José Andrés Céspedes. Hace 1 día
Los precandidatos nicaragüenses detenidos de izquierda a derecha: Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Sebastián Chamorro.
Los precandidatos nicaragüenses detenidos de izquierda a derecha: Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Sebastián Chamorro.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá, República Dominicana y España instaron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua, a la “inmediata liberación” de líderes políticos de oposición, entre ellos, cuatro precandidatos presidenciales.

Los cancilleres, en un comunicado emitido en San José, expresaron “profunda preocupación” por las acciones desplegadas por el gobierno nicaragüense contra importantes figuras de la oposición que aspiran a participar en las elecciones nacionales, el 7 de noviembre.

De acuerdo con los ministros, dichas acciones atentan contra el libre ejercicio democrático, pues cuatro de los arrestados son posibles adversarios de Ortega y Murillo en esos comicios.

“Instamos a su inmediata liberación, y a la restitución de sus derechos políticos”, dicen los ministros.

Recordaron a los dos gobernantes nicaragüenses su deber de respetar todas sus obligaciones internacionales, en particular en materia de derechos humanos.

“Es imprescindible evitar acciones que impongan restricciones a la libre participación de todos los actores políticos de la sociedad en los procesos de elección, y se debe asegurar el pluralismo político y la libertad de expresión.

“El pueblo de Nicaragua merece la garantía de unas elecciones justas, libres, independientes, transparentes, creíbles, inclusivas, y con observación internacional”, manifestaron los cancilleres.

El miércoles, Carlos Alvarado calificó de “lamentable, repudiable” y “terrible” la persecución de Ortega y Murillo contra opositores, e instó a la comunidad internacional a realizar acciones coordinadas en el seno de la OEA.

Para el mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei, las acciones de Ortega no solo socavan la constitucionalidad nicaragüense.

En la cumbre de presidentes centroamericanos realizada este jueves en San José, el mandatario guatemalteco señaló que las acciones del gobierno nicaragüense afectan a la región, principalmente a países vecinos, por la eventual llegada de migrantes que estas naciones no podrían acoger.

Ya en 2018, manifestaciones contra el gobierno de Ortega terminaron en el asesinato de 300 personas y miles de exiliados, cientos de estos actualmente en Costa Rica, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Persecución de Ortega

En una persecución sin precedentes, el régimen de Ortega detuvo a cuatro precandidatos presidenciales en una semana, una maniobra que forma parte de la estrategia gubernamental para aniquilar a la oposición a cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua.

Los aspirantes Félix Maradiaga y Sebastián Chamorro García fueron arrestados el martes 8 de junio.

Mientras, la periodista Cristiana Chamorro Barrios se encuentra bajo arresto domiciliario desde el miércoles 2 de junio y tres días después la Policía orteguista capturó al exdiplomático Arturo Cruz en el aeropuerto de Managua, cuando regresaba de Estados Unidos.

La última detención, la de Chamorro García –primo de Cristiana–, ocurrió casi a las 8 p. m. bajo cargos de “incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo”, entre otros, según nota de prensa de la Policía Nacional.

Maradiaga y Chamorro García son investigados por realizar actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones y actos que menoscaban la independencia, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares, detalló el comunicado.

Chamorro García fue capturado después de un allanamiento a su vivienda. Además, luego de las acciones policiales, su esposa, Victoria Cárdenas, se encuentra desaparecida.

Los cargos por los que son señalados están contemplados en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, a la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada en diciembre por iniciativa del gobierno de Ortega.