Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración aprobaron una medida transitoria en el proyecto de reforma al empleo público que podría tener un súbito impacto sobre las finanzas estatales.
En la última ronda de votación de mociones, la comisión aprobó una propuesta para incorporar tanto a los empleados públicos actuales como a los futuros en el esquema de salario global.
El salario global consiste en otorgar sueldos competitivos por sí mismos a los funcionarios, sin necesidad de los múltiples pluses que, a lo largo de todo el sector público, desequilibran las remuneraciones entre instituciones y aumentan el gasto conforme pasan los años.
La versión original del proyecto solo incluía a los futuros servidores en el nuevo esquema.
Los diputados optaron por agregar a los empleados actuales al sistema de salario global, con el fin de detener el crecimiento de los pluses.
No obstante, la moción aprobada incluyó un transitorio que establece lo siguiente:
Los empleados que devenguen una remuneración inferior al futuro salario global tendrán la posibilidad de pasarse voluntariamente al nuevo esquema en un plazo de seis meses.
Ese cambio obligaría al Estado a aumentar de inmediato los sueldos de estos funcionarios.
¿Cuántos funcionarios entrarían en esa condición? ¿Cuánto costaría ese traslado? Ningún diputado lo sabe y tampoco el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), por su parte, elabora cálculos.
Los legisladores aprobaron el transitorio sin conocer el impacto que tendría en las finanzas públicas.
En el caso de los funcionarios que superen el futuro salario global, se les respetará su remuneración y, en adelante, solo recibirán ajustes por costo de vida.
La Comisión rechazó un transitorio distinto propuesto por la liberacionista Silvia Hernández, el cual podría evitar un impacto inmediato en las finanzas públicas.
La propuesta de Hernández decía que los funcionarios con un sueldo inferior al global seguirían bajo el esquema actual, de salario base más pluses, hasta alcanzar el global.
A partir de ese momento, migrarían automáticamente al nuevo esquema. De esa manera, la transición sería paulatina.
El legislador socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, autor de la moción aprobada, explicó que, hasta ahora, se ha avanzado en entender que el esquema de remuneración global debe cubrir a todos los servidores públicos.
En su criterio, su transitorio lo que pretende es proteger al Estado de procesos judiciales. Alega que si hay empleados con distintas condiciones, aunque estén en la misma categoría, podrían reclamar.
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El legislador explicó que el Mideplán elabora los datos sobre los efectos económicos de su moción, la cual fue aprobada la semana anterior con ocho votos a favor y uno en contra.
Por su parte, esa cartera confirmó que aún desarrolla las proyecciones.
Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que él no tiene interés en abrir esa discusión.
“De mi parte no habría ningún interés en eso”, afirmó.
Alegó que “hay un porcentaje enorme de empleados públicos que están muy por debajo de lo que podrían ganar en otros lados” y “que están recibiendo salarios muy desiguales entre sí y, sobre todo, en el rango de los mandos medios, de las partes gerenciales de instituciones públicas”.
Chacón recordó que la jerarca de Planificación, Pilar Garrido, aseveró hace cinco meses que el ahorro de la reforma sería de ¢243.000 millones anuales.
“De manera tal que es una proyección importante”, aseveró el verdiblanco.
No obstante, en aquella ocasión, la ministra se refirió a los beneficios de la reforma si esta se aplicaba a los futuros funcionarios, como fue presentado en ese momento por Mideplán.
Víctor Morales, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y presidente del foro de Gobierno y Administración, asevera que sí hay cifras sobre el impacto que generaría incorporar a los actuales funcionarios en el salario global. No obstante, dijo que se encuentra en las actas en la comisión o se pueden solicitar a los ministerios.
Pero omitió aclarar que la discusión que se ha dado sobre esa reforma, hasta hace una semana, era sobre textos anteriores que establecía el nuevo régimen salarial solo para futuras contrataciones.
También se le consultó al ministro de Hacienda, Elian Villegas, sobre el impacto en las finanzas públicas, pero respondió que esa materia le corresponde a Mideplán.
El abogado constitucionalista, Rubén Hernández, estima que esa redacción generaría un alto inicial costo para el Estado, “pues los funcionarios que hoy devengan un salario menor al global, correspondiente a la categoría en que serán ubicados, se pasarán inmediatamente al nuevo régimen salarial porque devengarían más desde la entrada en vigor de la ley”.
“No tendrían que esperar a alcanzarlo paulatinamente mediante aumentos anuales”, aseveró el constitucionalista en un artículo de opinión publicado en La Nación.
Añadió que la medida implicará un aumento salarial inmediato, pese a que el espíritu de la norma es generar un ahorro a los contribuyentes. “Ningún servidor público va a despreciar semejante obsequio”, insistió el abogado.
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La comisión también rechazó otra moción presentada por la liberacionista Silvia Hernández, la cual eliminaba el principio de negociación de convención colectiva que está incorporado en el proyecto vigente.
La legisladora dijo que volverá a plantear sus propuestas cuando el dictamen de la reforma se someta a revisión.