50 diputados aprueban plan para aumentar zona protegida de pesca atunera tras resolver errores

Los diputados aprobaron nuevamente este lunes, en primer debate, el proyecto de ley para proteger la riqueza atunera en las costas costarricenses, luego de enmendar varios errores que habían identificado en las etapas finales del trámite.

La votación tuvo el aval de 50 legisladores, de forma unánime. Esta iniciativa aumenta de 12 a 80 millas el área de protección para la pesca de atún de forma regulada y crea incentivos para que los barcos industriales y semiindustriales entreguen el producto en la industria nacional.

El expediente había recibido primer debate el pasado 19 de julio; no obstante, por una advertencia de la Comisión de Redacción sobre errores en el texto, fue necesario devolverlo a la etapa anterior al primer debate y aprobar en el plenario mociones para enmendar dichos yerros.

Básicamente, el proyecto aumenta la zona de prohibición de pesca atunera industrial y semiindustrial, con cerco, que pasa de 12 millas a 80 millas en la Zona Economica Exclusiva.

Adicionalmente, se modifica la Ley de pesca y acuicultura a fin de crear incentivos para los barcos de mayor capacidad con tal de que provean la industria nacional. En la zona protegida, se autoriza la pesca artesanal y deportiva.

El expediente establece la obligación de hacer estudios técnicos por parte del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) para que se definan esa zona de protección, con apoyo técnico de universidades públicas mediante convenios de cooperación.

Dentro de la propuesta, se obliga al Incopesca a realizar los estudios necesarios para crear, mediante un fideicomiso, una flota atunera nacional “con artes de pesca debidamente calificados y prácticas selectivas que reduzcan las capturas incidentales, en especial la de tiburones, que aproveche los recursos pesqueros nacionales de mayor valor comercial”.

Esa flota deberá tomar en cuenta los efectos del Plan de Acción Internacional de Capacidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La iniciativa, originalmente presentada por el exdiputado José María Villalta, del Frente Amplio, exige al Poder Ejecutivo nutrir ese fideicomiso con ¢4.000 millones en un periodo de cuatro años, a través de transferencias vía Presupuesto Nacional.

Adicionalmente, la reforma incluye varios párrafos en la Ley de Incopesca para aumentar la obligación estatal de garantizar el desarrollo sostenible de la actividad pesquera.

En cuanto a las licencias, se actualiza el artículo relacionado con su otorgamiento por parte del Instituto, y exige que se tome en cuenta el volumen de la bodega de pescado del barco, los cánones establecidos por los países ribereños para ese tipo de flota, la eslora total, la potencia del motor, el tipo y número de aparejos de pesca, los equipos de navegación, las modalidades de pesca; la zona de pesca y especies por capturar; las necesidades de materia prima para las plantas procesadoras nacionales y las políticas de conservación y preservación del recurso atunero.

La iniciativa también declara el atún como recurso estratégico para el desarrollo nacional y su obtención por embarcaciones nacionales para el mercado costarricense, su industrialización o exportación fresco o congelado, por embarcaciones extranjeras para su industrialización por plantas de conserva nacional.

El frenteamplista Ariel Robles, defensor del plan, enfatizó que todas las fracciones legislativas se apuntaron a encontrar acuerdos y consensos, con tal de encontrar alternativas para “una de las provincias más olvidadas del país”.

“Nuestra gente de las costas, nuestros pescadores, necesitan que les garanticemos acceso a los recurso del mar de manera ordenada y sostenible. Costa Rica es 92% mar y tenemos una inmensa riqueza natural que debemos proteger, pero sobre todo aprovechar muchísimo más”, dijo David Segura, legislador puntarenense de Nueva República.

El también porteño Francisco Nicolás, de Liberación Nacional (PLN), apuntó que se debe “volver a vivir de cara al mar” y declaró que el plan está dentro de la ruta por seguir, para “poner orden en el mar” sin buscar la perfección.

“Tenemos que darles instrumental legislativo a estas comunidades para sacarlos de la pobreza. El camino no termina aquí, hay que seguir buscando consensos”, acotó el verdiblanco.

El oficialista Manuel Morales destacó el equilibrio entre el aprovechamiento del recurso, a corto y largo plazo, pero también la protección del medio ambiente, con un enfoque mayor en los pescadores artesanales y que las “poblaciones de atún tengan una sana recuperación”.

El vocero liberal, Eliécer Feinzaig, lamentó que no se modificara el proyecto para incluir la posibilidad de utilizar el producto de la pesca atunera en todos los “procesos” como lo promovía el socialcristiano Carlos Andrés Robles.