Aarón Sequeira. 10 febrero
En la actualidad, los partidos políticos tienen que presentar todas sus facturas de campaña al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para acceder al financiamiento estatal para pagar sus gastos. Foto: Archivo GN.
En la actualidad, los partidos políticos tienen que presentar todas sus facturas de campaña al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para acceder al financiamiento estatal para pagar sus gastos. Foto: Archivo GN.

Si la Asamblea Legislativa aprueba una reforma propuesta al artículo 96 de la Constitución Política, los partidos políticos ya no estarían obligados a presentar una comprobación de sus gastos en campañas electorales para acceder al financiamiento estatal.

Se trata de un proyecto presentado durante el periodo legislativo anterior, con firmas de exdiputados de ocho agrupaciones políticas, que está caminando en el Congreso, luego de haber pasado varios años sin que avanzara ni un solo paso.

La iniciativa plantea varios cambios sustanciales en cuanto al sistema de liquidación y comprobación de los gastos en que incurren las agrupaciones durante el proceso electoral.

La propuesta elimina el primer párrafo del artículo 96, el cual establece la obligación de comprobar todos los gastos de la campaña para acceder a la contribución estatal a los partidos

“Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones”, reza hoy la norma.

Los proponentes de la enmienda alegaron que el requisito de presentar todas las facturas se convirtió en un obstáculo para acceder al dinero estatal.

En las pasadas elecciones presidenciales, el Estado destinó ¢25.000 millones para la deuda política.

Aunque ya pesan sobre el expediente varios años desde su presentación, la iniciativa no había caminado en el Congreso, sino hasta ahora.

El pasado miércoles, en el plenario, los diputados le dieron la segunda de tres lecturas que como reforma constitucional debe recibir el proyecto. Luego de esa segunda lectura, el presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, ordenó que se realice la última el próximo 17 de febrero.

Una vez que se hayan cumplido las tres lecturas, los congresistas votarán para decidir si admiten el proyecto para su estudio en una comisión y que continúe su avance en la Asamblea Legislativa, o si se niegan a tramitarlo más.

Freno a anomalías

El actual sistema de financiamiento ha permitido detectar, durante el trámite de liquidación, cobros irregulares que los partidos han intentado hacerle al Estado, en cuenta casos con condenas por estafa en firme, como el de las capacitaciones fantasma del Movimiento Libertario y el de los contratos de servicios especiales del Partido Acción Ciudadana (PAC).

A dos excongresistas del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) también se les juzgará por un presunto intento de estafa al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por ¢113 millones, pues supuestamente simularon contratos de alquiler de vehículos para inducir a error al Tribunal y acceder, de manera fraudulenta, a un monto mayor de contribución estatal.

Los proponentes del proyecto también alegaron, en su momento, que el tiempo de respuesta del TSE para revisar las liquidaciones de gastos electorales es sumamente lento y que eso impide a los partidos acceder al dinero de forma expedita.

Además, adujeron que el sistema actual de liquidación y comprobación de los gastos electorales no permite que se autorice el reembolso de todos los dineros pagados.

La propuesta solamente mantiene la obligación de que una ley establezca los procedimientos, medios de control y las demás regulaciones para el acceso a la contribución estatal y dice que cualquier reforma a esa ley, que es el Código Electoral, se tenga que aprobar con 38 votos.

El expediente 20.117 lleva las firmas de los exdiputados Antonio Álvarez Desanti y Rolando González Ulloa, del Partido Liberación Nacional (PLN); Otto Guevara y Natalia Díaz Quintana, en ese entonces con el Movimiento Libertario; Patricia Mora y Edgardo Araya, del Frente Amplio, y Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC).

También firman el plan Gonzalo Ramírez, quien pertenecía al Partido Renovación Costarricense (PRC); Laura Garro y Marco Vinicio Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Gerardo Vargas Rojas, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); la independiente Carmen Quesada y el entonces legislador de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado.

‘Puntos sensibles’

La jefa de la fracción del PAC, Nielsen Pérez, reconoció que eliminar el proceso de comprobación de gastos es un “punto sensible” del proyecto, que el partido de gobierno buscaría subsanar en la comisión donde se estudiaría la iniciativa.

“Ese tema de la comprobación de gastos, queremos mejorarlo en la comisión. Tenemos que provocar una redacción para que sí se rindan cuentas, definir cuál va a ser el mecanismo”, señaló la vocera del oficialismo.

Mientras tanto, el jefe de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank, alegó que algunos legisladores sostienen que si un partido tiene derecho a un monto determinado de la deuda política, por los votos que recibió, ese dinero le pertenece a la agrupación y “debería tener el derecho de gastarlo de la forma que estime conveniente, sin tener que probar gastos, porque ya se ganó".

El congresista apuntó que la tesis contraria sostiene que se debe mantener el sistema actual, “en el que hay que ir a probar cada colón, pese a ya haber ganado ese derecho a la deuda política”.

Cruickshank reconoció que la legislación “no se puede dejar en mar abierto, como para que no se tenga la obligación de no comprobar absolutamente ningún gasto”, pero apuntó que el sistema de comprobación debería ser más flexible, y no obligar a los partidos a tener que demostrar “hasta los cincos y las pesetas”.

Por su lado, el TSE evitó adelantar una posición sobre la iniciativa legal, pues en su momento deberá ser consultado por el Congreso, de forma obligatoria, sobre el fondo de la reforma constitucional.

Andrei Cambronero, letrado del órgano electoral, sí reconoció que la propuesta supone “un importante cambio de paradigma en el modelo del financiamiento de los partidos políticos”.

El funcionario advirtió, eso sí, que la consulta al Tribunal es un requisito que, si no se cumple, se podría generar un vicio en el trámite legislativo del proyecto.

Por otro lado, las voceras del PLN y el PUSC, Silvia Hernández y María Inés Solís, respectivamente, indicaron que sus fracciones no han realizado un análisis a fondo de la propuesta, por lo que aún no tienen una posición determinada.

Hernández alegó que ya le llegará su momento al proyecto, pues ni siquiera ha sido debatido en la cita de los jefes y jefas de las bancadas. La liberacionista indicó que en próximos días tendrán una reunión para analizar la agenda para la última etapa del periodo de sesiones extraordinarias.

Reducción de deuda y otros cambios

Además de eliminar el sistema de comprobación de los gastos electorales, el proyecto tiene como uno de sus principales objetivos la reducción del monto destinado por el Estado para la contribución a los partidos.

En la actualidad, ese aporte equivale a un 0,19% del producto interno bruto (PIB) del año trasanterior a las elecciones. La propuesta es bajar el monto a un 0,11% y destinar una parte de ese porcentaje a las elecciones municipales.

Durante los últimos procesos, los diputados han aprobado transitorios al Código Electoral para establecer ese mismo monto, pero sin realizar una enmienda a la Carta Magna para que la reducción sea permanente.

Por otra parte, la iniciativa pretende incluir los gastos de operación permanente de las agrupaciones políticas en la lista de gastos que pueden pagarse con financiamiento estatal, bajo el supuesto objetivo de facilitar que los partidos puedan seguir funcionando en época no electoral.

En tercer lugar, la nueva redacción propuesta para el artículo 96 de la Constitución introduce el concepto de financiamiento indirecto o en especie, lo que implicaría que los partidos tengan transporte público gratuito, que se exima de impuestos a las donaciones y que se les imprima los planes de gobierno, todo bajo administración del TSE y distribuido de forma equitativa.

Lo mismo sucedería con el acceso a los medios de comunicación, impreso, radial y televisivo, también bajo administración del Tribunal.