“Tenemos la oportunidad de dar una cara distinta, fresca, a lo interno y lo externo del Poder Judicial. En mi caso, me siento con toda la legitimidad, porque los compañeros así me lo han externado. Quiero pensar que la ciudadanía puede pensar que está en buenas manos con esta renovación de la Sala III, tres de los cinco puestos se están renovando, la mayoría”, afirmó Álvaro Burgos, uno de los dos nuevos magistrados penales juramentados este miércoles en la Asamblea Legislativa.
Él y Gerardo Alfaro Vargas fueron juramentados para un plazo de ocho años como miembros propietarios de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego ser elegidos por el plenario el martes.
Quedó pendiente la elección de un tercer magistrado para la plaza que dejó Carlos Chinchilla en julio del 2018, por jubilación.
Burgos, de 58 años, era juez penal y criminólogo, con 28 años de laborar en el Poder Judicial. Se desempeñaba como juez penal de adultos en el II Circuito Judicial de San José (Goicoechea) y juez de apelación de sentencia penal juvenil.
Aunque originalmente se preveía su nombramiento en lugar de Chinchilla, se le nombró en el marco del expediente para llenar la vacante de Celso Gamboa Sánchez, destituido en abril del 2018, por comportamientos inapropiados para el cargo de magistrado.
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“Este puesto es la culminación a lo que cualquier juez aspira llegar, más como mi caso, con 30 años de laborar en la institución. Me he preparado a lo largo de mi vida para un momento como este, a servirle a Dios y a la patria”, dijo Burgos.
Añadió que es la primera vez que llega a la Sala III una representación de la jurisdicción penal juvenil. Destacó también la justicia restaurativa y el fortalecimiento de los vínculos con el Ministerio de Justicia, a través de adaptación social.
En cuanto a los cuestionamientos que ha pasado ese tribunal, Burgos destacó que prácticamente se está renovando la Sala, con el nombramiento de tres magistrados, dos nombrados y uno por elegirse.
En el caso de Gerardo Alfaro Vargas, de 52 años, fue nombrado en el proceso para la designación de un magistrado para ocupar la propiedad que dejó vacante Doris Arias Madrigal, el 30 de julio del año pasado, por jubilación.
Alfaro era el juez coordinador del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste, con labores en Nicoya y Santa Cruz. Antes, fue defensor público en San José, Golfito y Santa Cruz.
El ahora magistrado propietario llevaba poco más de un año como suplente de la Sala III.
Sobre la necesidad de justicia pronta y cumplida, Gerardo Alfaro dijo que ya se está trabajando en mejorar la rapidez y el cumplimiento de la justicia. Eso sí, aseguró que la sociedad ha enseñado a la ciudadanía a hacer pleito, “nos han enseñado mal el Derecho”.
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“Queremos judicializar todo problema que exista y sufrimos por eso, todos los asuntos van a los tribunales. Tenemos que buscar mecanismos que nos ayuden a destrabar eso. A partir de la Ley de Justicia Restaurativa, que permite no llegar a una pena en todos los casos, incluso cuando hay una pena, permite alguna solución”, dijo Alfaro.
El magistrado agregó que se debe apostar a que las personas aprendan a conversar; si hicieron un daño, se les debe dar los medios para reparar, sin que necesariamente un juez dicte una sentencia, que se sienten las partes y lleguen a un acuerdo.
Según el nuevo juez de casación, la gran cantidad de asuntos pequeños sin resolver impide que se puedan destrabar los más grandes. “Tenemos que solucionarlo de forma distinta a juicios y eso permitiría que los tribunales se enfoquen en los más grandes”, comentó.
Además, aseguró que la Corte Suprema de Justicia debe ponerse a la altura de las nuevas formas del crimen organizado. “Estamos trabajando en eso, tenemos una ley que crea una jurisdicción especializada”, destacó.
Gerardo Alfaro manifestó que, aunque sea difícil reducir esa sensación de que la justicia no es pronta ni cumplida, se pueden dar “buenos pasos para que, en un plazo no muy lejano, hagamos que la población se sienta mucho más satisfecha del trabajo del Poder Judicial”.
Nombrados Burgos y Alfaro, solamente queda una plaza vacante en la Sala de Casación Penal. Jesús Ramírez fue reelecto para un quinto periodo como magistrado, en marzo del 2017, mientras que Patricia Solano llegó al ese tribunal penal, por primera vez, en noviembre del 2018.