Con 31 votos a favor y 15 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó, esta mañana, una moción de orden para pedirle al gobierno que convoque el proyecto de regulación de usura.

Se trata de un plan que les fijaría topes a las tasas de interés de los créditos, de manera que cometería un delito quien exceda esos límites. La pena sería de seis meses a dos años de cárcel.

Para el 20 de febrero, cuando se dictaminó la iniciativa, el tope fijado era del 39% en colones y de 31,35% en dólares, lo cual incluye el dinero prestado mediante tarjetas de créditos.

En tanto, el límite diferenciado para microcréditos en colones era del 55%, es decir, los préstamos que no superen los ¢675.000. En el caso de los microcréditos en dólares el techo sería, para esa fecha, era de un 45,66%.

La moción aprobada es una excitativa para que el gobierno, que coordina la agenda del actual periodo de sesiones extraordinarias del Congreso, convoque el expediente 20.861.

Esta tarde, el presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció que ese expediente será convocado el próximo lunes.

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Votaron a favor de la moción 14 legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), ocho del Partido Acción Ciudadana (PAC), cuatro del Partido Restauración Nacional (PRN) y una independiente; así como uno de Nueva República (PNR), uno del Frente Amplio (FA), uno de Integración Nacional (PIN) y uno del Republicano Social Cristiano (PRSC).

Rechazaron la moción seis congresistas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), seis de Nueva República, uno del PRSC, uno del PRN y un independiente.

La cojefa de fracción del PUSC, María Inés Solís, señaló que la excitativa se presentó en la corriente legislativa el martes, sin que haya sido informado de previo a los jefes de fracción para un eventual acuerdo.

De hecho, Solís expuso su molestia en el plenario, previo a la votación.

La socialcristiana afirmó que, al realizar dicha petición al Ejecutivo, los diputados incurren en intromisión de poderes, debido a que es el gobierno el que domina la agenda legislativa en el periodo de sesiones extraordinarias.

“Me parece que es muy peligroso de que abramos un portillo para que cada diputado venga aquí a presentar las mociones, para que el Ejecutivo convoque sus proyectos que considera que son sus proyectos estrellas. Estoy seguro que aquí cada uno tiene proyectos que tiene interés de presentar y que considera que puede ayudar a Costa Rica en esta crisis.

“Así que, yo insto a que seamos sensatos en ese tema. Ese (la convocatoria) es un asunto que le incumbe al Ejecutivo, no es un asunto que nos incumbe a nosotros”, se quejó la cojefa socialcristiana.

Por su parte, su compañero de bancada, Erwen Masís, indicó que los diputados estarían “confundiendo lo urgente con lo importante”.

“Yo estoy a favor en el fondo del proyecto y de la nobleza inmersa que tiene, pero, por su naturaleza, este no es un proyecto que surge en esta emergencia”, indicó Masís.

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La moción, redactada y firmada por el diputado Welmer Ramos, del PAC, se presentó con el respaldo de los liberacionistas David Gourzong, Gustavo Viales, Ana Lucía Delgado y Daniel Ulate; de los restauracionistas Eduardo Cruickshank y Xiomara Rodríguez; y del frenteamplista José María Villalta.

Manifestaron críticas similares a la de Solís y Masís los diputados fabricistas Ivonne Acuña y Jonathan Prendas; así como Melvin Núñez, del PRN.

El independiente Erick Rodríguez insistió en que la iniciativa no forma parte del paquete de proyectos que el Congreso está aprobando para hacerle frente a la emergencia provocada por el covid-19.

“Yo creo que las decisiones se deben de tomar reposadamente, en sana discusión y no a la carrera como se está haciendo; y menos aprovechar una crisis como esta que nos va a afectar a todos, hoy en salud y mañana económicamente, para presentar proyectos y proyectos que no tienen absolutamente nada que ver con la emergencia”, cuestionó.

Ley no sería retroactiva

En intervenciones separadas en el plenario, Acuña y Prendas recordaron que el texto de usura no será retroactivo en caso de convertirse en ley.

Por tanto, afirmaron ambos legisladores, los actuales deudores seguirán pagando las mismas tasas de interés con las cuales firmaron sus créditos.

“Eso es a futuro. La implicación hay que valorarla oportunamente de acuerdo a las necesidades. Me parece que no aplica en este momento”, añadió Prendas.

Defendieron la moción los diputados Gourzong y Ramos, quienes han sido dos de los principales de regular la usura. También, manifestaron su respaldo Villalta; los liberacionistas Ulate y Franggi Nicolás; y la independiente Nidia Céspedes.

Gourzong destacó la importancia de que el texto sea convocado al plenario, debido a que, según consideró, en la actual emergencia los ingresos de ciudadanos “vulnerables” están siendo afectados por el pago de intereses.

“Este es el momento, compañeros diputados y diputadas, de señalar la importancia de que este congreso se manifieste en favor de esos ciudadanos”, indicó el liberacionista.

Por su parte, Ramos, indicó: “El pueblo costarricense está viviendo calamidad y le están capitalizando los intereses a tasas usurarias. Pero esto no es solo el sistema financiero formal, por Dios. Estos son casas de empeño, estos son prestamistas del barrio que, en términos generales, se están aprovechando de la calamidad del pueblo costarricense. No podemos, nosotros como diputados, ser indiferentes a la situación que está viviendo el pueblo costarricense sobre endeudado”.

Paola Vega, del PAC, negó que el gobierno se haya negado, anteriormente, a convocar la propuesta. “El Ejecutivo ha tenido diálogo con jefaturas de fracción a fin de garantizar de que todo lo que se convoque cuente con consenso”, justificó la rojiamarilla.