Silvia Artavia. 6 junio, 2019
Sede de la Asamblea Legislativa, en el centro de San José. Foto: Albert Marín.
Sede de la Asamblea Legislativa, en el centro de San José. Foto: Albert Marín.

La Asamblea Legislativa reveló los expedientes de dos funcionarios a quienes sancionó en el 2018 por hostigar sexualmente, en casos aparte, a compañeras de trabajo. Un tercero fue absuelto por caducidad, pero fue trasladado a otro puesto y afronta una denuncia penal.

La Nación le solicitó los documentos al Congreso en el tanto se trate de procesos disciplinarios terminados y en los que haya comprobado una falta. También, este medio solicitó ocultar el nombre de las víctimas.

La Dirección Ejecutiva del Congreso entregó los documentos. En estos, se observa que la Asamblea aplicó suspensiones sin goce de salario a funcionarios que cometieron faltas como observar a una compañera mientras se cambiaba de ropa en un vestidor o toquetear y hostigar persistentemente a otra personera.

Ninguno de los responsables fue despedido. A lo más que llegó la Asamblea fue a suspender a uno por 15 días.

Ante solicitudes similares de información, las universidades públicas no habían revelado sus casos hasta este 5 de junio. El rector de la UCR, Henning Jensen, dijo que se comprometía a hacerlo.

(Video) Asamblea Legislativa revela informes de dos funcionarios sancionados por acoso sexual

Fisgoneo en la capilla

El primero de los casos de la Asamblea tiene que ver con un funcionario del departamento de Participación Ciudadana, de 61 años, a quien se le sancionó por haber observado a una compañera mientras se cambiaba de ropa en un vestidor al cual él tenía visibilidad desde un segundo piso.

Los hechos ocurrieron el 18 de abril de 2018, cuando la denunciante hacía uso de un cubículo situado en un espacio de la capilla del Congreso, en el edificio Sión.

En ese recinto, destinado para el cambio de vestimenta de los funcionarios del departamento de Ujieres, la víctima dijo que fue observada.

“Dicha situación le provocó a la señora una indignación y humillación”, dice el expediente del caso, elaborado por la comisión contra el hostigamiento sexual de la Asamblea Legislativa.

Mientras ella se cambiaba de atuendo, en la planta baja de la capilla, el funcionario investigado conversaba con unos compañeros en la parte alta.

Al darse cuenta de que la miraba, ella lo increpó.

Según constató la investigación, el día del incidente la pared frontal de los vestidores no llegaba hasta el cielorraso, lo que daba visibilidad a quienes pasaran por los corredores de la segunda planta.

Luego, el área de Mantenimiento del Congreso extendió la pared hasta el techo, para evitar más incidentes, aseguró Ayales.

Otro de los hechos que comprobó la pesquisa fue que, al día siguiente de lo acontecido, se colocaron unos archivos en la abertura que facilitaba la vista desde el segundo piso de la capilla hacia los vestidores de la unidad de Ujieres.

Aunque la recomendación de la comisión contra el hostigamiento sexual del Congreso fue suspender al trabajador por 15 días, Antonio Ayales, director ejecutivo de la entidad, decidió que la sanción fuera de solo 8 días.

En la Asamblea Legislativa, una falta grave como esta se castiga con una suspensión que oscila entre 8 y 15 días sin goce salarial.

Según confirmó Ayales, tras estudiar el expediente, él mismo constató que se trataba de una falta de menor cuantía dentro de las infracciones que pueden catalogarse como graves. Por lo tanto, determinó que al demandado se le impondría la pena mínima.

“Él (el denunciado) alegó que él nunca la había observado (a la demandante), que esa estructura estaba abierta. Ella dice que se sintió avergonzada. Ese es el atenuante. No fue un asunto de que él estuviera detrás de eso, sino que pasaba por ahí. Él le reclamó, ella también; fue un pleito, más bien”.

“Aún así se le suspendió por ocho días, que es un tercio del salario. Eso es bien fuerte, no es ninguna cosa pequeña. Pero fue eso, que el caso de él no es algo que uno diga ‘evidente’”, argumentó el director ejecutivo del Parlamento.

Finalmente, el sancionado se acogió a la movilidad laboral a partir del 1° de enero de este 2019 con autorización del Directorio legislativo.

