Aprobado financiamiento por $350 millones para grandes obras viales a Cartago, San Ramón y San Carlos

La Asamblea Legislativa aprobó, la mañana de este jueves, un convenio de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $350 millones para la construcción de grandes obras viales en Cartago, San Ramón y San Carlos, principalmente.

Dicha iniciativa obuvo el voto positivo de 46 congresistas, luego de dos días de manifestaciones favorables de parte, principalmente, de legisladores alajuelenses y cartagineses.

El expediente contiene un primer contrato de crédito derivado de ese convenio por $125 millones para la ampliación de un tramo de tres kilómetros de la autopista Florencio del Castillo, entre Taras y La Lima.

También se usarían ese primer contrato para realizar seis de 17 obras impostergables (OBIS) en la carretera entre San José y San Ramón, la ruta 1.

Un segundo contrato de préstamo, por los restantes $225 millones y que pasaría también por el Congreso, se destinaría para la conclusión de la carretera a San Carlos, añorada obra vial por más de 60 años para la región Huetar Norte.

Una vez aprobado el convenio de financiamiento, el presidente de la República, Carlos Alvarado, agradeció a los diputados a través de su cuenta de Twitter.

“Se harán los pasos a desnivel en Taras y La Lima, se realizarán seis obras impostergables entre San José y San Ramón, y continuarán los trabajos en la carretera a San Carlos”, dijo Alvarado.

“Estos esfuerzos son necesarios para seguir impulsando el desarrollo y la competitividad, así como el bienestar de las personas usuarias”, agregó el mandatario.

La alajuelense Nidia Céspedes, del bloque Nueva República, destacó que las obras financiadas por el BID mejorarán la movilidad y, sobre todo, “el desenvolvimiento del sector productivo”.

La independiente criticó los atrasos de décadas y los costos de construcción que generan esos atrasos. “Hoy tenemos que buscar alternativas para generar empleo y activar el sector productivo, la atracción de inversión extranjera y la recuperación del turismo”, dijo la fabricista.

Xiomara Rodríguez, jefa de Restauración Nacional y cartaginesa, destacó que el convenio asegura $65 millones para los pasos a desnivel para la Florencio del Castillo.

Ella reclamó que ya, desde el periodo legislativo anterior, se habían aprobado recursos para esos pasos, pero ese dinero finalmente se tomó para obras en Limonal y solo quedó para hacer los planos.

“Cartago se había menospreciado una vez más, sabiendo que Cartago tiene un gran potencial comercial sobre empresas y zonas francas. Invertir en infraestructura vial habla de un renacer económico para nuestra provincia”, dijo Rodríguez.

Añadió que más de 60.000 personas salen diariamente de esa provincia a trabajar a otras áreas del país.

“Necesitamos invertir en obra pública, en infraestructura vial, reactivación económica. Todos los países pasan por la misma condición sanitaria y se va a invertir en el país que tenga condiciones”, apuntó.

Los liberacionistas Roberto Thompson y Paola Valladares, de Alajuela y Cartago, respectivamente, destacaron las posibilidades que dicho financiamiento dan para reducir las presas, reactivar la economía y mejorar las condiciones de vida de la gente.

Aparte de los pasos a desnivel en Cartago, el primer crédito, por $125 millones, se usarán para la ampliación del puente Juan Pablo II, la construcción de la radial Virilla-Río Segundo y el mejoramiento de los intercambios en Río Segundo, Grecia, Naranjo y San Ramón.

Aparte de los $125 millones del financiamiento del BID, el Gobierno aporta, por vía del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), una contrapartida de $53 millones para las obras.

Las condiciones del financiamiento para el Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana son un plazo de 25 años, con un periodo de gracia de cinco años y 20 de amortización, con una tasa Libor a tres meses, más un margen de fondeo del 0,12% y el margen de préstamos estándar del BID, del 0,80%.

El plazo de desembolso del financiamiento para el primer programa es de cinco años, a partir de la fecha de entrada en vigencia, con una comisión del 0,75% anual, aplicada al saldo diario no desembolsado.

La administración de los recursos estará en manos de la Caja Única del Estado. Según lo plantea la exposición de motivos del proyecto, el impacto de ese endeudamiento en las finanzas públicas es marginal.