El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) envió solicitudes de información al Colegio de Periodistas y a la Universidad de Costa Rica (UCR), como parte de la investigación que realiza sobre el dinero que el Partido Acción Ciudadana (PAC) cobró al Estado por los servicios que brindó el diputado Enrique Sánchez en dos campañas electorales.
Los oficios en los que se requiere la información se enviaron la semana pasada, según lo confirmó el órgano electoral. Tanto el Colegio como la UCR confirmaron que recibieron las peticiones, y que se encuentran preparando las respuestas.
La pesquisa del TSE busca determinar si hubo irregularidades en los cobros que hizo Sánchez, puesto que en 2010 firmó un contrato con el PAC como “lic en periodismo”, pese a que no contaba con el título que lo acreditaba como tal. Luego, para las elecciones del 2014, firmó como periodista. Entre las dos campañas, cobró cerca de ¢14 millones.
José Luis Arce, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la UCR, afirmó que en su caso, se le solicitó información sobre la situación académica del diputado, incluido su grado académico y su grado de avance en la carrera.
El funcionario afirmó que, este martes, el diputado se presentó en la institución para reactivar su condición de estudiante.
“Lo que está es tomando la decisión de retomar sus estudios y concluir”, dijo Arce.
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Emma Lizano, presidenta del Colegio de Periodistas, dijo que por tratarse de una inversión en curso, no puede dar detalles sobre la gestión, pero confirmó haber recibido la solicitud del Tribunal de Elecciones.
Guiselle Valverde, jefa a. i. del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, indicó que, por el momento, esas son las dos únicas solicitudes de información que se han enviado. De acuerdo con la funcionaria, luego se determinará si es necesario realizar más diligencias.
Cuando trascendió el caso de los cobros realizados por Sánchez, el legislador envió una carta al Tribunal en la que alegó que la abreviatura Lic, que aparece en el contrato del 2010, obedece a un “error material donde no concurren el dolo ni la mala fe, ni se busca el engaño de alguna de las partes firmantes ni campoco del TSE”.
Añadió que tal “error material” no le generó ningún beneficio, pues la contratación no tenía como requisito tener un grado académico particular ni tampoco una colegiatura.