Los diputados aprobaron definitivamente, este martes, el Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el 2020, con recursos para el bono Proteger y recortes en el gasto público por ¢310.000 millones.

Esas reducciones permitirán al Gobierno Central registrar una reducción neta de ¢178.000 millones, pues también subieron otros gastos para atender los efectos de la pandemia de covid-19.

El proyecto obtuvo los votos a favor de 49 diputados, mientras que solo uno votó en contra.

La propuesta de modificación al Presupuesto Ordinario 2020 incluye ¢90.000 millones para bonos Proteger y subsidios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para familias afectadas económicamente por la emergencia sanitaria.

También incluye una partida por ¢45.800 millones destinada a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), proveniente del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo (BID-AFD), aprobado por el Congreso.

La mayor parte de esos últimos recursos se destinarán a compensar la caída en los ingresos sufrida por la CCSS, debido a la reducción en la base mínima contributiva.

Entre los recursos trasladados a la Caja, también se incluyeron ¢3.000 millones para dar pensiones del régimen no contributivo, a adultos mayores en condición de pobreza.

En cuanto a los recortes incluidos en el proyecto, Hacienda planteó originalmente rebajas en los gastos presupuestarios por ¢328.000 millones, que habrían significado una reducción neta en los gastos por ¢196.000 millones.

Sin embargo, luego de varias mociones aprobadas por mayoría, los diputados redujeron el recorte en ¢18.000 millones. Esa decisión tiene una consecuencia directa en el aumento de la deuda pública para financiar esos gastos que se mantienen en el Presupuesto.

Una de las mociones aprobadas incrementa la deuda pública en ¢17.000 millones, para mantenerle ¢14.000 millones de transferencias al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y ¢2.800 a las asociaciones de desarrollo.

Otra moción evitó la rebaja de ¢930 millones en transferencias a las municipalidades de los cantones productores de banano, luego de que el Gobierno reconoció que el impuesto a la exportación bananera no ha reducido sus ingresos.

En consecuencia, los recortes quedaron en ¢310.000 millones en total, con una rebaja neta por ¢178.000 millones.

Hacienda pidió autorización para aumentar el nivel de endeudamiento por ¢682.000 millones.

Aparte de los recortes y las transferencias de recursos, los diputados aprobaron una modificación a la norma presupuestaria 12, con la cual prohíben al Gobierno utilizar plazas vacantes durante el resto del 2020.

No obstante, quedan fuera de esa obligación las instituciones directamente relacionadas con el combate en primera línea contra la pandemia del nuevo coronavirus.

Igualmente, quedan exceptuados de la prohibición el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Ambiente, específicamente sobre las plazas para guardaparques con autoridad policial.

Las instituciones que sí podrán usar parte de sus plazas vacantes son Seguridad Pública, Salud, el Instituto Costarricense de Investigación Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

Diputados: entre críticas y preocupación

La votación en segundo debate del Segundo Presupuesto Extraordinario no fue un proceso rápido y se extendió durante todo este martes, con discursos de los diputados de todos los grupos políticos representados en el plenario.

Cada legislador, en discursos de 10 minutos, osciló entre las críticas directas al Gobierno y la preocupación por los efectos económicos nacionales de la pandemia, pero también los efectos internacionales a las exportaciones y los intereses económicos del país.

Yorleny León, liberacionista que preside la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, reclamó que no se puede entender cómo jerarcas de varias instituciones públicas presionaron a los diputados contra los recortes.

“El Gobierno necesita ordenarse, un Ejecutivo fuerte que pueda aplicar estas decisiones. ¿Cómo va a pedir el Gobierno que los diputados dejen el presupuesto intacto, cuando a lo interno no hay unanimidad?”, dijo.

Aparte de criticar la falta de liderazgo de Zapote, León manifestó que el Presupuesto Nacional del 2021 debe tener una ruta clara: eliminar la práctica de generar colchones presupuestarios en las instituciones, eliminar todo gasto innecesario, presupuestar contemplando el impuesto al valor agregado y el respeto a la regla fiscal.

Laura Guido, legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC) e integrante de la Comisión de Hacendarios, calificó el recorte presupuestario como histórico y dijo que este acerca al país “más a la crisis de los 30 que a la de los 80″.

Guido destacó recortes como el de la transferencia a las universidades por ¢45.000 millones y la eliminación total de partidas de viajes, viáticos, publicidad y otras.

No obstante, alegó que el Congreso debe discutir el ataque de frente a la evasión fiscal y una revisión amplia de las 1.260 exenciones tributarias vigentes.

Por su parte, la presidenta de Hacendarios, la verdiblanca Silvia Hernández, reconoció que el impacto económico de la pandemia, en el ámbito mundial, supera en mucho las cifras originalmente previstas.

Hernández apuntó que los recortes aprobados desnudan una discusión “que debe darse, sobre la rigidez del presupuesto y las asignaciones constitucionales”.

En las tiendas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) hubo choque de criterios.

Mientras María Inés Solís cuestionó la contradicción de debilitar, en el plenario, los recortes presupuestarios que tanto se le pidieron al Gobierno, la subjefa socialcristiana, Shirley Díaz, criticó al Gobierno por las partidas que propuso reducir.

Díaz fue vehemente y dejó ver que un grupo de legisladores se aliaron para frenar esos recortes en lo que ella y otros congresistas, como Karine Niño, designaron como parte del sector social.

Además, Solís sugirió que se deberían abrir discusiones estructurales en el país y tomar acciones que realmente impacten la economía.

“¿Por qué no hablamos de vender el Banco de Costa Rica o la parte de telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)”, consultó la diputada.

La socialcristiana también dijo que se debe aprobar la regla fiscal constitucional y la Ley Marco de Empleo Público. “Es momento de hablar de una reforma del Estado, que elimine duplicidades, es hora de cerrar y fusionar entes públicos”, señaló.

En tanto, los discursos de los fabricistas Carmen Chan y Jonathan Prendas se centraron en atacar a la administración de Carlos Alvarado, recordando nuevamente que el recorte neto en los gastos era mucho más bajo que lo anunciado.

Chan, incluso, dijo que el Gobierno utiliza muchas artimañas que le da “la desnutrida democracia costarricense” y alegó que el PAC “hace un verdadero festín de los recursos públicos en nombre de la solidaridad”.

La jefa del Partido Restauración Nacional (PRN), Xiomara Rodríguez, destacó la responsabilidad del presupuesto extraordinario al destinar recursos para la CCSS y dijo que su partido se siente responsable por eso.

“No hay satisfacción en un recorte que, primero, se dijo que eran ¢355.000 millones, luego se supo que llegaba si acaso al 0,6% del producto interno bruto (PIB). No hubo recorte donde creímos que iba a haber, sino en áreas sensibles, afectando a la clase baja y media”, indicó ella.

Finalmente, el jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Chacón, sintonizó con Luis Ramón Carranza, del PAC, al señalar que los que más tienen también deben contribuir a atender la crisis económica.

“Debemos ir detrás de los grandes evasores”, propuso el jefe liberacionista.