A las 3:30 p. m. de este jueves, luego de seis horas y media de discusión en el plenario, el presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, frenó la sesión para alertar a los diputados de un agravamiento del brote de covid-19 entre los funcionarios de la Asamblea Legislativa.
El anuncio generó zozobra entre los parlamentarios por dos razones: primero porque muchos temen, desde hace días, contagiarse del coronavirus y, segundo, porque un bloque del Congreso presionó para que se llegara a votar el proyecto para reducir el pago del marchamo, antepenúltimo en la agenda de hoy.
No obstante, ante el temor de una mayor propagación del brote, Cruickshank desconvocó las sesiones previstas para este viernes y el próximo lunes, al tiempo que el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, ordenó un “cierre técnico” del nuevo edificio legislativo.
Según confirmó a La Nación el médico de la Asamblea Legislativa, Walter Rodríguez, la cifra de funcionarios con orden sanitaria de aislamiento asciende a 44 personas; de ellos, nueve son casos confirmados y 35 tienen nexo epidemiológico.
En el Poder Legislativo laboran cerca de 950 funcionarios, 600 de ellos en el nuevo edificio.
Luego de un receso, donde los diputados conversaron agitadamente en grupos en el plenario. Roberto Thompson, de Liberación; Pablo Abarca, de la Unidad, y Enrique Sánchez, del PAC, hicieron referencia a la alerta sanitaria.
Ante esto Cruickshank anunció la clausura del nuevo edificio, que será reabierto el próximo martes debido a que se realizarán sanitizaciones en los próximos días.
La sesión de hoy solo dio tiempo de votar el proyecto de pesca de arrastre y el de marchamo quedó para el martes.
“Hemos tenido que tomar la difícil decisión de clausurar por unos días, de viernes a lunes, el nuevo edificio del Congreso porque, a consecuencia del traslado, tuvimos una serie de contagios que se acercan a los 50 casos y para no exponer más al personal y a los señores diputados y señoras diputadas”, indicó el presidente del Congreso.
El Director Ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, explicó que se realizarán trabajos de sanitización profunda gracias al apoyo de la Municipalidad de San José, que ofreció la colaboración.
Ayales agregó que el personal que labora en el inmueble también deberá retornar el martes e instruyó a los directores de los diferentes departamentos, a fin de que aquellos funcionarios que puedan hacerlo, realicen teletrabajo o trabajo a distancia.
El martes 20 de octubre, tras el estreno del nuevo edificio legislativo, se presentaron los primeros rastros del brote, cuando se dio a conocer que 17 funcionarios habían sido enviados a aislamiento.
Ante esos primeros inicios de la propagación en el nuevo inmueble, la administración de la Asamblea ordenó el cierre de las comisiones legislativas por el brote, y se anunció que volverían a funciones el próximo 31 de octubre.
En ese momento el médico del congreso llamó la atención de los empleados, porque confirmó que se realizaron reuniones de hasta ocho personas en los nuevos despachos legislativos.
Según las informaciones que han trascendido en los últimos días desde el Legislativo, se presume que el brote fue ocasionado durante el traslado al nuevo edificio.
La mañana de este jueves, también se confirmó que la diputada María José Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN), se encuentra en aislamiento por un contacto con un caso positivo de covid-19.
Junto a Corrales fueron enviados a cuarentena seis de los funcionarios de su despacho.
Harllan Hoepelman, del bloque independiente de Nueva República, fue el primer legislador detectado como caso positivo de la covid-19.
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