Asamblea Legislativa evalúa implementar el salario único para nuevos funcionarios

El Directorio de la Asamblea Legislativa analiza, junto con la Dirección Ejecutiva del Congreso, una propuesta para migrar hacia un sistema de salario único para los nuevos empleados, en el que no se pagan los pluses que provocan un efecto multiplicador en el costo de las remuneraciones.

Además, estudia varias propuestas para reducir los gastos actuales y futuros del Congreso, en particular los generados por la carga presupuestaria que implica la planilla legislativa.

Aunque ya existía un estudio sobre salario único, realizado por el departamento Financiero del Congreso, el anterior Directorio nunca lo sometió a discusión.

De haberlo hecho, se habría podido poner en práctica desde mayo pasado y los 330 asesores que iniciaron labores, junto con los nuevos diputados, habrían entrado con esas nuevas condiciones. Ese cambio habría generado un ahorro importante al parlamento, sobre todo en pago de pluses salariales.

La presidenta del Directorio, Carolina Hidalgo, explicó que la propuesta de salario único no estaba entre las presentadas por el director ejecutivo, Antonio Ayales, pero ese órgano colegiado le solicitó actualizar el estudio y retomar la propuesta.

Aunque Ayales considera que no podría haber mayor ahorro ahí, porque la masa de asesores sale de funciones en el 2022, Hidalgo alegó que eventualmente se podría contratar a nuevos empleados bajo ese parámetro e ir generando ahorro.

“Le pedí que se retomara y que ojalá se pueda aplicar de una vez y, si no, por lo menos actualizar el estudio y analizar el impacto. Aún hay mucho movimiento de asesores, no hay sesión de Directorio donde no se haga”, comentó Hidalgo.

Entre otras acciones bajo estudio, están la de reducir el pago de horas extra a un 40% o un 50% de lo que se gasta actualmente, modificar el pago de las anualidades, ya sea a un porcentaje menor o al pago de un monto fijo (como hizo e Gobierno); así como reducir lo pagado por dedicación exclusiva y reactivar la movilidad laboral.

Actualmente, el Congreso paga anualidades hasta de un 4,6% y hay otros pluses, como el incentivo legislativo, que se paga a los empleados del Congreso solo por laborar en ese poder de la República.

Antonio Ayales explicó que se podría adoptar una anualidad con un porcentaje fijo, basado en el monto que se había planteado en la Comisión de Reforma Fiscal, que era de un 1,94%.

“Una señal clara de ahorro sería acoger ese 1,94%, antes incluso de que se apruebe el proyecto fiscal”, dijo Ayales.

El administrador de la Asamblea aseguró que él promueve que se reactive la movilidad laboral, por el ahorro que significaría, pero que se permita incluso para personal a punto de jubilarse.

“El 80% del presupuesto es planilla. Si uno recorta en galletas y viáticos, baja ¢10 o ¢15 millones, pero una plaza de profesional 2B representa un ahorro de ¢40 millones por año”, informó Ayales.

Añadió que, en los dos primeros años del periodo 2014-2018, hubo 42 movilizaciones, todas de empleados por pensionarse, pero después de un acuerdo del Directorio para impedir que se le aprobara a gente por jubilarse, ni uno solo se inscribió en el programa de movilidad.

En el caso de que, por ejemplo, se cierren las 10 plazas que están vacantes, algunas con remuneraciones muy fuertes, eso significaría un ahorro de ¢500 millones, explicó.

El director ejecutivo agregó que se congelarán las plazas que vayan quedando libres y que, en caso de esas diez, él considera que al menos la mitad no son necesarias.

Por eso se llenarían solo las que se consideren estrictamente necesarias.

En el caso de la dedicación exclusiva, la propuesta de Ayales es que se fijen los porcentajes propuestos por la ministra Aguilar: un 25% para licenciados y un 10% para bachilleres.

Actualmente, se pagan un 55% para licenciados y un 30% para bachilleres.

La segunda secretaria del Directorio, Ivonne Acuña, dijo que ese estudio se hará con los diferentes departamentos, conforme las plazas estén disponibles, para determinar su verdadera relevancia.

Agregó que ella impulsará, de alguna forma, que se reduzca la cantidad de vehículos que tiene la Asamblea a disposición de los legisladores, para giras, pues dijo que son 15 y solo hay 11 choferes, además de que se eliminarán las giras en la Gran Área Metropolitana.

Ya se había restringido la realización de giras entre semana, para que solo se puedan hacer de viernes a domingo.

El diputado Luis Fernando Chacón, primer secretario del Directorio y hasta abril director de Servicios Generales del Congreso, indicó que también se harán recortes en gastos de mantenimiento, máxime que pronto habrá un nuevo edificio parlamentario y no se debería gastar mucho en oficinas que pronto dejarán de utilizarse.

Chacón aseguró que, para este cambio de diputados, muchos de los congresistas arreglaron sus oficinas con recursos propios, precisamente porque la administración les pidió considerar que está en construcción la nueva sede parlamentaria.

El anteproyecto de Presupuesto 2019 del Congreso era de ¢37.000 millones, ya ajustada por la administración. Carolina Hidalgo hizo una contrapropuesta de ¢34.000 millones.

En medio, están entre Directorio y Dirección Ejecutiva tratando de consensuar de alguna forma un punto que les permita alcanzar lo solicitado por Hacienda, que ronda los ¢35.000 millones.

La socialcristiana María Inés Solís, vicepresidenta legislativa, agregó que se le pidió a la administración que consideren todos los recortes posibles y que “busquen todas las esquinitas donde se puedan hacer”, pues dijo que “cualquier cosas es ganancia”.