el presidente Solís firmaron el decreto Nº 39944-RREE que cubría 12 memorandos confeccionados por la embajada de Costa Rica en Brasilia y relacionados con la crisis política en ese entonces en ese país, bajo el manto de secreto de Estado.

Luego, Cancillería emitió resolución caso por caso para justificar la reserva de cada uno de los memorandos.

“Me parece que la respuesta que están dando (la Cancillería) es un poco simplista como en función de decir ‘no, esto ya se resolvió y todo lo que se hace aquí es secreto de Estado’. No llega a tanto, ni mucho menos”, señaló el excanciller.

Posición tica invariable

Casi ocho meses después de haber evitado adherir a Costa Rica a la denuncia en contra de Maduro, el gobierno mantiene su posición.

El pasado 8 de enero, cuando el presidente Carlos Alvarado hizo cambios en su gabinete y presentó a Ventura como su nuevo canciller, aseguró que el gobierno le daría mayor énfasis a la crisis de Nicaragua y Venezuela.

Sin embargo, sobre la denuncia en contra de Maduro no cambió su postura, alegando que había toda una discusión técnica jurídica al respecto.

Explicó que el país se ha mantenido firme en favor de los derechos humanos en Venezuela y de la democracia.

También señaló que la denuncia en la CPI era un “elemento adicional” a la posición democrática del país y recordó que él le ha dado un respaldo político.

“Si hay algo nuevo que comunicar en ese sentido, oportunamente lo haremos, yo sé que a veces hay premura porque comuniquemos las cosas, yo entiendo a los periodistas", justificó Alvarado.

Por su parte, Ventura respondió lo siguiente, el pasado 8 de mayo, cuando La Nación le preguntó que si en cuatro meses de estar en el cargo el criterio de Costa Rica había variado:

“Independientemente de que Costa Rica se sume o no a la demanda que presentó un grupo de siete Estados contra Nicolás Maduro directamente, eso sigue caminando. Nosotros ni sumamos ni restamos en este momento. Hasta donde sé yo, no se me ha informado que se vaya a sumar (...). No sé si lo harán en el futuro o no”.