Esteban Calvo Rodríguez, asesor legal de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (Anep), afirmó esta tarde que la educación podría ser declarada como servicio esencial en caso de que una huelga se prolongue por mucho tiempo, aunque no precisó cuánto.
Calvo lo dijo ante la comisión legislativa de Asuntos Sociales que tramita el proyecto de Ley de declaratoria de servicios públicos esenciales (expediente 21.097), con el cual se pretende minimizar el impacto de las huelgas en estos servicios.
“Educación, en términos generales, la OIT ha dicho que no es un servicio esencial; pero ha hecho una acotación importante a propósito que se había sometido luego de una queja, que una huelga muy extensa en educación puede llevar a las autoridades a denominar ese servicio, servicio esencial”, dijo el asesor sindical.
Esta posición se aleja de que la que dio el presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante, quien afirmó que ningún niño se va a morir por no recibir clases por lo que, en su criterio, no es posible declarar el servicio educativo como esencial.
“El hecho de que un niño desgraciadamente no reciba educación lo podría hacer más ignorante, con menos posibilidades para la vida, pero no necesariamente se va a morir por no tener este derecho, aunque es un servicio sumamente importante”, dijo Cascante el martes ante la misma comisión.
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Por su parte, el asesor de la ANEP dijo sustentarse en criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre cuándo un servicio “no esencial” puede calificarse como “esencial”.
El proyecto 21.097 presentado por la diputada liberacionista Yorleny León, sugiere definir una lista de servicios esenciales que incluya, por ejemplo, el suministro de combustibles, agua potable, alimentos, electricidad y medicamentos, además de los servicios de aeropuertos nacionales e internacionales.
También, contempla los comedores escolares, la recolección de basura y la atención médica de menores en la red de cuido, así como la educación pública, la seguridad ciudadana, la educación pública y la resolución jurisdiccional de conflictos como servicios esenciales.
En la actualidad, los juzgados laborales califican si un servicio público es esencial o no amparados en la Reforma Procesal Laboral. En una resolución reciente, por ejemplo, un tribunal declaró que el suministro de combustible de Recope no es esencial.
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Durante la comparecencia, Calvo y el secretario General de Anep, Albino Vargas, usaron criterios de la OIT para decir que el concepto de servicios esenciales es relativo y, por lo tanto, se adapta a la realidad de cada país.
Vargas citó otro ejemplo como el servicio de recolección de basura, el cual tampoco es declarado como esencial por la OIT, pero, reconoció que si una huelga se prolonga demasiado sí puede declararse como esencial.
“Por eso es muy importante asociar la suspensión del servicio publico y el peligro evidente e inminente que genera su suspensión”, explicó Vargas.
Calvo agregó que, a modo general, los servicios de suministro y comercio de alimentos y medicinas no pueden ser declarados esenciales, porque el concepto es relativo.
Puso como ejemplo el chocolate que, a pesar de ser un “alimento”, una empresa no pone en riesgo la vida y salud de las personas por dejarlo de comerciar o distribuir como consecuencia de una huelga.
Lo mismo alegó en el caso de las medicinas, el cual considera no puede declararse como esencial si no se distribuye ni se comercializa por culpa de una huelga, porque “nadie se va morir” si una empresa deja de venderle una aspirina para la gripe.
“Al final, la descripción queda tan amplia que desvirtúa concepto de lo que es servicio esencial”, señaló Calvo.
En tanto, Vargas dijo que este proyecto de ley debe sacarse de la corriente legislativa para dar paso a un diálogo político y social que atienda los desequilibrios del país que, son a su juicio, el origen de las últimas protestas.
Además, el líder sindical considera que el origen del proyecto es una “sacada de clavo” de la clase empresarial y política, por la última huelga nacional ocurrida a finales del 2018 contra la reforma fiscal.
“Busca castrar cualquier protesta social y más lo grave todavía, viabilizar la disolución de sindicatos”, señaló Vargas.
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Al respecto, la diputada del partido Acción Ciudadana, Catalina Montero, explicó que tras el “susto y el trauma de los costarricenses” por los efectos de la última huelga, ha llevado a los diputados a ordenar la lista de lo que son servicios esenciales, sin limitar el derecho a este tipo de protestas.
En tanto, la diputada Yorleny León indicó que el proyecto no pretende siquiera reformar el Código de Trabajo, sino buscar el bienestar de las mayorías para evitar afectaciones en servicios básicos como educación y salud.
En concreto, la finalidad de su proyecto, explicó León, es buscar una armonía entre "el derecho a huelga con ese bienestar general que nos interesa a todos”.