El 23 de junio del 2014, Costa Rica estaba embriagada por los triunfos de la Sele en la Copa Mundial de Fútbol en Brasil.
Ese mismo día, el país lograba alcanzar la cúspide de otro campeonato, a escala cultural. Por primera vez, Costa Rica lograba inscribir bienes arqueológicos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.
Desde esa fecha, los sitios con esferas precolombinas Finca 6, Batambal, Grijalba y El Silencio –ubicados en el cantón de Osa, Puntarenas– integran ese prestigioso listado. Este hecho representa un privilegio, pero a la vez un compromiso muy serio.
Un gran reto. Un poco más de un año después de aquella conquista, el país intenta tomar las riendas de una tarea titánica que apenas comienza.
Varios especialistas involucrados con el tema coinciden en que, si bien Costa Rica está ejecutando acciones para cumplir con esta obligación, se trata de un país primerizo o debutante, al menos en cuanto a la gestión de patrimonio cultural mundial.
“La inscripción de un bien en la Lista del Patrimonio Mundial no es el final del proceso, sino más bien el comienzo de una gran responsabilidad en cuanto a garantizar que el bien sea protegido y manejado eficientemente”, dijo Montserrat Martell, del Programa Cultura de la oficina de Unesco para Centroamérica y México.
La institución que ha asumido ese liderazgo es la misma que estuvo detrás de la postulación: el Museo Nacional de Costa Rica.
El lema “despacio y con buena letra” parece ser el que describe la labor de esa entidad frente a este reto monumental.
Rocío Fernández, directora del Museo Nacional y el arqueólogo de esa institución, Francisco Corrales, indicaron a La Nación que la prioridad inmediata es cumplir con las seis [[BEGIN:INLINEREF LNCPGL20150724_0006]] recomendaciones específicas que Unesco[[END:INLINEREF]] definió para Costa Rica en el documento oficial de la declaratoria.
Para diciembre próximo, debe estar listo un primer informe, donde el Museo tendrá que detallar las acciones ejecutadas para cumplir las recomendaciones.
Apenas empieza. El trabajo no termina en ese reporte. Para el año 2020, Costa Rica deberá dar su primer informe periódico. Martell detalló que se trata de un documento solicitado cada seis años por el Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco.
En este debe constar claramente qué están haciendo los países para mantener el “valor universal excepcional” de cada uno de los bienes declarados y los aspectos de “integridad”, “autenticidad” y “conservación”.
En ese punto es que, tanto las autoridades del Museo Nacional como algunos observadores externos, consideran que Costa Rica apenas da sus primeros pasos.
La razón: es la primera vez que el país se enfrenta a la conservación de bienes que son patrimonio mundial. El primer gran cambio, señalan, está en la forma tradicional de hacer las cosas.
“Este ha sido u año de pequeños acomodos. El gran problema es que Costa Rica no tiene un marco legal ni una estructura administrativa para la adecuada gestión del patrimonio cultural mundial, como sí existe para el patrimonio natural por medio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinac)”, señaló la arqueóloga Ifigenia Quintanilla, especialista en esferas precolombinas y representante local del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos).
Martell coincide con Quintanilla en que este primer año significó una “transición hacia nuevos modelos de gestión y gobernanza de los sitios”. Ese nuevo modelo va más allá de una visión localista y significa mucho más que restaurar unas cuantas esferas y estructuras de piedra.
“Debe responder a cinco requisitos, más conocidos como las 5C: credibilidad, conservación, capacitación, comunicación y comunidades”, aclaró Martell.
En un mundo ideal para poder cumplir con eso cinco “mandamientos” es indispensable un plan de gestión integral diseñado a largo plazo, en el que están llamadas a participar varias entidades.
“Este no es un trabajo exclusivo del Museo Nacional ni de instituciones que le ayudan al Museo. Es lograr articular al Estado costarricense desde diferentes instancias para gestionar el patrimonio”, opinó Quintanilla.
Tanto Fernández como Corrales reconocieron que, si bien el Museo está a la cabeza en esta misión, se trata de un proyecto país, por lo que el esquema de trabajo debe evolucionar. Actualmente, el Museo recibe apoyo de varias instituciones, como el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y la Escuela de Química, ambos de la Universidad de Costa Rica; del Instituto Costarricense de Turismo y del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, entre otras.
Sin embargo, por ser entidades independientes que funcionan bajo sus propias reglas y plazos, los resultados se mueven a paso lento.“Definitivamente Costa Rica está aprendiendo a manejar y gestionar su patrimonio mundial”, declaró Corrales.
Para el arqueólogo, empezar de cero también tiene ventajas.
“Es mejor llevar las cosas con calma, pues la declaratoria estableció un valor universal para todo estos sitios, entonces todas las acciones que se vayan a ejecutar deben medirse cuidadosamente para no afectar ese valor”, comentó Corrales.
Ese argumento justifica el hecho de que hasta esta fecha, solo Finca 6 está abierta al público.
Corrales explicó que, antes de abrir los demás, es necesario equipar cada lugar con la infraestructura necesaria, sistemas de información y personal capacitado para que el público pueda apreciar nuestro tesoro.
Estas adecuaciones se deben realizar tras conocer la capacidad de carga de cada sitio.