El recorte de ¢81.000 millones a la partida para pagar intereses de la deuda pública, en el Presupuesto Nacional del 2023, desató recriminaciones entre diputados en el inicio del debate sobre el plan de gastos, en el plenario legislativo.
Diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y Frente Amplio (FA) recortaron esos recursos, en la comisión de Hacendarios, para devolver fondos a instituciones y programas sociales.
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La tarde de este martes, la molestia se desató cuando Eli Feinzaig, jefe de bancada del Partido Liberal Progresista (PLP), dijo que cometieron un acto de irresponsabilidad los legisladores de Hacendarios que redujeron la partida de intereses, por lo que él propuso revertir lo hecho.
Feinzaig advirtió de que, si el país sigue en la ruta de aumentar el gasto, no solo crece el endeudamiento, sino que se pone en riesgo el cumplimiento del Gobierno.
El efecto, adujo, golpearía a la ciudadanía cuando el Gobierno recurra al mercado local por más créditos y aumente las tasas de interés, o por la subida de impuestos para financiar el presupuesto.
“Al final de cuentas, el costo de los excesos que cometen los políticos con los recursos de todos los costarricenses, y me excluyo de ahí porque estoy actuando con total responsabilidad, los pagan todos los costarricenses.
“Pareciera que hay una mayoría en esta Asamblea Legislativa que quiere seguir la fiesta con el gasto público. Así que apelo a la conciencia, a sus mejores intenciones. Sé que ese acto irresponsabilidad cometido en la comisión de Asuntos Hacendarios no se hizo de mala fe, pero el costo social para los costarricenses es mucho más elevado si seguimos con este proceder irresponsable con los presupuestos”, dijo Feinzaig.
Los diputados de Hacendarios respondieron de inmediato.
“No puede decir que son irresponsables los diputados que firmaron las mociones.
“Su discurso es muy similar al del presidente de la República (Rodrigo Chaves), quien ofendió a todos los diputados de la comisión que firmaron esas mociones. Que tengamos criterios diferentes no es justificación para tratarnos de forma irrespetuosa”, reaccionó Paulina Ramíez, diputada del PLN y presidenta de Hacendarios.
El debate empezó con tres posiciones. Primero, el PLN, el PUSC, el PNR y el FA afirman que el Gobierno presentó un presupuesto desequilibrado que desfinanció a numerosas instituciones, por lo que defienden la reasignación de recursos y señalaron que podrían votar unas más en plenario.
Segundo, el Liberal Progresista propone revertir los recortes a la partida de intereses.
Tercero, el gobernante Progreso Social Democrático (PPSD) pide revertir los ajustes y, además, eliminar normas de control de Presupuesto que aprobaron en Hacendarios. Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista, defendió que el presupuesto cumple con la regla fiscal y que, solo por el aumento en las tasas de interés, el Gobierno deberá desembolsar ¢276.000 millones más.
Al igual que Ramírez, reprocharon los señalamientos de Feinzaig los legisladores Alejandro Pacheco, del PUSC; José Joaquín Hernández y Gilbert Jiménez, del PLN; Jonathan Acuña, del FA; y José Pablo Sibaja, del PNR.
Todos argumentaron que el ajuste fue la manera de corregir recortes no consensuados por el Ministerio de Hacienda al gasto social y la inversión en obra pública.
El diputado Jiménez, autor de la mayor parte de las mociones que recortaron recursos de los intereses, sugirió al Gobierno renegociar la deuda pública para reducir su costo.
Dijo, además, que proyecta un sobrante de alrededor de ¢400.000 mi millones en el pago de la deuda, por lo que no cree que el ajuste afecte mucho el Presupuesto Nacional.
Alejandro Pacheco indicó que los adultos mayores que dependen de los programas del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), no pueden esperar a que el Gobierno mejore sus finanzas para recibir asistencia. Lo mismo dijo sobre los presos que reciben alimentación en las cárceles.
Feinzaig les replicó que, cuando habló de acto irresponsable, fue porque se hicieron los recortes sin evaluar las repercusiones. Además, aseguró que los fondos restituidos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no irían a programas sociales, dado que la institución es uno de los compradores de deuda del Gobierno.
Paulina Ramírez descartó, de momento, que el PLN apoye revertir los ajustes.