Abogado denuncia a funcionaria legislativa por compra de bocadillos para diputados con ‘caja chica’

Un abogado externo a la Asamblea Legislativa presentó una denuncia penal contra la directora de Prensa y Protocolo del Congreso, Karla Granados, por haber pagado en el lapso de casi cinco años ¢102 millones en alimentación para los diputados a través del mecanismo de “caja chica”.

Javier Slein Sandí llevó el reclamo ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), bajo la sospecha de que la funcionaria podría haber incurrido en pagos con sobreprecio irregular, según consta en la denuncia presentada este martes.

En su reclamo, Slein detalla cada uno de los pagos que Granados hizo desde el 2015 y hasta febrero del 2019.

Precisamente en febrero pasado, el Directorio legislativo suspendió la compra de bocadillos para las sesiones del plenario de los legisladores, porque se habían venido comprando de forma irregular, o sea, a discreción de la funcionaria se elegía el proveedor del servicio, sin que pasara por ningún tipo de concurso.

Tampoco se estaba haciendo la contratación por medio del mecanismo de compra directa.

El problema, según indicó el Directorio en ese momento, es que el mecanismo de caja chica solamente se puede emplear para compras de montos pequeños y que tengan el carácter de imprevisible.

Ese es, precisamente, uno de los argumentos de Slein Sandí para hacer su denuncia, pues aduce que no se trata de algo que no se pueda tener planificado.

La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó, este miércoles, que ya tienen en trámite la denuncia penal contra Granados y se tramita bajo el expediente 19-000220-1218-PE.

“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que ayer ingresó una denuncia en contra de la señora Granados por presuntamente cometer el delito de sobreprecio irregular. Debido a que el casos encuentra en investigación, no es posible brindar ningún otro detalle del caso, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, informó dicha oficina.

El denunciante explicó que tanto la Ley de Contratación Administrativa como su reglamento exigen, para efectos de esas compras, la realización de concursos públicos de contratación, sea licitación pública, abreviada o contratación directa.

“Al parecer la señora Granados ha venido haciendo caso omiso de tal requerimiento jurídico, procediendo en un sinnúmero de oportunidades en los últimos años a contratar alimentación utilizando el mecanismo de caja chica, o bien mediante compra en efectivo”, indicó Slein.

Según el detalle que aportó el denunciante, Granados hizo compras de bocadillos y alimentación, durante el 2015, a 20 proveedores, con un gasto de poco más de ¢15 millones.

En el 2016, recurrió al mismo mecanismo para contratar a 25 proveedores, con un gasto de casi ¢29 millones, mientras en el 2017 se hicieron 28 compras por caja chica y 145 en efectivo, a 21 proveedores, por ¢37,7 millones.

En el 2018, el gasto fue de ¢17,6 millones, por 20 compras de caja chica y 85 en efectivo, a 13 proveedores. Durante los dos primeros meses del 2019, se hicieron tres compras por caja chica y seis en efectivo, a tres proveedores, por ¢2,7 millones.

El total, según la denuncia que presenta Slein, es de 389 compras por caja chica y 233 en efectivo, “sin acudir a procedimiento de licitación alguno”, para un gasto total de ¢102 millones.

De acuerdo con Slein, podría haber existido sobreprecio irregular, tipo penal que se sanciona con prisión de tres a 10 años. También le pidió a la Fiscalía Anticorrupción determinar si pudo haber incurrido, Granados, en el delito de influencia en contra de la hacienda pública.

Consultada al respecto, Granados indicó que no conocía esa denuncia, solo una también planteada en su contra por compras hechas para las sesiones del plenario solemnes del plenario legislativo del 1.º y 2 de mayo.

Cuando se le explicó sobre qué trata esta nueva denuncia, alegó que es infundada y que las contrataciones se realizaron apegadas a los procedimientos administrativos y el ordenamiento jurídico.

“Cada una de las gestiones fueron realizadas por indicaciones superiores y cuentan con el respectivo visto bueno, mismas que fueron conocidas, autorizadas, revisadas, analizadas y aprobadas por cada uno de los departamentos que participan de este tipo de procedimientos”, respondió Granados por mensaje de WhatsApp.

Añadió que cada contratación cumple con los principios que rigen el mecanismo de caja chica establecidos por la ley, que son urgencia, inmediatez, bajo costo e imprevisibilidad.

“Se trata de una denuncia mal intencionada, la puedo interpretar como persecución y no estoy dispuesta a permitir que se ponga en duda mi honorabilidad y no solo voy a ejercer mi derecho de defensa, sino voy a emprender acciones resarcitorias”, indicó la funcionaria.

Argumentó también que el uso de la caja chica es totalmente legal, regulado por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y por la normativa interna de la Asamblea Legislativa.

Luego de haber suspendido dicha alimentación para el plenario, en febrero pasado, el nuevo Directorio suspendió una licitación por ¢25 millones, este setiembre, que habría revivido los bocadillos que consumen los legisladores.

La propia Granados había explicado, a raíz de esta última decisión, que los diputados consumían chalupas, burritos, arroces de varios tipos, ensaladas y hasta varios tipos de carnes, como fajitas de res, durante las sesiones del plenario.