Aarón Sequeira. Hace 2 días
La discusión sobre la reactivación de la pesca de arrastre quedará suspendida al menos por un mes en la Asamblea, mientras la Sala IV analiza la constitucionalidad del proyecto. Foto: Archivo.
La discusión sobre la reactivación de la pesca de arrastre quedará suspendida al menos por un mes en la Asamblea, mientras la Sala IV analiza la constitucionalidad del proyecto. Foto: Archivo.

Aferrados al alegato de que los estudios usados para defender la pesca de arrastre son insuficientes, 17 diputados presentaron una consulta de constitucionalidad que detendrá, durante al menos un mes, el proyecto que revive dicha técnica en el país.

La gestión fue presentada a la 1:04 p. m., ante la Sala Constitucional, y con el apoyo de seis congresistas del Partido Liberación Nacional (PLN), ocho del Partido Acción Ciudadana (PAC), dos del Partido Integración Nacional (PIN) y uno del Frente Amplio (FA).

En el documento, los consultantes alegan la existencia de problemas de constitucionalidad, tanto por la forma como por el fondo, en el expediente legislativo 21.478, Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica.

Respecto a los vicios de forma, la diputada Paola Vega, del PAC, y los demás firmantes del documento señalan que el proyecto incumple con la referencia expresa a los dispositivos para excluir otras especies de las redes de arrastre.

Precisamente, en el voto 2013-10540 los magistrados constitucionales establecieron que cualquier iniciativa que pretenda revivir esa arte pesquera debía hacer referencia expresa a los dispositivos para la disminución de captura incidental.

Además, según los congresistas, la ley debe contar con la demostración científica de que los dispositivos autorizados para la pesca de arrastre reducen significativamente la captura de otras especies.

De igual forma, la gestión enfatiza que el estudio realizado por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) es insuficiente para determinar que la pesca de arrastre sea sostenible, tal como lo señalaron el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa Rica y el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA).

Para ambas dependencias universitarias, los resultados del estudio del Incopesca no son concluyentes ni representativos de la costa pacífica, pues los muestreos se realizaron durante un periodo de apenas tres meses (octubre-diciembre del 2018) y solo se hicieron en tres puntos de pesca, en la zona externa del golfo de Nicoya.

Por otra parte, las muestras se obtuvieron en zonas que estaban bajo la influencia del fenómeno de El Niño, lo que incide en la distribución, abundancia y patrones reproductivos de las especies, a diferencia de las condiciones climaticas estables.

Además, los informes académicos criticaron que los datos utilizados por el Incopesca sobre la madurez sexual de los individuos de camarón son del 2009 y también dejaron ver que hubo debilidades estadísticas, por cuando se utilizaron promedios y no datos analizables.

Tanto el Cimar como la UNA determinaron que el número de pruebas hechas fue bajo y que no se contaba con datos sobre si la fauna de acompañamiento capturada en la red de arrastre eran individuos juveniles o adultos, información relevante para determinar el efecto real de dicha técnica.

Como falla relevante en los estudios realizados, las entidades académicas determinaron que solo se hicieron arrastres, en ese periodo de dos meses, durante dos horas, cuando la pesca tradicional tiene jornadas de seis horas.

“Organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia (como Marviva) y representantes de los pescadores de Guanacaste también han señalado sus preocupaciones”, advierte la consulta enviada por los diputados a la Sala IV.

De igual manera, los legisladores señalan que el estudio de Incopesca omite toda información referida al impacto de las redes de arrastre sobre el suelo marino, que precisamente fue uno de los alegatos fundamentales del voto constitucional del 2013.

Igualmente, se enfatizó en que la iniciativa promovida por Melvin Núñez, diputado de Restauración Nacional, incumple los votos de la Sala IV sobre la necesidad de analizar la biomasa existente, así como el impacto sobre el ecosistema y la eventual afectación a los pescadores artesanales.

Requisitos del proyecto incumplidos

De acuerdo con la gestión de Paola Vega y compañía, durante el trámite legislativo del proyecto se incumplió con el requisito de demostrar que se puede lograr una reducción significativa de la captura incidental de otras especies marinas, así como el análisis de la biomasa existente, el impacto ambiental de la pesca de arrastre y la sustentabilidad de esa actividad.

Así mismo, añade, tampoco se analizó la afectación a pescadores artesanales, terceros interesados y la comunidad en general. Además, reclama la falta de coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y las universidades para hacer los estudios sobre la pesca de arrastre.

Por otra parte, los diputados indican que, poco antes de aprobarse el proyecto de ley en primer debate, se acogió una moción que es prácticamente un texto sustitutivo. No obstante, argumentan, la nueva redacción no se dio a conocer de forma pública antes de la votación en el plenario.

Reclamos de fondo

En cuanto a los reclamos por el fondo del proyecto, los firmantes de la consulta detallaron que la iniciativa viola los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, así como normativa internacional que comprometen al país en materia de protección de los mares, los recursos naturales y la biodiversidad.

Entre esa normativa internacional, la Sala Constitucional había enumerado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas, la Carta Mundial de la Naturaleza, la Convención sobre Diversidad Biológica y la Declaración de Río.

Así mismo, los congresistas señalan una violación al artículo 21 de la Carta Magna, el cual establece el derecho a la vida, que los magistrados constitucionales han entendido como relacionado con el derecho a la salud, así como del artículo 50, en que se establece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

También indican una presunta incompatibilidad con el principio de no regresión ambiental, puesto que la iniciativa, al revivir la pesca de arrastre, no dejaría expresa una prohibición a que se realice en áreas silvestres protegidas.

Aunque los magistrados constitucionales tienen, por ley, un mes de tiempo para resolver esta consulta facultativa de los diputados, en realidad se prevé que no se emita una respuesta antes de febrero, por el cierre judicial de fin y principio de año.