De aprobarse el proyecto de ley de reforma al empleo público, que presentó este lunes el Gobierno a la Asamblea Legislativa, se implementará otra forma de elegir a los nuevos funcionarios.
Lo anterior con el fin de reducir la preponderancia que tiene la antigüedad en el régimen de ascensos de la Administración Pública, informó la jerarca del Ministerio de Planificación (Mideplán), Pilar Garrido, quien llevó el texto de ley al Congreso.
El propósito, dijo la ministra, es valorar primero las competencias de los nuevos funcionarios, en lugar de sus conocimientos o perfil académico, según una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De esta forma, se implementará un sistema de reclutamiento y selección de personal por concurso de oposición, por medio del cual se medirán elementos que van más allá de la formación profesional de los aspirantes; por ejemplo, habilidades como liderazgo.
Entonces, los nuevos empleados tendrán que superar tres filtros:
1. La habitual prueba psicométrica, que mide las capacidades intelectuales y los rasgos de la personalidad.
2. La entrevista.
3. Un examen técnico, según la índole del puesto, que medirá los conocimientos de la persona en su área de competencia.
Por ejemplo, en el caso de los educadores que quieran trabajar con el Magisterio Nacional, deberán superar pruebas específicas, de acuerdo con su ámbito de conocimiento. Es decir, si se trata de un profesor de Biología, se someterá a un examen en esa materia.
Con esto, enfatiza la ministra Garrido, el propósito es seleccionar a las personas en mandos superiores y medios bajo criterios de idoneidad y probidad.
“Queremos que en el sector público estén las mejores personas... Nos jugamos mucho como país no teniendo el mejor talento en el sector público”, expresó.
También, agregó, habrá criterios más rigurosos de contratación para altos directivos, así como de capacitación y compensación, porque ahí están los casos más críticos.
Por ejemplo, los contratos de la alta dirección pública, muchos de los cuales fueron transformados por la ley vigente en puestos de confianza, serían contratos por cinco años que podrían ser prorrogados.
Para esos mismos mandos, habrá contratos con cláusulas de desempeño, en los cuales las jefaturas se comprometan a dar resultados.
Asimismo, se creará una plataforma digital única donde las personas encuentren todas las plazas disponibles dentro de la función pública.
En cuanto a las evaluaciones de desempeño, serán obligatorias para todos los empleados y el patrono podrá despedir a quienes obtengan una nota inferior al 70% en dos pruebas.
Esta última directriz aplicará para todo tipo de empleado.