Un total de 10 organizaciones recibieron autorización del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para desarrollar y difundir encuestas y estudios políticos de cara a los comicios del 6 de febrero del 2022.
El grupo incluye a cuatro entidades universitarias: la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Latina, el Programa Estado de la Nación y el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Por otra parte, se inscribieron las empresas CID Gallup Latinoamérica S. A., Demoscopía, Opol Consultores y Comunicación, Índice, Enfoques, así como Blanco y Sánchez Consultores S. A.
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Los interesados tuvieron hasta el 27 de octubre para inscribirse ante la Dirección General del Registro Electoral. Inicialmente, 12 firmas presentaron sus documentos con el propósito de recibir la autorización. Sin embargo, Latin Vector y Territorial quedaron por fuera.
Al momento de publicar una encuesta o sondeo, cada una de las organizaciones deberá presentar los documentos con una ficha técnica, donde se indique la cobertura geográfica, datos sobre el muestreo, cuestionarios, listas de los participantes, fechas y las identificaciones de las personas físicas o jurídicas que contrataron el estudio.
“La legislación electoral prohíbe la difusión o publicación por cualquier medio, sea parcial o total, de sondeos de opinión y encuestas relativas a procesos electorales que provengan de entidades que no se hayan registrado ante la institución”, recalcó el Tribunal.
El Código Electoral establece multas para quienes incurran en publicar información como encuestas y sondeos de carácter político-electoral sin estar autorizados, o bien, después del periodo permitido. Las sanciones van desde los dos hasta los 50 salarios base, es decir, desde los ¢924.000 hasta los ¢23 millones.
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Según establece el reglamento para las encuestadoras, en el caso de que se presente alguna denuncia por infracción en las encuestas o por irregularidades graves en su elaboración o difusión, el TSE valorará la admisibilidad de la gestión. Una vez admitida, se deberá remitir al Tribunal la información que se requiera, en un plazo máximo de tres días.
El Código Electoral estableció la obligatoriedad de inscribirse ante el TSE para desarrollar estudios políticos tras la segunda ronda electoral del 2018, cuando se divulgaron encuestas de la firma Opol Consultores sin informar al público que habían sido encargadas por el equipo de campaña de Fabricio Alvarado, entonces candidato de Restauración Nacional. La empresa publicó seis resultados, en lo cuales Fabricio superaba por más del 10 puntos porcentuales al actual presidente de la República, Carlos Alvarado.