El Directorio de la Asamblea Legislativa suspendió, por cinco días sin goce de salario, a la directora del Departamento de Prensa y Protocolo del Congreso, Karla Granados, por haber utilizado la caja chica para pagar servicios de bocadillos para los diputados, a pesar de que se trataba de montos que no se debían cancelar por esa vía.
Así lo ratificó el Directorio del Congreso, durante la sesión del martes, luego de conocer un criterio del Departamento de Asesoría Legal, del 18 de noviembre, en que se rechazó el recurso de revocatoria, reposición y nulidad que había presentado Granados en contra de la suspensión.
El acuerdo se tomó desde el 22 de octubre como medida disciplinaria por los pagos que ella hizo, por bastante tiempo, del servicio de bocadillos para las sesiones de plenario y actividades protocolarias mediante caja chica.
Según el acuerdo del Directorio, Granados contravino normas del Reglamento Autónomo de Servicio de la Asamblea Legislativa, así como del Código de Trabajo y la Ley General de Control Interno.
Principalmente, se le achaca no haber desempeñado debidamente el servicio para el que está contratada ni ejecutarlo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados (artículo 71 del Código de Trabajo).
Además, se le señala por no proteger el patrimonio público contra el uso indebido, irregular o acto ilegal, así como no haber exigido confiabilidad y oportunidad de la información, ni cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico (art. 8 de la Ley General del Control Interno), entre otros.
En febrero, el Directorio legislativo denunció esas acciones como irregulares y suspendió el servicio de alimentación para los diputados.
En ese momento, las autoridades del Congreso informaron de que pagar por esa vía era irregular, porque los montos anuales podían llegar hasta ¢80 millones y la ley ordena que para ese tipo de contrataciones se haga por concurso.
Antes de que se suspendiera la alimentación para los diputados, se gastaban por día hasta ¢150.000 en bocadillos solo para la sesión del plenario, de las 3 p. m. en adelante, de lunes a jueves. En promedio, dura unas tres horas aunque por lo general se extiende más.
Al año, se podían pagar hasta ¢30 millones solo en bocadillos para un promedio de 200 sesiones al año, eso sin contar las actividades extra, como foros, conferencias y demás.
En setiembre pasado, el Directorio ordenó frenar una licitación que habría reactivado el servicio de comida para los legisladores.
Antes, en el cafetín legislativo los congresistas consumían chalupas, varios tipos de arroz, picadillos, ensaladas, pasteles de diferentes carnes, frutas, lasagñas, burritos y hasta fajitas de carne y pollo.
Aparte de la sanción que ahora dejó en firme el Directorio sobre la jefa de Prensa y Protocolo, Granados también afronta una denuncia ante el Ministerio Público por las contrataciones de alimentación que hacía ella en nombre del Congreso.