San José
El Banco Popular gastará unos ¢17 millones en un acto para celebrar el 30 aniversario de su Asamblea de Trabajadores, pero declina detallar el desglose de los costos. La actividad se celebrará este viernes a partir de las 5 de la tarde en El Cubo del Estadio Nacional, en La Sabana, San José.
Únicamente por el alquiler de esas instalaciones la administración del Estadio Nacional cobra $2.500 por cuatro horas, unos ¢1.3 millones al tipo de cambio actual.
Por cada hora adicional, la administración cobra a los inquilinos $250, es decir, ¢135.250.
Desde el lunes, La Nación solicitó a la oficina de comunicación del Popular el detalle sobre los diversos costos de la actividad, tales como alimentación, bebidas, posible compra de obsequios, alquiler del estadio, alquiler de mesas y sillas, así como el costo total de la campaña de comunicación que el Banco echó a andar para celebrar el aniversario.
Sin embargo, fue hasta este jueves, y tras múltiples llamadas y correos electrónicos a la oficina de prensa del Banco y de la Asamblea de Trabajadores, que la jefa del área de Comunicación Corporativa del Banco Popular, Jéssica Soto Rodríguez, accedió a decir que el monto "aproximado" para la actividad es de ¢17 millones.
Argumentó que no podía detallar los rubros que se le señalaron desde un principio, porque hay contrataciones que aún no se han cerrado, pese a que el evento será en poco más de 24 horas.
Rodríguez dijo que la celebración no se trata "de una fiesta", sino, de un "acto solemne", donde se escucharán ponencias de varios representantes gubernamentales y académicos.
"Esta actividad forma parte de una serie de acciones de comunicación y proyección que se están realizando en el mes del aniversario para dar a conocer la importante trayectoria, los logros alcanzados y los desafíos pendientes. La inversión en la que se incurra se solventará con recursos del rubro de actividades protocolarias que maneja Comunicación Corporativa", escribió Rodríguez el martes pasado en respuesta a una consulta de La Nación.
Este medio pidió a Casa Presidencial aclarar si el gasto en que incurrirá el banco está prohibido por la directriz O34-P, firmada por el presidente Luis Guillermo Solís en noviembre de año pasado para instruir a la administración del Gobierno Central y descentralizada para que prohíba el uso de recursos públicos para financiar todo tipo de actividades recreativas y festivas.
El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, contestó que el Popular, por ser un ente público no estatal, no está obligado a respetar la orden del presidente Solís.
"El Banco Popular tiene su autonomía de Gobierno y un presupuesto independiente que se justifica con sus propios recursos, por lo que la rendición de cuentas del uso de estos recursos le compete solo a su Junta Directiva y a la Asamblea de Trabajadores", estimó el jerarca.
Invitados. La Asamblea de Trabajadores invitó al acto de este viernes al presidente Solís, pero este se disculpó y no asistirá a la actividad.
Se cursaron invitaciones también a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, a los ministros de Trabajo, Economía y Presidencia, así como al director de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), pero hasta el momento solo uno de los viceministros de Trabajo ha confirmado su asistencia.
Sujeta a confirmación está también la participación de los 290 delegados a la Asamblea de Trabajadores, en representación de los diez sectores sociales que la conforman: artesanal, magisterial, comunal, cooperativista de autogestión, cooperativista tradicional, profesional, sindical confederado y no confederado, solidarista y el de los trabajadores independientes.
De los 17 expresidentes del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores, 12 habían confirmado su asistencia hasta este jueves.
También se invitó a los miembros de la Junta Directiva del Banco Popular.
Celebración. La celebración del 30 aniversario de la Asamblea de Trabajadores del Popular se hará en un contexto en el que sobran las críticas hacia un proyecto de ley que pretende disminuir la injerencia del Poder Ejecutivo en el Banco.
El plan establece que el Gobierno perdería dos de los tres representantes que actualmente tiene en la Junta Directiva del banco, las cuales serían cedidas a la Asamblea de Trabajadores que, en total, tendría seis de las siete plazas de ese órgano.
También, propone reducir los requisitos académicos que hoy se exigen para integrar la Directiva del intermediario financiero.
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La propuesta la dictaminó la Comisión de Economía Social Solidaria del Congreso, presidida por el diputado Víctor Morales Zapata, de Acción Ciudadana (PAC).
Sin embargo, el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) se opone a la iniciativa. De igual manera, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) criticó la propuesta al considerar que pondría en riesgo los ahorros de los costarricenses.
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A mediados de febrero, Casa Presidencial retiró de la corriente legislativa el proyecto de ley a solicitud de Morales Zapata.
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Después del retiro, el 3 de marzo el Banco Popular invitó a una cena 13 diputados de seis fracciones para conversarles sobre sus finanzas. El congresista Morales y los presidentes de la Asamblea de Trabajadores, Marvin Rodríguez y Héctor Monge, fueron quienes invitaron en esa ocasión a los legisladores.
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La Asamblea de Trabajadores es el órgano de mayor jerarquía de Banco Popular.
Ese banco fue fundado en 1969. En 1986 se reformó su Ley Orgánica para crear la Asamblea de Trabajadores, que nombra desde entonces a cuatro miembros en la Directiva del banco.