Los diputados acordaron abrir una investigación sobre el acuerdo que el presidente de la CCSS, Román Macaya, firmó con los sindicatos de esa institución el 20 de febrero, el cual derivó en una huelga y en el incumplimiento de las medidas de ahorro de la reforma fiscal en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Por unanimidad, la Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Públicos de la Asamblea aprobó una moción presentada por las diputadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández y Yorleny León, para investigar el pacto.
Además de las proponentes, participaron en la sesión los diputados Luis Fernando Chacón (PLN), Xiomara Rodríguez (Restauración Nacional), Jonathan Prendas (Nueva República), Otto Roberto Vargas (Republicano Social Cristiano) y el independiente Erick Rodríguez.
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“Nos parece que (Macaya) no tiene la competencia para haber firmado ese acuerdo, ni para para haber indicado el incumplimiento de la ley, estamos hablando que en todos los casos son fondos públicos, estoy obligada abrir esa investigación”, dijo la presidenta de la Comisión, Yorleny León.
El documento firmado por Macaya y los representantes sindicales planteó mantener el pago de los pluses salariales como porcentajes del salario base o del salario base más otros componentes, a pesar de que la reforma ordenó transformarlos a montos nominales para evitar el crecimiento exponencial del gasto público.
Luego del acuerdo de febrero, el gobierno reafirmó en un decreto que los incentivos debían pasar a montos nominales. Los sindicatos, entonces, se fueron a huelga y, finalmente, Macaya y el gobierno accedieron a mantener el pago porcentual mientras intentan que un juzgado declare nulo el primero pacto.
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Las fechas de las comparecencias no están definidas.
Además de llamar a cuentas a Macaya, la moción aprobada cita a la contralora general, Marta Acosta; y a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, para que detallen el impacto de la decisión de la CCSS en las finanzas públicas.
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Para la legisladora Hernández, el documento firmado por Macaya en febrero, el cual es la base del segundo acuerdo del 12 de agosto con el que finalizó la huelga, es “leonino, inmoral e ilegal”.
“Hemos presentado una moción a la comisión porque nos parece fundamental que se abra una investigación ante una posible violación a la aplicación de una ley”, señaló Hernández.
Hasta este viernes, Macaya no se había pronunciado sobre esta investigación. Su encargada de prensa indicó que el presidente ejecutivo se encontraba en sesión de junta directiva.
Este viernes, en la sesión programada de Junta Directiva de la CCSS, por segunda vez esta semana, no se incluyó en agenda el análisis jurídico de los acuerdos con los sindicatos.
Por esta sesión, Macaya no participó en la inauguración del nuevo Ebáis de Palmar Sur, adonde acudió el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.
En su defensa en otras entrevistas, Macaya argumentó que el acuerdo del 20 de febrero se generó bajo las condiciones que establece la ley fiscal y el reglamento de empleo público de ese momento.
La CCSS paga más de medio billón de colones en incentivos cada año. Los empleados reciben 19 pluses en términos porcentuales que debieron convertirse a montos fijos.
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, sostiene que ninguna de las reformas al reglamento de empleo público ha sido contradictoria, sino más bien, aclaratorias.