El plenario de la Asamblea Legislativa debió suspender labores este miércoles, una vez más, por la ausencia de 21 diputados.
Como consecuencia, quedó frenada la discusión del informe sobre el cierre de las plantas asfálticas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Después de realizar dos verificaciones de los legisladores que sí estaban presentes, y visiblemente molesta por la ruptura del cuórum, la presidenta del Directorio, la liberacionista Silvia Hernández, anunció que solamente había 36 congresistas en el salón, dos menos de los 38 necesarios.
Aunque faltaban 21 diputados en el plenario, ocho de ellos sí tenían permiso para ausentarse. Los que sí contaban con permiso eran los independientes Harllan Hoepelman, Marolin Azofeifa y Carmen Chan; Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Avendaño, de Restauración Nacional (PRN), y las socialcristianas Shirley Díaz y Aracelly Salas.
En el caso de Laura Guido, la jefa del PAC, tenía permiso para ausentarse porque se encuentra en aislamiento obligatorio, luego de que una persona de su familia dio positivo al covid-19.
Los otros 13 ausentes no tenían ninguna justificación para ausentarse del plenario legislativo.
Esos ausentes sin permiso eran:
PLN: María José Corrales, Carlos Ricardo Benavides, Karine Niño, Roberto Thompson y Gustavo Viales.
PAC: Paola Vega, Mario Castillo, Carolina Hidalgo y Welmer Ramos.
PUSC: Pedro Muñoz.
Restauración Nacional: Eduardo Cruickshank y Xiomara Rodríguez.
Independientes: Ivonne Acuña Cabrera.
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento de la Asamblea Legislativa, los diputados que están ausentes del plenario, sin haber gestionado un permiso y sin tener ningún motivo de fuerza mayor, deben perder el pago de la dieta, en caso de que se rompa el cuórum.
“Yo lo que tendría que decir es que esta sesión arrancó con 47 diputados y las razones por las cuales, a mitad de la sesión, no estaba la misma cantidad de diputados con que iniciamos, ya tendrían que ser explicadas por cada uno de ellos”, dijo la presidenta Hernández a La Nación.
Ella agregó que la situación no es nueva, sino que ha sido un problema de siempre. Enfatizó que ni siquiera tenían a mano congresistas en el cafetín que pudieran ayudar a que continuara la sesión.
“El hecho de que arrancáramos con 47 diputados es muestra de que se podía llevar adelante sin ningún problema, holgadamente”, enfatizó la presidenta del Directorio.
Solo por dietas, un congresista recibe al mes ¢2.956.598. Ese monto se divide entre la cantidad de sesiones a las que asiste un legislador por mes, tomando en cuenta plenario, comisiones permanentes ordinarias y especiales, y comisiones con potestad plena, reuniones de fracción e, incluso, la reunión de los jefes de fracción o del Directorio, si el parlamentario forma parte de esos también.
Por ejemplo, en este mes de agosto, se realizarían 17 sesiones de plenario, nueve de una comisión ordinaria (cada diputado integra una de estas), cinco de un foro especial (que se reúne una vez por semana), cuatro de comisión plena (se reúnen los miércoles) y cinco citas de su fracción (los lunes).
El monto del pago por dietas se divide entre esas 40 sesiones del ejemplo, por lo que en este caso serían ¢73.914 por cada sesión.
La ruptura del cuórum ocurrió a las 4:30 p. m., con solo una hora y media de la sesión que los jefes de las fracciones políticas habían pactado para la discusión del informe de la investigación sobre las plantas asfálticas.
Hernández hizo el anuncio sobre la ruptura definitiva 17 minutos después, luego de haber hecho las dos verificaciones de ausencias, una de ellas a cargo de la primera prosecretaria, Aida Montiel, y la segunda realizada por la propia presidenta legislativa.
El debate sobre la investigación sobre apenas permitió que intervinieran Yorleny León y Gustavo Viales, del PLN; Víctor Morales, Nielsen Pérez y Catalina Montero, del PAC; y Melvin Núñez, de Restauración Nacional.