‘Decía que me iba a secuestrar’

El segundo caso tiene que ver con un funcionario del departamento de Recursos Humanos, de 59 años.

La comisión investigadora concluyó que este hombre incurrió en un “un toqueteo indeseado e impropio de las manos y cabello" de una compañera y que hacía un "uso repetitivo de frases con una connotación sexualizada” hacia ella.

El órgano investigador también tomó en cuenta que el acusado cometía “faltas de respeto en general hacia las mujeres del departamento de Recursos Humanos, lo que las hace sentir irrespetadas”.

“Desde que ingresé al departamento (de Recursos Humanos), en el año 2015, he recibido múltiples comentarios y actitudes indeseadas por parte del señor. Sube en varias ocasiones en el transcurso del día a la oficina de Salarios y comienza a decir ‘vengo a ver a mi amor, mi novia, entre otros, refiriéndose a mi persona’”, narró la víctima en el proceso de investigación.

“También decía que, cuando se pegara el premio mayor me iba a secuestrar y que me devolvía después de un mes y que no sabía lo que me iba a pasar”, agregó la ofendida.

Este testimonio fue corroborado por uno de los testigos, también compañero de trabajo de ambos.

Otro de los testigos declaró: “Hubo una semana que llegó (la ofendida) todos los días en enaguas y me dijo (el demandado): '¿Vio qué buena se ve? Anda con enagua y se las pone para darme mate a mí’”.

Según la mujer, en una ocasión, el hombre le reclamó por haber cambiado la foto del perfil de su WhatsApp.

En otra circunstancia, el 14 de febrero de 2018, le regaló un peluche con un corazón que decía “te amo”, a pesar de que ella es casada y de que ya le había dejado claro que no quería nada con él.

Fue el 28 de setiembre de ese año cuando la ofendida presentó la denuncia formal de acoso sexual a la jefatura de Recursos Humanos del Congreso.

Pese a que la recomendación de la comisión fue reubicar al demandado en otro puesto de trabajo, Antonio Ayales decidió que, además de trasladarlo a fotocopiado, también era necesario suspenderlo por 15 días.

Según constató el director ejecutivo del Congreso, el acusado “tiene un carácter muy complicado”.

Denunciado por proveedora

Un tercer funcionario de 61 años, de la sección de Proveeduría, fue denunciado por presuntamente hostigar sexualmente a una proveedora de servicios de alimentación.

Según la pesquisa, la mujer inició como contratista del Congreso el 20 de mayo del 2013, fecha desde la cual habría padecido los presuntos capítulos de hostigamiento. Fue el 26 de enero del 2015 cuando ella decidió romper el vínculo profesional con el Congreso.

“Al final cedí y mejor me conseguí un empleo a tiempo completo y, a pesar de que sigo brindando servicios de alimentación cuando me lo solicitan, me retiré completamente de la Asamblea para huir de la presencia de esta persona y cerrar este desagradable capítulo. Sin embargo, a pesar de que puse distancia, él continuaba llamándome en repetidas ocasiones”, relató la denunciante a la comisión.

La comisión de los casos de acoso sexual acogió la solicitud de caducidad de la causa presentada por la defensa, pues la presunta víctima no pudo presentar las pruebas suficientes.

Sin embargo, Antonio Ayales determinó que, aunque la comisión no recomendó ninguna sanción, sí era necesario separarlo de su cargo y reubicarlo en Servicios Técnicos.

“Él no volvió a ese departamento”, afirmó el director ejecutivo.

Aparte del proceso administrativo, el cual fue archivado en el Congreso, la misma mujer lo demandó penalmente.

De acuerdo con la denuncia, valiéndose de su puesto, el hombre le cobraba un porcentaje de las ganancias que ella obtenía de los contratos en la Asamblea.

La oficina de prensa de la Fiscalía confirmó la existencia de dicha causa judicial "por el presunto delito de abuso de autoridad, a raíz de presuntos cobros ilegales como funcionario legislativo”.

Según esa instancia, el caso ingresó a ese despacho el 27 de setiembre del 2018 y se encuentra en investigación, en la etapa de recolección y análisis de la prueba.

En declaraciones a este medio, el funcionario alegó que la causa por la cual se le denunció administrativamente en el Congreso fue por acoso laboral y no sexual.

**Colaboraron con esta información los periodistas Esteban Oviedo y Aarón Sequeira.