Ante casos en 'U' públicas, PAC propone ampliar a 8 años el plazo para denunciar acoso sexual

La iniciativa, del diputado Enrique Sánchez, extiende el periodo para que denuncien quienes han sido víctimas de violencia sexual en lugares de trabajo y centros de estudio

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

El Partido Acción Ciudadana (PAC) presentó este miércoles un proyecto de ley que ampliaría de dos a ocho años el plazo que tienen, para plantear sus denuncias, las víctimas de abuso u hostigamiento sexual en lugares de trabajo y centros de estudio.

La iniciativa del diputado Enrique Sánchez sugiere reformar el artículo 38 de la Ley Contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, promulgada en 1995.

Hoy, ese numeral establece que “el plazo para interponer la denuncia se considerará de dos años y se computará a partir del último hecho consecuencia del hostigamiento sexual o a partir de que cesó la causa justificada que le impidió denunciar”.

La propuesta de Sánchez, llamada Ley de Apoyo a la Cultura de Denuncia contra el Hostigamiento Sexual, sustituiría de esa normativa la palabra “dos” por “ocho”.

La iniciativa de ley nace después de los casos de violencia sexual denunciados, en el 2019, por colectivos de estudiantes de casas de enseñanza superior públicas, como la Universidad de Costa Rica (UCR), la Unidersidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec).

Dichas agrupaciones, denominadas Me Pasó en la UCR, Me Pasó en la UNA y Me Pasó en el Tec, se gestaron con el fin de evitar el encubrimiento y la impunidad de casos de violencia sexual en los centros de estudio, así como para exigir a las autoridades universitarias acciones concretas para promover la cultura de denuncia dentro de los centros educativos.

“Los hechos que se han presentado en los centros de estudio universitarios evidencian que ese plazo (dos años) no es conveniente para las víctimas, que muchas veces se encuentran afectadas y con temores fundados para realizar la denuncia, tales como miedo a represalias por parte de sus profesores, a que la persona acosadora sea posteriormente nombrada en su tribunal examinador de una tesis, a toparse nuevamente en un curso con su agresor, entre otros casos”, cita la exposición de motivos del proyecto de ley.

Aunque estima que La Ley Contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia “fue un gran aporte para garantizar a las mujeres espacios de estudio y de trabajo libres de todo tipo de violencia”, el diputado Sánchez considera que dos años es muy poco tiempo para denunciar.

“Ese plazo es insuficiente, puesto que en ese tiempo las mujeres siguen estando expuestas, ya sea en su centro de estudios o en su lugar de trabajo, al acoso y al hostigamiento. Incluso puede verse acrecentado en ese periodo.

”Entonces, para garantizar que los casos no prescriban, es importante que las mujeres tengan el tiempo suficiente para elaborar una denuncia y decidirse a presentarla”, comentó Sánchez.

Según el legislador, la falta de cultura de denuncia ha quedado manifiesta en las universidades, donde, en apego a la ley, los reglamentos contra el hostigamiento y abuso sexual también establecen un plazo de dos años para denunciar.

“Muchos de esos casos prescriben y, claramente, en dos años una mujer que es víctima de acoso todavía está llevando su carrera, posiblemente, o incluso iniciándola, y su presunto abusador seguirá teniendo un mayor de poder sobre ella en tanto transcurre la carrera”, agregó el congresista.

En materia penal, el año pasado, los diputados aprobaron otra reforma para extender, de 10 a 25 años, el tiempo para que las personas denuncien delitos de abuso sexual cuando eran menores de edad. El plazo comienza a correr una vez que la víctima cumple la mayoría de edad.

---

Regulación en el ámbito administrativo

La Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, a la que se adscriben los reglamentos de las entidades públicas, incluidas las universidades, prevé tres tipos de sanciones según la gravedad. Estas pueden ser una amonestación escrita, una suspensión sin goce salarial o el despido.

Aunque todas las casas estatales de enseñanza superior tienen algún tipo de normativa para penalizar a los agresores sexuales –ya sean profesores, funcionarios o los mismos alumnos–, estos instrumentos, en su mayoría, son abstractos y no definen cómo sancionar al ofensor.

Así, por ejemplo, si los encargados consideran que una persona denunciada por acoso sexual incurrió en una falta leve o grave, esto conllevará, como máximo, una suspensión sin goce de salario.