Política

12 de 18 magistrados de la Sala IV se han inhibido de resolver sobre plan de pensiones judiciales

Seis propietarios y seis suplentes se han apartado de tomar un criterio sobre la reforma legislativa por ser funcionarios o bien, por haber cotizado a ese régimen jubilatorio en algún momento

De los 18 magistrados que tiene a disposición la Sala Constitucional para resolver la consulta facultativa de constitucionalidad sobre la reforma al régimen de pensiones judiciales, 12 han presentado la inhibitoria para no tomar una decisión sobre ese plan.

Se trata del proyecto que cerraría el hueco de 5,3 billones de colones en este sistema de jubilaciones, mediante cambios, por ejemplo, a la edad de pensión y al monto que reciben los funcionarios retirados, que hoy alcanza hasta 9 millones de colones mensuales en los casos de algunos exmagistrados.

El 1.º de noviembre, los seis jueces propietarios de la Sala IV se inhibieron de conocer ese asunto en vista de que ellos cotizan para recibir estas pensiones. La magistrada suplente Rosa María Abdelnour les aceptó esa petición.

Se trata de Ernesto Jinesta, Fernando Cruz, Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar, Paul Rueda y Nancy Hernández.

Junto con ellos también se inhibió el suplente José Paulino Hernández, quien desde hace dos años ocupa la silla que dejó vacante Gilberth Armijo cuando se jubiló, puesto para el cual los diputados aún no eligen un nuevo ocupante.

La decisión de los magistrados motivó que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia realizara un sorteo para que la Sala Constitucional se constituyera con siete suplentes y empezara a estudiar la consulta de constitucionalidad.

No obstante, cuatro de esos siete suplentes también se inhibieron porque son jueces de carrera y, por tanto, funcionarios judiciales que han contribuido con el fondo jubilatorio.

Así lo confirmó este martes el magistrado suplente Jorge Araya, quien fue el encargado de resolver esas cuatro inhibitorias.

Además, el propio Araya presentó una inhibitoria porque él ha sido suplente desde el 2005 y, aunque no es funcionario de la Corte ni tiene la opción de pensionarse por ese régimen, ha cotizado por amplios periodos y podría incluso beneficiarse de la nueva legislación.

“Por mucho tiempo contribuí al fondo. Como no he acumulado 30 años, solo puedo jubilarme por el régimen de la Caja, pero el proyecto establece que sí pueden, las personas que han cotizado para el régimen judicial y que no se van a pensionar con él, migrar las cuotas de un régimen a otro”, explicó Araya.

En síntesis, con Araya suman seis magistrados propietarios y seis suplentes que han solicitado apartarse del estudio de ese proyecto de ley, cuya consulta llevó a la Sala Constitucional el diputado frenteamplista Jorge Arguedas, junto con una decena de legisladores más.

La Nación confirmó, a través de una consulta en la Secretaría del Directorio del Congreso, que el tribunal constitucional no ha solicitado la copia del expediente para resolver la consulta de Arguedas.

El frenteamplista llevó la consulta a sede constitucional desde principios de noviembre y, aunque la ley establece que se debe resolver en un mes, en la Sala Constitucional se interpreta que el mes empieza a correr desde el momento en que tengan en sus manos el expediente en consulta.

Además, Araya confirmó que, hasta que no se integre definitivamente la Sala que va a resolver la consulta, no se pedirá el expediente legislativo.

El principal objetivo de la reforma aprobada el 30 de octubre es cerrar el déficit de $5,3 billones que hay en el Fondo de Pensiones Judiciales, según lo advertido por estudios actuariales de la Universidad de Costa Rica.

Entre los principales cambios a la situación de jubilación figura subir la cotización de los empleados de un 11% a un 13% de sus salarios, aumentar la edad para pensionarse a 65 años e imponer un tope de ¢4 millones como monto máximo mensual de pensión.

Actualmente algunas pensiones judiciales superan los ¢9 millones. Con la reforma vigente se le cobrará una contribución solidaria a esas pensiones que se mantengan por encima de los ¢4 millones, tasa que oscilará entre un 35% y un 55%.

Además, se otorgará un monto de pensión del 83% del salario promedio de los últimos 240 sueldos y no el 100% de los últimos 24, como sucede hoy.

Conformación del tribunal en proceso

Tanto Araya como Abdelnour explicaron que es muy posible que haya alguno de los últimos suplentes en integrarse a la Sala que quiera y deba inhibirse, por sus condiciones de funcionarios y jubilados judiciales.

En ese caso, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los propietarios deberan reintegrarse al tribunal, pese a que inicialmente se habían inhibido.

“Si se inhiben en esta segunda conformación algunos suplentes, como ya no habría más, entonces habría que echar mano de los propietarios. La Ley Orgánica establece que, cuando la causal de inhibitoria del suplente es la misma que la del propietario, el propietario deberá conocer el asunto. Al final, la Sala podría eventualmente quedar integrada entre propietarios y suplentes”, comentó Araya.

La semana pasada, la presidencia de la Corte Suprema hizo un segundo sorteo para que se integraran a la Sala los últimos cuatro suplentes que quedaban disponibles, en lugar de los cuatro a los que Araya les había aceptado la inhibitoria.

Araya también pidió inhibirse, pero esa solicitud la deberá resolver Abdelnour porque es la suplente con más tiempo en esas funciones. Además, Araya cree que dos más podrían solicitar abstenerse de esa discusión. Entonces, habría que llamar a dos propietarios.

Hasta que eso no suceda, confirmó Araya, no se pedirá al Congreso que les proporcione el expediente legislativo sobre la reforma a las pensiones judiciales.

Abdelnour descartó que la razón para que la Sala no haya pedido el expediente sea otra que la integración del tribunal.

La Nación le consultó a la magistrada si hay alguna especie de presión de la Sala Constitucional para que la Asamblea haga el nombramiento de los 12 suplentes constitucionales, antes de que les venza su periodo, el 17 de diciembre próximo.

“No tendría la Sala por qué hacer eso, ni moral ni legalmente. Si usted está nombrado y lo tiene vigente, su deber es que, lo que le pongan en conocimiento, verlo. Sé que la Sala tiene un mes a partir de que está integrada, para ver la consulta, lo que no sé es si ya está integrada”, comentó Abdelnour.

Comisión recomienda nombres para 12 suplentes

Este lunes, la Comisión de Nombramientos aprobó los nombres de las 12 personas que le recomendará al plenario que se elijan como suplentes.

Entre esos nombres están Rosa María Abdelnour, Jorge Araya García, Martha Esquivel Rodríguez, Anamari Garro Vargas, María Lucila Monge Pizarro, Aracelly Pacheco Salazar, Ana María Picado Brenes, Hubert Fernández Argüello, José Paulino Hernández Gutiérrez, Ronald Salazar Murillo, Cristhian Enrique Campos Monge y Alejandro Delgado Faith.

Para elegir a los suplentes se realizan votaciones secretas en el plenario y cada uno de los nombres propuestos debe contar con al menos 38 votos para acceder al cargo.

El 14 de noviembre, los magistrados propietarios advirtieron, a través de un comunicado de prensa, que la Sala Constitucional dejará de funcionar a partir del 17 de diciembre si el Congreso no hace el nombramiento de los suplentes, puesto que tampoco ha elegido el magistrado propietario en lugar de Armijo.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.