Esteban Oviedo, Natasha Cambronero, Sofía Chinchilla C., Gerardo Ruiz Ramon, Lucía Astorga, Aarón Sequeira. 2 febrero
Foto: Rafael Pacheco
Foto: Rafael Pacheco

En el debate del martes por la noche, en Canal 7, cinco candidatos lanzaron afirmaciones sobre un protocolo que permitiría el "aborto impune", sobre mociones contra el Registro de Accionistas de Personas Jurídicas, sobre los viajes de uno de ellos, sobre el déficit fiscal y sobre donaciones de Juan Carlos Bolaños, entre otros tema.

¿Qué hay de cierto en cada una de las afirmaciones?

Rodolfo Piza y Fabricio Alvarado afirmaron que se está preparando un protocolo que ampliaría la posibilidad del aborto

Según informó la Cancillería, lo que se está elaborando es una norma técnica para que se pueda implementar lo establecido en el artículo 121 del Código Penal, que dice: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.

Una comisión interinstitucional elaboró un borrador, el cual es revisado en varias instancias del Poder Ejecutivo.

La oficina de prensa del PUSC envió un documento que, según esta tendencia, es lo que el Gobierno impulsaría para “ampliar las opciones de aborto más allá de lo que establece el Código Penal”.

No obstante, en el texto solo hace referencia a evitar peligros para la vida y la salud de la madre.

Juan Diego Castro afirmó que Carlos Alvarado viajó 12 veces como ministro y estuvo 41 días en el exterior

Según datos del IMAS, Carlos Alvarado efectuó 5 viajes oficiales durante los 22 meses que fue presidente ejecutivo de esa institución y todos se costearon con fondos de organismos internacionales.

Luego, cuando fue ministro de Trabajo, hizo otros tres viajes, dos de financiados por el Estado y uno no.

En total, Carlos Alvarado registró ocho viajes oficiales al extranjero y se ausentó durante 33 días.

Rodolfo Piza afirmó que Juan Carlos Bolaños le dio ¢5 millones al PLN y que él sí ordenó devolver dinero que le dio al PUSC

No existen reportes de que el importador de cemento le haya donado dinero al PLN ni al PUSC.

El 21 de enero del 2010, el PLN reportó al TSE una donación de ¢5 millones de Alexánder Sánchez Porras, quien es abogado y notario de Bolaños.

Posteriormente, el 15 de marzo del 2013, siendo diputado de Liberación, Víctor Hugo Víquez, le dijo a la entonces presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Vanessa Rosales, que Juan Carlos Bolaños “ayuda al PLN” sin dar más detalles.

En cuanto al PUSC, lo que Piza ordenó devolver fue una donación de ¢750.000, registrada en febrero del 2016, que giró Javier Rojas, primo de Bolaños y colaborador de sus empresas.

Carlos Alvarado dijo a Antonio Álvarez llenó de mociones el plan de crear un registro de los accionistas de las personas jurídicas

Según lo recuerdan el ex viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, y los diputados Rosibel Ramos y Otto Guevara, que estuvieron dentro de la discusión del proyecto contra el fraude fiscal, no es cierto que Álvarez Desanti haya presentado mociones para frenar el registro de accionistas.

El registro de accionistas fue propuesto por el Ministerio de Hacienda en diciembre del 2015.

Esas 439 mociones eran parte de un paquete de 1.000 mociones con que el PLN amenazó frenar el proyecto, principalmente molesto porque el Presupuesto Nacional para el 2015 no tenía recortes y crecía, en términos generales, un 19% en relación con el plan de gastos del 2014.

Originalmente, la iniciativa planteaba la posibilidad de que la Dirección de Tributación pudiera embargar bienes y cuentas a los morosos con Hacienda sin orden judicial, y les notificara de esa decisión a través de correo electrónico.

Varios meses antes de que Hacienda introdujera la discusión sobre el registro de los accionistas, ya Álvarez había retirado las mociones y el PLN aceptó entrar en negociaciones con Hacienda, el PAC y el PUSC para construir una propuesta alterna del proyecto, proceso durante el cual se llegaron a aprobar hasta cinco textos sustitutivos.

Rodolfo Piza afirmó que, cuando terminó el último gobierno del PUSC (en el 2006), no había déficit fiscal

Hace 12 años, en el 2006, el déficit fiscal fue del -1,1%.

Antonio Álvarez afirmó que, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, solo se generaron 2.906 empleos

Antonio Álvarez ofrece su cifra con base la Encuesta Nacional de Empleo. El Ministerio de Trabajo, por su parte, afirma el candidato omitió en el cálculo el saldo interanual del tercer trimestre del 2014, en el que se generaron más de 39.000 empleos.

María Luz Sanarrusia, investigadora del INEC, afirmó que la forma correcta de medir el comportamiento del mercado laboral es la Encuesta Continua de Empleo (ECE).

A su vez, agreó que tanto Antonio Álvarez como Luis Guillermo Solís podían estar en lo cierto en términos de creación de empleos, pues hay varias maneras de interpretar los resultados de la encuestas.

No obstante, dijo que cualquiera que sea la cifra de empleos creados durante la actual administración es insuficiente porque la tasa de desempleo se mantiene rozando el 10% y porque la informalidad en el trabajo sigue siendo elevada, lo cual hace intuir que la generación de empleos de calidad no ha sido la óptima cuando se mide no solo mide a la población ocupada, sino, también, la calidad del empleo.

Juan Diego Castro dijo que, con los $1.800 millones que pagan los propietarios de autos por año, se podrían construir 6 carreteras como Cañas-Liberia

Si el INS logra cobrar el marchamo 2018 a los dueños del 1.222.683 vehículos, la recaudación sería de unos $344 millones. Por otra parte, la recaudación por el impuesto único a los combustibles generó $887 millones en el 2017, según datos del Ministerio de Hacienda. Es decir, entre ambos gravámenes el Estado recauda unos $1.231 millones, $569 millones menos de lo que dijo Castro.

No obstante, esos $1.231 millones sí alcanzarían para construir seis carreteras como Cañas-Liberia, pues esta vía costó $205 millones.

El problema es que el Gobierno, por su estrecha situación fiscal, no puede destinar todos esos recursos a proyectos viales, sino que los debe distribuir entre todas sus necesidades, como pago de deuda, salarios u operación de ministerios.

Solo para mantenimiento de carreteras se requiere de más de $600 millones anuales.

Un 66,4% del impuesto único a los combustibles pasa a la caja única del Estado para atender otros fines que el Gobierne consider y un 29% al CONAVI para la conservación, mantenimiento, mejora y rehabilitación de vías.

En el caso del marchamo, el 69,3% del dinero se destina al impuesto a la propiedad de vehículos que también va a la caja única estatal y el 18,5% se usa para pagar la prima de su seguro obligatorio de automóviles (SOA). Del porcentaje restante, también reciben dinero instituciones como Aresep, el CTP y el Cosevi.