30% del fondo de pensiones judiciales se deberá invertir en bonos del Estado

La Corte Suprema de Justicia consideró que el porcentaje 'es razonable' por las condiciones del “mercado bursátil costarricense

El 30% del fondo de pensiones judiciales deberá ser invertido en bonos del Estado costarricense, el cual está necesitado de recursos. Así lo acordaron los diputados al final del trámite de la reforma legal a este régimen jubilatorio, a finales de octubre.

Al crear un nuevo artículo, el 240 bis, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, los legisladores asignan facultades legales específicas de inversión del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Corte. Entre estas, fijaron un piso mínimo para la inversión de recursos en bonos estatales.

Este proyecto de reforma a las pensiones judiciales, con ese nuevo artículo, se aprobó en primer debate el lunes por la mañana, con el voto favorable de 31 de los 38 congresistas presentes al momento de la votación.

Hasta agosto, el fondo jubilatorio constaba de ¢453.666 millones, según los estados financieros del régimen.

Al establecerse que, como mínimo, un 30% de los recursos del fondo debe ser invertido en "títulos emitidos por el sector público", al menos ¢136 mil millones serán colocados en bonos de inversión del Estado.

En cuanto a este piso, la Corte Suprema de Justicia consideró que el porcentaje “es razonable” por las condiciones del “mercado bursátil costarricense, donde participan la mayoría de emisores públicos”. Así lo expuso la institución en una declaración enviada a este diario.

Por otra parte, entre las facultades legales autorizadas por los diputados a los administradores del fondo, se aprobó disponer de hasta un 25% del dinero en operaciones de crédito, pero no por vía directa, tal como lo pretendía el diputado Jorge Arguedas, del Frente Amplio.

Eso significa que el fondo de pensiones podrá prestar dinero, a través de bancos estatales, cooperativas, cajas de ahorro, asociaciones y sindicatos de servidores judiciales, hasta un total de ¢113.000 millones.

La administración del fondo estará en manos de un nuevo órgano creado por representantes de la Corte y de sus gremios.

La moción donde se establecen las autorizaciones de dar préstamos y hacer inversiones con recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones fue propuesta por el Partido Liberación Nacional (PLN) y aprobada con apoyo del Frente Amplio.

Aunque diputadas como Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Natalia Díaz, del Movimiento Libertario, tienen dudas de crear estas autorizaciones por vía de ley, en el Poder Judicial no tienen mayor problema.

A través de la oficina de prensa de la Corte, se indicó que actualmente están habilitados para prestar dinero, hasta un 20% del fondo, según la Política de Inversiones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

"Se considera que el nivel definido no contradice significativamente la posición ya adoptada por la administración actual del citado fondo", respondió la Corte.

Además de préstamos personales, de vivienda y de otros tipos, la ley reitera la autorización para que se preste dinero al Poder Judicial para comprar terrenos, ampliar remodelaciones, reforzar o construir edificios para la Corte.

No obstante las autorizaciones legales, la junta administradora a cargo del fondo estará obligada a hacer un estudio anual de su cartera de créditos, según los parámetros de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y que deberá estar bajo supervisión de la Superintendencia de Pensiones (Supén).

En criterio de los actuarios de la UCR, "la eventual participación del fondo en operaciones de crédito debe analizarse con sumo cuidado".

"En particular, es necesario considerar que las operaciones de crédito requieren de infraestructura administrativa, personal especializado y experiencia, los cuales implican gastos y también riesgos que deben ser adecuadamente valorados", dijo el IICE en una carta dirigida a los legisladores.

Eso sí, el criterio de los actuarios se refería a la propuesta de Arguedas, plasmada en su informe de minoría, donde planteó la posibilidad de que se dieran préstamos de forma directa o por intermediarios.

La libertaria Natalia Díaz insistió en que, según criterio de los actuarios de la UCR, no es conveniente estar dando préstamos con dineros del fondo jubilatorio, una vez que entre en vigencia la nueva ley, bajo el argumento de que lo primero es consolidar la sostenibilidad y, después, pensar en las inversiones.

"Están haciendo del fondo una banca de segundo piso, porque les permiten dar créditos sin la debida supervisión. La UCR pidió ser conservadores en ese asunto", manifestó la diputada Marcela Guerrero.


Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.