En una extensa carta enviada el jueves, la Asamblea Legislativa le pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) reconsiderar un dictamen legal que puso en aprietos al diputado de Nueva República, Jonathan Prendas, y que tendría efectos importantes en las prestaciones que se les pagan a asesores que pasen a ser diputados.

Esta semana, la Procuraduría le entregó a la presidencia legislativa un dictamen según el cual no es posible girar prestaciones a empleados de confianza que pasen a otros puestos del Estado, incluso los de representación popular, como los del Congreso.

A finales de abril del 2018, poco antes de asumir como diputado, Jonathan Prendas le pidió a la Asamblea el pago de cesantía por la terminación de su gestión como asesor de Restauración Nacional, en donde laboró con Carlos Avendaño, Fabricio Alvarado y Alexandra Loría desde el 2011. El Congreso le pagó ¢9 millones.

Los directores de los departamentos Legal, Freddy Camacho, y Recursos Humanos, Hugo Cascante, le pidieron al presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, que pidiera a la Procuraduría ampliar su criterio, o bien, reconsiderar esa opinión.

“Yo comparto la necesidad de que la Procuraduría explique, con amplitud, y de que revise aspectos no considerados en ese dictamen”, comentó el jerarca parlamentario a este medio.

En la nota, de 12 páginas, los jefes administrativos del parlamento aseguran que los diputados no son subordinados del Estado, como sí los empleados públicos en general y, en particular, los asesores parlamentarios.

Cascante y Camacho sostienen que, con base en la ley, los diputados ostentan un mandato parlamentario derivado de la Constitución y, pese a su carácter de funcionarios públicos, eso “no implica que exista una relación de dependencia respecto del Estado”.

“En otras palabras, no existe una relación laboral y, en razón de ello, la doctrina los denomina servidores públicos gobernantes”, dice la nota.

Además, argumentan que los congresistas no tienen derecho a extremos legales como preaviso, auxilio de cesantía ni ninguna otra indemnización por terminación de un contrato de trabajo, como sí los gozan los empleados públicos.

Con ello, la Asamblea intenta refutar el criterio que vertió la Procuraduría en el sentido de que, cuando un asesor termina nombramiento para, inmediatamente o dentro de un lapso corto, asumir una diputación, no es procedente pagarle cesantía.

La administración de la Asamblea repuso que, hasta la fecha, ha venido cancelando las prestaciones a los asesores que finalizan su relación laboral con la institución y que pasan a diputados.

Benavides añadió que la consulta no se hizo para los efectos de un caso específico ni el criterio está dirigido a resolver el asunto de nadie.

No obstante, repuso que, si correspondiera que alguien en particular devolviera el dinero, tendría que hacerse, “independiemente de quien sea”.

Además, dijo que esas prestaciones en algún momento tendrían que entregarse, por lo que la pregunta más importante es en qué momento correspondería entregarlas.

“La Procuraduría está en la completa capacidad de determinar todo eso. Confío en su criterio y creo que va a ser el más apegado a la ley”, dijo.

¿Qué le preguntan a la Procuraduría?

En la nota, además de pedirle que reconsidere su dictamen, los directores legislativos hacen varias preguntas a la PGR, en el caso de que mantenga su criterio sobre la improcedencia de pagarle prestaciones a un asesor que será diputado.

Específicamente, buscan saber cuándo se tendrían que pagar las prestaciones, pues el empleado tiene un año de tiempo para reclamarlas y, en caso de que las pueda reclamar cuando termine su periodo como diputado, cuál salario se emplearía para calcular esa cesantía.

Si se utiliza el salario como diputado, sería una especie de beneficio que no tengan los otros legisladores que no fueron asesores antes, pues a ellos no se les paga prestaciones.

También preguntan qué pasaría si la Asamblea debe pagar las prestaciones al final del periodo como diputado, pues el salario de diputado es más alto.

Por otra parte, añaden, si la cesantía se paga al final del periodo de legislador, pero con base en el salario de asesor recibido cuatro años antes, surge la duda de si el monto tendría que actualizarse por inflación.

Respecto a las críticas que hizo Prendas, cuando dijo que la PGR era el abogado del gobierno del PAC y que lo perseguían por hacer oposición, Benavides dijo que, para él, la Procuraduría tiene un criterio objetivo

“Francamente no me parece estar ante la presencia de una maniobra de tintes políticos. Lo que sí creo es que la respuesta, aunque pudiera ser correcta, eventualmente sería insuficiente para entender todos los casos que existen”, concluyó Benavides.