Aarón Sequeira. 30 octubre, 2017
Aunque el PAC apoyaba que se integrara la junta administradora del Fondo de Pensiones Judiciales con tres miembros independientes, no logró mantener este cambio en la reforma legal aprobada este lunes, debido a una alianza entre el PLN y el Frente Amplio.
Aunque el PAC apoyaba que se integrara la junta administradora del Fondo de Pensiones Judiciales con tres miembros independientes, no logró mantener este cambio en la reforma legal aprobada este lunes, debido a una alianza entre el PLN y el Frente Amplio.

Diputados del PLN y del Frente Amplio (FA) se unieron, este lunes por la mañana, para aprobar un cambio en el proyecto de reforma a las pensiones judiciales, el cual permitirá que la Corte y sus gremios sigan administrando solos el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.

Luego de aprobado ese cambio en el proyecto de ley, legisladores de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y de Acción Ciudadana (PAC) atacaron a liberacionistas y frenteamplistas por impedir que haya una supervisión externa adicional. Alegaron que el Fondo de Pensiones permanecerá en manos de quienes lo han llevado a la situación de insolvencia actuarial actual, que se estima en ¢5,3 billones.

El acuerdo de Liberación Nacional y del FA elimina la figura de miembros independientes en la junta administradora del fondo, que se encargaría de supervisar el manejo de los recursos provenientes de las cotizaciones del Estado y de los trabajadores.

El texto que salió de la comisión establecía que la junta tuviera dos miembros designados por la Corte Plena, dos por las organizaciones de trabajadores, junto con tres miembros independientes, que debían cumplir características técnicas y de supervisión del fondo: en total, siete miembros. Así lo pretendían el PAC y el PUSC.

Sin embargo, ahora, con la modificación aprobada por el Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio y varios legisladores independientes y de fracciones unipersonales, esa junta administradora se integrará por tres miembros designados por los magistrados de la Corte y tres nombrados por los empleados judiciales.

Reforma aprobada por los diputados a las pensiones judiciales.
Reforma aprobada por los diputados a las pensiones judiciales.

Entre los defensores de la modificación, la verdiblanca Sandra Piszk defendió que se integre la junta de esa manera. Argumentó que habría supervisión de la Superintendencia de Pensiones (Supén) y que eso cumple con los parámetros del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

Tanto Marcela Guerrero, del PAC, como William Alvarado, jefe de la fracción del PUSC, dijeron que no es sano ni conveniente mantener el Fondo en manos de quienes lo han administrado hasta ahora. La diferencia sería, finalmente, que el proyecto de reforma a las pensiones judiciales cree una junta que antes no existía.

Hasta ahora, el fondo ha sido administrado por el Consejo Superior de Administración del Poder Judicial, cúpula que tiene en sus manos todos los aspectos administrativos de la Corte.

Por su parte, el frenteamplista Jorge Arguedas alegó: "No se pueden violar acuerdos ni convenciones ratificadas por Costa Rica con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ni las cartas de la ONU (Organización de Naciones Unidas) sobre la independencia de la judicatura. Los jueces necesitan independencia física y financiera, un régimen jubilatorio que sostenga su estilo de vida".

Aparte de la moción sobre la administración del fondo, el PLN y el FA también aprobaron una moción para crear un artículo nuevo sobre las potestades de inversión de los dineros del fondo que tendrá la nueva junta administradora.

Aunque originalmente se tenía previsto que Liberación aprobara una moción frenteamplista para mantener el costo de la administración del fondo en manos del Estado, o sea, la moción de reiteración 41, esta fue rechazada.