Los abogados del presidente Carlos Alvarado Quesada argumentaron este jueves, ante los magistrados de la Sala III, que la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se extralimitaron en el allanamiento a la Casa Presidencial el 28 de febrero, por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Según la defensa del mandatario, los excesos se cometieron a partir de una orden de allanamiento mal fundamentada, emitida por los mismos magistrados penales.
Róger Guevara y Rodolfo Brenes, representantes legales de Alvarado, expusieron sus argumentos en una audiencia de casi 12 horas que se extendió desde las 8.30 a. m. hasta las 8 p. m.
La sesión tenía por objetivo conocer las gestiones por actividades procesales defectuosas que presentó la defensa del presidente contra los allanamientos que dirigió la fiscala general Emilia Navas.
Rodolfo Brenes y Róger Guevara alegaron que el OIJ copió en una computadora documentos y correos de toda índole del presidente, los cuales contienen información de seguridad nacional, relaciones internacionales y salud pública.
“Fueron más allá de lo autorizado y secuestraron información que no estaba autorizada por la Sala III, información de personas que no están siendo investigadas, o información que no está relacionada en forma alguna con el caso UPAD”, dijo Guevara.
LEA MÁS: Abogado: OIJ descargó emails de Carlos Alvarado en computadora de forma inadecuada
Según la defensa del presidente, la descarga se realizó sin utilizar un software adecuado para pesquisas forenses.
La defensa ofreció un peritaje contratado a una empresa especializada en ciberseguridad y pidieron que se llame a declarar a uno de los especialistas que realizó el análisis, así como al encargado de tecnologías de la información de Casa Presidencial.
La Sala III dio tiempo hasta el próximo martes para que las partes del proceso se pronuncien sobre si se debería admitir dichos insumos. En caso de admitirse, los magistrados podrían convocar a una nueva audiencia para conocer la prueba.
Al consultársele por la audiencia, la oficina de prensa del Ministerio Público indicó que la agenda de Navas les impidió tener contacto con ella.
Los allanamientos forman parte de la investigación que realiza la Fiscalía para determinar si la UPAD accedió a datos confidenciales de los habitantes.
El proceso judicial además procura esclarecer si el mandatario y varios exasesores cometieron los delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
Alegan mala fundamentación de orden de allanamiento
Para la defensa del gobernante, una orden de allanamiento mal fundamentada por los mismos magistrados de la Sala III fue lo que “permitió la materialización de los hechos” que, en su criterio, fueron abusivos.
Según Guevara, la orden judicial se fundamentó en la redacción de un tipo penal que se derogó hace siete años y menciona delitos que no están siendo investigados, al tiempo que se apoya en artículos sin relación con el allanamiento.
“Estos son ejemplos de lo que consideramos es una resolución machotera, con contenido dogmático y repetitivo de doctrinas y jurisprudencia, pero sin analizar en forma concreta el caso específico, de forma tal que la resolución se sustente por sí sola”, dijo Guevara.
De acuerdo con el codefensor de Alvarado, sus razonamientos fueron respaldados durante la audiencia por los abogados de los demás investigados.
“Lo interesante es que no solo están de acuerdo sino que agregaron argumentos extra, con un coherente análisis jurídico procesal, que también dan más argumentos de la falta de fundamentación de esta resolución”, afirmó el jurista.
LEA MÁS: Directora de Defensoría: Catalina Crespo violentó el proceso de investigación en caso UPAD
A la audiencia también se presentó Catalina Crespo, defensora de los Habitantes. Los magistrados penales le permitieron participar en condición de oyente.
Como la defensa del presidente alega que en los allanamientos del 28 de febrero se cometieron errores “trascendentales, fundamentales y esenciales”, que supuestamente violentaron garantías procesales de los investigados, la Fiscalía no ha podido abrir la prueba que recabó en los allanamientos a Casa Presidencial.
El avance de la pesquisa depende de que los magistrados resuelvan las gestiones por actividades procesales defectuosas.
Segunda convocatoria
La audiencia de este jueves se inició desde cero, pese a que ya se había convocado una sesión para conocer el mismo tema, el martes 16 de junio.
Ese día, la conducción que realizó el magistrado Jesús Ramírez causó que la fiscala Navas recusara a todos los integrantes de la Sala III y que la audiencia se tuviera que repetir.
Durante esa fallida audiencia, Ramírez, quien fungía como presidente de la Sala de Casación Penal, declaró sin lugar los argumentos de los defensores del mandatario, sin siquiera escucharlos. Luego, dijo que las objeciones no se declaraban sin lugar, sino inadmisibles, incluida la prueba aportada por la Fiscalía General.
LEA MÁS: Emilia Navas en audiencia sobre UPAD: ‘¡Esto es una falta de seriedad!'
La recusación planteada por Navas contra toda la Sala III fue rechazada por el magistrado suplente Rafael Segura, quien solo separó a Jesús Ramírez. A finales de junio, ese juez dispuso que él mismo sustituirá a Jesús Ramírez en adelante.
LEA MÁS: Corte Plena acuerda investigar controversial audiencia sobre UPAD en Sala III
Los magistrados penales Álvaro Burgos Mata, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Jorge Enrique Desanti Henderson y Sandra Eugenia Zúñiga Morales se mantienen a cargo del caso.
LEA MÁS: Juez rechaza recusación de Emilia Navas contra 4 magistrados de Sala III en caso UPAD