San José
El Gobierno ordenó a los bancos reportar al ICD, como inusuales, las transacciones en las que presuman que el cliente no paga la totalidad de sus impuestos.
Para ello, las entidades deberán comparar los montos de las operaciones con la información tributaria que soliciten a sus clientes. Lo mismo deberán hacer las mutuales, las financieras y las cooperativas de ahorro y crédito.
Este martes, el Ministerio de Hacienda anunció la promulgación de un decreto para introducir esta reforma, la cual también se extiende a puestos de bolsa, fondos de inversión, fondos inmobiliarios, operadoras de pensiones y operadoras de seguros.
El decreto incluye dos párrafos en el artículo 34 del Reglamento general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada.
Ese es el artículo que ordena a las entidades financieras aplicar procedimientos para detectar transacciones inusuales de sus clientes, y reportarlas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), si es necesario.
El reglamento actual entiende las operaciones inusuales como “aquellas que no se ajustan al patrón de transacción habitual de cada cliente”, es decir, las que carezcan de justificación económica o legal, tomando en cuenta la actividad a la que se dedique la persona.
El Gobierno, ahora, incluye las transacciones "que presenten contradicción con la capacidad contributiva del cliente” y en las que “se presume incumplen las obligaciones tributarias correspondientes”.
Se trata de operaciones que despierten sospechas por falta de concordancia entre el monto de la transacción, llamativamente alto, y la capacidad contributiva del cliente, de ser esta baja.
"Eso implicará que las entidades financieras tengan que pedir a sus clientes la información tributaria que permita verificar dicha situación", informó el Ministerio de Hacienda.
Adicionalmente, el Gobierno ordena a los bancos reportar las operaciones cuando los clientes usen “múltiples vehículos legales o de múltiples entidades jurídicas”. Es decir, que hagan transacciones a nombre de instrumentos como fideicomisos o mediante diversas sociedades.
Rodríguez dijo que, producto de la investigación sobre los "Papeles de Panamá" (documentos del bufete panameño Mossack Fonseca que realizaba transacciones económicas a nivel internacional), Hacienda detectó vacíos en la legislación que podrían favorecer a los evasores de impuestos y a las personas que mueven dineros sucios.
"Por ejemplo, si una persona llega a hacer una inversión de $100.000 (¢54 millones) a un ente financiero y, al preguntársele de donde obtuvo la plata, presenta un documento donde lo que se dice es que fue producto de la venta de una propiedad por ¢100.000, ahí se presumirá un incumplimiento tributario que habrá que investigar", dijo Rodríguez.
El jerarca sostuvo que, a raíz de la investigación en curso sobre los "Papeles de Panamá", Hacienda ha podido identificar casos donde la capacidad del pago de impuestos de una persona no calza con los movimientos financieros que realiza, así como con el uso de varios instrumentos legales como las sociedades y los fideicomisos. Sospechan de que recurran a esas acciones para ocultar dineros provenientes de actividades ilícitas.
Rodríguez dijo que no hay una estadística clara sobre la incidencia de delitos financieros relacionados con estas prácticas financieras.
La única referencia que tiene Hacienda, por ahora, es lo que ocurre en otros países vecinos. Rodríguez citó el caso de Colombia, donde las autoridades han podido identificar que los delitos de evasión fiscal preceden otro tipo de ilícitos financieros como la legitimación de capitales.
El decreto ya está firmado pero no ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta.
Hacienda cree que la reforma en camino permitirá adecuar la normativa nacional con los estándares internacionales exigidos por las convenciones de Naciones Unidas y por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Precisamente, en este momento, Costa Rica corre para no entrar en la lista gris del GAFI, de países que no colaboran con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Riesgo. El país tiene hasta este 15 de julio para rendir un informe ante el GAFI sobre los avances en la legislación en el combate a las operaciones financieras que se utilizan para lavar dinero.
LEA: Presidencia corre para evadir lista gris sobre lavado y terrorismo
En la lista gris del GAFI figuran países como Corea del Norte, Afganistán, Irán, Irak y Siria.
Si el país ingresara a ese club, se arriesgaría a que su sistema financiero y su comercio exterior sufran malas consecuencias, pues se complicarían las relaciones del país con bancos extranjeros.