Al tiempo que la huelga contra la reforma fiscal pierde apoyo popular, la mayoría de los costarricenses censura a los sindicatos por rechazar el acuerdo preliminar para sentarse a negociar y considera que el Gobierno debe insistir en el diálogo.
Esas son algunas conclusiones de la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (CIEP), publicada este viernes 5 de octubre.
De acuerdo con el estudio, un 59% de los ticos desaprueba la decisión tomada por la mayoría de organizaciones gremiales de descartar el convenio anunciado con el Poder Ejecutivo el pasado sábado 29 de setiembre.
El restante 41% de la muestra sí dijo estar de acuerdo con la determinación de los sindicatos.
Por otra parte, el sondeo revela una baja en el respaldo de los ciudadanos al movimiento en comparación con los resultados de una consulta anterior, divulgada en setiembre pasado.
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De hecho, el porcentaje de personas que apoya las protestas contra el proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas pasó de un 52% en setiembre a un 46% en octubre.
Mientras tanto, quienes adversan la huelga subieron de un 26% a un 36% en ese mismo período.
Entre quienes más apoyan al movimiento están las personas jóvenes con estudios secundarios y que viven, principalmente, en las provincias de Puntarenas y Limón.
Para realizar la última encuesta, el CIEP realizó 703 entrevistas telefónicas entre el 2 y el 3 de octubre. El estudio tiene un margen de error de 3,7 puntos porcentuales.
Apuesta por el diálogo
Otro de los hallazgos del último estudio del CIEP es que el 82% del total de la muestra considera que el Gobierno debe seguir buscando el diálogo con los huelguistas para resolver el conflicto.
Curiosamente, esta medida cuenta con mayor apoyo entre los costarricenses que respaldan el movimiento (93%) que entre quienes lo adversan 61%).
El pasado lunes 1.° de octubre, el ministro de Trabajo, Steven Núñez, quien dirigió por parte del gobierno el diálogo preliminar con los líderes sindicales, dio una semana de tiempo para que las organizaciones que quieran sentarse a negociar puedan suscribir el acuerdo, siempre y cuando se deponga la huelga y no haya bloqueos.
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El documento, redactado por las partes en la madrugada del sábado anterior, establece el inicio de una mesa de diálogo en busca de modificar el contenido del proyecto de reforma fiscal que conoce la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, las opciones de modificación podrían ser por vía administrativa, es decir mediante decretos ejecutivos, o bien legislativa con futuros proyectos. La decisión la tomarían los diputados.
Además, el Poder Ejecutivo se comprometió a no tomar ninguna represalia contra los participantes que estuvieron en huelga.
Con respecto a qué se debe hacer con la reforma fiscal, un 68% considera que se debe pausar el trámite en el Congreso para que las partes puedan negociar. En tanto, un 20% opina que se debe aprobar el plan y el restante 12% pide rechazarlo.
Por otra parte, el 78% de las personas que rechazan las protestas están a favor de que se sancione a los huelguistas y un 91% apoya que se levanten los bloqueos en carretera.
Mientras tanto, solo la mitad de las personas que avalan el movimiento aprueban el levantamiento de los bloqueos.
La huelga, que se inició el pasado 10 de setiembre, ha dejado al país pérdidas por unos ¢32.000 millones; el cierre de la mitad de las escuelas y colegios públicos y miles de citas y cirugías perdidas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Precisamente, el cierre de los centros educativos y la interrupción de servicios médicos son las acciones que reciben mayor rechazo en la opinión pública.
Solo el 48% de los que están de acuerdo con el movimiento aprueban la primera medida y 20% la segunda. En el grupo contrario, el apoyo es de 2% y 1%, respectivamente.
Lecciones
¿Cuáles son las valoraciones que deberían hacer los sindicatos y el Gobierno a partir de estos resultados?
Según Ronald Alfaro, investigador del CIEP, el estudio demuestra que el país no quiere acciones que atenten contra sus libertades civiles y que la vía del diálogo no se debe agotar.
“La gente ha sido muy clara en manifestar su desaprobación a formas de protestar que limiten libertades civiles, la libertad de tránsito o la oportunidad de recibir servicios de salud. Ese rechazo se mantiene.
"Notamos una mayor disposición de los ciudadanos a aceptar decisiones más enérgicas contra los manifestantes y huelguistas como el levantamiento de bloqueos o las sanciones administrativas”, dijo Alfaro.
“Siempre la ciudadanía ha sido muy insistente que busca una salida pacífica, sigue creyendo en el diálogo”, agregó.
Ante la insolvencia de las finanzas públicas, el académico no descarta que se destapen otros conflictos similares en el corto plazo, y por eso, consideró que esta “fotografía” debe dejar lecciones sobre cómo resolverlos.
“Esto dejan lecciones para esas cosas que se vienen en el futuro. Temas como la reforma al empleo público, a las pensiones y el tema de cómo hacer sostenible los ingresos”, señaló.