La compañía Airbnb teme que la iniciativa de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa para regular su operación en el país golpee a sus anfitriones y los desincentive de participar en una actividad que, según sostiene, se ha convertido en una fuente de ingresos para muchas familias costarricenses.
El proyecto, próximo a iniciar su fase de votaciones en el plenario legislativo, establece las reglas que tendrían que seguir las empresas de hospedaje no tradicional.
Se trata de compañías que intermedian entre los dueños de casas, apartamentos o cuartos y los usuarios que buscan un hospedaje alterno a un hotel. En la plataforma digital, los propietarios ofrecen sus servicios y los clientes reservan en la opción que más les conviene.
La propuesta, impulsada por el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, obligaría a los anfitriones a registrarse ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), así como a recaudar y trasladar al Ministerio de Hacienda el impuesto sobre el valor agregado (IVA) de cada transacción.
Los dueños de los inmuebles, además, tendrían que pagar un impuesto a la municipalidad respectiva para obtener su patente de funcionamiento. Actualmente, ni los usuarios ni los anfitriones de estos hospedajes pagan tributos por este servicio.
Carlos Muñoz, gerente de campaña, políticas públicas y comunicaciones para el Caribe y Centroamérica de Airbnb, afirmó que la compañía está anuente a recaudar los impuestos correspondientes y a someterse a regulaciones.
No obstante, teme que la redacción del proyecto de ley se preste para que después el gobierno cree reglamentos demasiado engorrosos, que desincentiven la participación en la actividad del hospedaje no tradicional.
LEA MÁS: Airbnb lanza campaña contra proyecto que le impone pagos y regulaciones
“Lo que yo le dije al diputado (Abarca) es, por qué no realizar un proyecto en el que ahorita queden claras cuáles son las obligaciones, realicemos una conversación sobre la mesa y no dejarlo a adivinar a otros cuáles son las obligaciones que hay que cumplir”.
“Me parece que el proyecto es extremadamente amplio, en el sentido de que no define claramente cuáles serán las reglas del juego para la comunidad, y crea mucha incertidumbre en ese sentido”, afirmó Muñoz.
Objeción sobre patentes
Airbnb, además, considera que los costos de obtención de la patente son excesivamente caros, pues se les intenta equiparar con los operadores hoteleros.
El impuesto se cobraría de acuerdo con la capacidad máxima que tenga el inmueble para albergar huéspedes.
Por ejemplo, si son dos personas, sería de ¢44.620, un 10% de un salario base (¢446.200 para 2019). Por hasta cinco personas, la tarifa subiría al 30%, es decir, ¢133.860. Mientras que para más de seis, sería de un 80% (¢356.960).
Los pagos se realizarían de manera anual, por cada unidad de hospedaje. Si un anfitrión tiene un complejo de apartamentos, tendrá que pagar por cada uno de ellos.
“Ha sido el mismo argumento que siempre hemos escuchado, que quieren una competencia leal, versus una madre soltera en Liberia que alquila un cuarto en su casa menos de 30 días al año para generar algún ingreso adicional. No puede ser que la misma reglamentación tenga que aplicar a esa misma madre soltera que a un empresario dueño de una propiedad de 400 habitaciones”, alegó el gerente.
De acuerdo con la información suministrada por Airbnb, en la plataforma hay 24.600 avisos sobre hospedajes en Costa Rica que han aceptado reservas en los últimos 12 meses. Aproximadamente, un 62% son casas completas, 36% son habitaciones privadas y el porcentaje restante son cuartos compartidos.
La media de ocupación de cada espacio, según la compañía, es de 23 noches.
“Un 56% de nuestros anfitriones son mujeres, es algo significativo, pues es una cifra un poco más alta de lo que vemos en la región”, afirmó Muñoz.
El gerente regional de Airbnb instó a los diputados a aprobar una ley con tarifas más “sensibles”, de acuerdo con la realidad de los anfitriones que usan la plataforma, a quienes pidió involucrarse en el proceso.
“Entiendo que Costa Rica está pasando una situación económica difícil, que el gobierno debería estar buscando oportunidades para que más costarricenses se beneficien del turismo, de manera directa además. ¿Por qué no buscar una legislación en la cual todos podamos estar de acuerdo?”, insistió Muñoz.
El proyecto de ley 20.865 fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Económicos y ya culminó la etapa de modificaciones en ese foro. Ahora llegará al plenario, donde los legisladores podrán reiterar mociones que se hayan rechazado en la comisión. Luego, la iniciativa será discutida y votada en dos debates por los 57 diputados.
Posteriormente, solo faltaría que sea firmado por el presidente Carlos Alvarado y se publique en el diario oficial La Gaceta, para que se convierta en ley de la República.