Walfrido Iglesias Borrero, ingeniero de la Municipalidad de Corredores encargado de aprobar permisos de construcción, le relató al OIJ que los archivos sobre la construcción de una embotelladora de agua en este cantón, en una finca vinculada al presunto narcotraficante Darwin González Hernández, desaparecieron del sistema informático el día en que una periodista de La Nación lo entrevistó para hablar del tema en abril del 2021.
En esa misma propiedad, está el puente por el cual la Fiscalía Anticorrupción detuvo al alcalde local, Carlos Viales, bajo la tesis de que habría utilizado recursos municipales en la construcción de la estructura en el 2020.
“El día en que iba a ser entrevistado por una periodista de La Nación, entró al sistema de la Municipalidad para verificar la información que había descargado sobre el proyecto de la embotelladora y, al revisar, vio que la habían borrado”, dice la orden de allanamiento judicial, sobre las declaraciones brindadas por el ingeniero.
Carlos Viales fue detenido el 14 de diciembre como sospechoso de peculado por la construcción del puente en una finca vinculada a Darwin González, de 42 años, en Río Bonito de Corredores, donde planeaba construir una envasadora de agua aprovechando una naciente. El presunto narcotraficante fue detenido el 6 de abril del 2021 y permanece en prisión preventiva.
En tanto, el alcalde del Partido Liberación Nacional (PLN) fue puesto en libertad y está suspendido de su puesto, aún así devenga su salario.
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El puente está en un terreno de 22,4 hectáreas ubicado a 1,6 kilómetros del centro de la comunidad de Río Bonito y pertenece a la sociedad Darfra Inversiones, presidida por la esposa del sospechoso de liderar una banda que habría traficado hasta una tonelada de cocaína cada dos meses por la zona sur del país.
En abril del 2021, un equipo de La Nación visitó el sitio en busca de información sobre el puente que apareció en la finca y que, según una denuncia anónima, había sido levantado con recursos municipales.
En esa visita el ingeniero Walfrido Iglesias le dijo a la periodista Natasha Cambronero: “De ese puente yo me enteré hasta el día que salió en la prensa (por la denuncia anónima); antes de ese día, yo no sabía nada. No voy a dar más declaraciones; si el proceso avanza y me llaman a declarar ante una instancia judicial, asistiré y declararé”.
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Después de esa visita, el 11 de mayo del 2021, La Nación le solicitó al departamento de Catastro de la Municipalidad copia del expediente para el permiso de uso de suelo de la embotelladora, pero únicamente remitieron una hoja, con fecha del 24 de junio del 2020, en donde se hace constar que el permiso había sido aprobado a solicitud de Darwin González.
El testigo también comentó al OIJ que, dentro de la documentación que presentaron sobre la embotelladora, nunca vio nada acerca de un puente, ni un dibujo técnico sobre la estructura o algo similar.
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“Recuerdo que, en los planos que me llegaron, se indicaba que en un punto terminaba la calle pública y, luego, continuaba una servidumbre agrícola”, aseveró Iglesias a las autoridades. Agregó que nunca visitó la obra, ni la finca.
La información del proyecto fue tramitada ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). En ella no aparece mencionado el cuestionado puente.
Según narra el documento del OIJ, “existió para ese momento un supuesto comportamiento de eliminar prueba en un sistema informático, lo cual permite concluir que es necesario allanar las oficinas municipales que se dirán para rescatar cualquier información que aún no se haya eliminado”.
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Reemplazo interno
El ingeniero Walfrido Iglesias relató que años antes, a mediados del año 2018, muchas de sus funciones fueron traspasadas al ingeniero Roberth Fernández Masís, quien también fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el caso del puente.
Sus labores fueron delegadas a Fernández en una reunión donde el alcalde Viales estaba presente.
“El cambio se dio por la creación de un puesto en la Municipalidad que fue el de director de Desarrollo Urbano, el cual fue asumido por el ingeniero Roberth Fernández desde ese momento, quien antes de este cambio había sido trabajador para la Municipalidad por medio de contrato”, detalla la investigación judicial.
El documento narra que a esta persona también se le colocó como jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, encargada de arreglar los caminos, realizar puentes y alcantarillados.
“Solamente el ingeniero Walfrido Iglesias tenía un usuario con permiso para la aprobación de los proyectos, pero luego a Roberth le dieron clave de autorización de proyectos, en un momento en que hubo huelga en la Municipalidad de Corredores”, cita la orden de allanamiento de la Municipalidad de Corredores, de diciembre pasado.
Según explicó el ingeniero Iglesias al OIJ, él dejó de tener presencia en las reuniones entre el alcalde Carlos Viales y Roberth Hernández, por lo que no tenía conocimiento que se discutía. Asimismo, acotó que “Fernández Masís se volvió muy cercano, al parecer, del alcalde”.
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