Con seis votos a favor y dos en contra, la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso dictaminó esta tarde el proyecto de ley que reviviría la pesca de camarón, en el fondo marino, con redes de arrastre.
La iniciativa promovida por el diputado Melvin Núñez, de Restauración Nacional (PRN), recibió el voto positivo de tres diputados fabricistas, uno del PRN, uno de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y una de Liberación Nacional (PLN).
El plan plantea revivir el otorgamiento de licencias para pesca de arrastre a barcos semiindustriales (de 21 metros de largo por 6 metros de ancho).
La renovación y otorgamiento de nuevas licencias fueron suspendidas en el año 2013 por la Sala Constitucional, la cual consideró que produce un grave daño ambiental al capturar grandes porcentajes de pesca de especies distinta al camarón.
El gobierno se opone a este proyecto de ley.
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Votaron a favor del nuevo texto los diputados Carmen Chan, Ivonne Acuña e Ignacio Alpízar, del bloque Nueva República (PNR); Melvin Núñez, Óscar Cascante (PUSC) y Aida Montiel (PLN).
En contra votaron Mario Castillo, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y Paola Valladares, del PLN.
Si el texto dictaminado se convierte en ley, le impondría un plazo de tres meses al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) para prorrogar y restituir las licencias suspendidas tras el fallo constitucional del 2013. Para ese año, habían 44 licencias operando.
En la misma sesión de hoy, los diputados aprobaron cambios a la iniciativa inicial.
Uno de ellos deja sentado que la pesca de camarón sería con redes de arrastre, aunque mantiene la obligatoriedad de que esta debe contener dispositivos excluidores de peces y tortuga ajustadas a las regulaciones técnicas y científicas establecidas por el Incopesca para la exclusión de fauna de acompañamiento.
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El texto anterior definía de forma general el uso de redes de pesca sin definir el arte, lo que dejaba abierta la posibilidad de que, en la faena, los barcos utilizaban otras redes como las de cerco, la misma práctica usada en la pesca de atún.
Además, la nueva propuesta ordenaría al Incopesca determinar qué especies de camarón pueden ser aprovechadas comercialmente y exigiría a cada embarcación usar balizas o dispositivos satelitales para que, al momento de operar, respeten la zonificación establecida en el 2017.
En ese año, el Instituto definió las áreas de captura para el camarón. De la costa hasta los 70 metros de profundidad mar adentro, es zona de pesca artesanal, donde se captura principalmente camarón blanco de alto valor económico.
Desde los 70 metros de profundidad hasta los 1.100 metros de hondo, es área para captura semiindustrial, donde generalmente habitan las especies comerciales como el camarón colorado o Pinky y Fidel.
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Otro de los cambios aprobados otorgaría al Incopesca un año sin prórroga para que realice estudios técnicos y científicos que respalden el otorgamiento de nuevas licencias para captura comercial de camarón.
Para ello, faculta a las instituciones estatales a transferir recursos al Incopesca. Estos permisos, en caso de sustentarse, serían adicionales a los que se restituyan en los tres meses posteriores a que el texto, en caso de que así ocurra, se convierta en ley.
La comisión de Agropecuarios también acordó consultar el nuevo texto al Incopesca, al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), a la banca estatal, a municipalidades de las zonas costeras, al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
Núñez afirmó que los cambios de “fondo” responden a los cuestionamientos que han realizado el departamento de Servicios Técnicos y a la Procuraduría General de la República. Ambas instituciones consideraron que el proyecto contendría vicios inconstitucionales.
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“Hemos subsanado el proyecto. Otra cambio es decirle al Incopesca que se le va a dotar de recursos necesarios para que haga estudios y tenga claridad la disponibilidad de biomasa. Queremos que se haga algo consensuado y también con la responsabilidad de dar licencias a quienes se puede con el recurso que hay”, afirmó el restauracionista.
El legislador añadió que la idea de los cambios es hacer que el texto obtenga los votos suficientes para ser aprobado en primer debate. Una vez que esto ocurra, según Núñez, el proyecto sería enviado a consulta a la Sala Constitucional.
Por su parte, la vierdiblanca Valladares se quejó de que los cambios no fueron socializados entre los miembros de la comisión y, por tanto, no los conoce.
“Pero en tanto no se cumpla con lo que dispuso la Sala Constitucional y no se haga un estudio a fondo para conocer los resultados, mantengo mi posición”, expuso Valladares.
La Sala, en su fallo de 2013, dejó abierta la posibilidad de otorgar nuevas licencias mediante una ley, si estudios técnicos y científicos demuestran la efectividad de dispositivos excluidores de otras especies distintas al camarón, que hagan esta pesca compatible con el ideal del “desarrollo sostenible democrático”.
El proyecto de ley se sustenta en un estudio del Incopesca de finales del año pasado que afirma que de una tonelada de captura, el 75% es de camarón y el 25% de otras especies, cuando anteriormente la proporción era 5% de camarón y 95% de fauna acompañante.
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En tanto, el diputado Castillo sostuvo su negativa a apoyar el texto considerando los efectos que la pesca de arrastre provoca al medio ambiente.
El diputado del PAC afirmó que recientes estudios, los cuales no citó, demuestran que la remoción de suelo marino durante la faena con esta técnica libera gases de carbono que luego afectan a la capa de ozono.
Óscar Cascante, diputado del PUSC, refutó al presidente de la Cámara de Pescadores de Guanacaste, Martín Contreras, quien afirma que unas 14.000 familias que dependen de la pesca artesanal se verían afectadas con la restitución de la pesca de arrastre.
Según Cascante, el Incopesca solo ha otorgado 1.900 licencias a pescadores artesanales, por lo que la cifra suministrada por Contreras, afirmó, implicaría que hay personas ejerciendo la actividad de forma irregular.
Añadió que la pesca artesanal también genera efectos negativos al ambiente y debe regularse por el mal uso del trasmallo, así como el uso de cuartos de dinamita o chirribón, principalmente en el Golfo de Nicoya, durante la faena de captura de otras especies como corvina.
Pidió el respaldo del proyecto dado que, afirmó, son mujeres procesadoras del producto en Puntarenas las principales personas en desempleo con la suspensión de la actividad.
También, emplazó al gobierno a prohibir la importación de camarón capturado con la técnica de arrastre en los países de origen. Cascante aseguró que la restitución de licencias deberá ser ajustada al uso de una nueva red elaborada por el Incopesca durante sus estudios.