El obispo de la Diócesis de Ciudad Quesada, Ángel San Casimiro, reconoció ayer que financió en dos oportunidades la estadía del sacerdote prófugo Enrique Vásquez Vargas en un albergue mexicano para religiosos.
Vásquez, investigado por abusos deshonestos contra un menor, estuvo en Casa Alberione (Guadalajara) en el 2000 y en el 2002.
San Casimiro conocía desde 1998 los problemas legales de su subalterno, así como los esfuerzos de la Fiscalía –órgano acusador del Estado– por localizarlo.
Aún así, el prelado nunca reveló el paradero de Vásquez. Ese silencio, conforme el obispo, no pretendía ayudarlo a evadirse de la justicia, sino más bien darle tiempo para que se preparara.
El obispo sostuvo, además, que en ningún momento la Fiscalía le solicitó que sirviera de informante en cuanto conociera el paradero del sacerdote.
Atención en México
El primer ingreso de Vásquez a Casa Alberione tuvo lugar en el 2000, cuando un sacerdote de Puerto Rico –radicado en Estados Unidos– contactó a San Casimiro y le solicitó ayuda para financiar el internamiento.
Ese centro atiende a religiosos de México y Centroamérica con problemas emocionales.
El obispo recordó que en esa ocasión aportó “muy poquito, si acaso unos $1.000 (¢437.000 al tipo de cambio actual)”.
“Era un sacerdote mío y estaba enfermo. Por supuesto que le dije (al puertorriqueño): yo colaboro”.
Una factura por servicios de psiquiatría, fechada en abril del 2000, apareció en el expediente de Vásquez durante el allanamiento que efectuó la policía judicial en la Curia Diocesana de Ciudad Quesada, a finales del 2003.
Según la defensa del niño afectado (ahora tiene 21 años), dicha factura demuestra que las autoridades eclesiásticas conocían el paradero de Vásquez.
“Si yo hubiera tenido mala fe, no hubiera dejado rastro. Yo mismo la hubiera roto (la factura)”, comentó el prelado.
La segunda ayuda económica, cuyo monto el obispo no pudo precisar, se registró en el 2002.
El cura prófugo permaneció en el albergue mexicano hasta diciembre de ese año.
“Mi pago fue para que atendieran a un enfermo. Yo lo ayudo no para que evada la justicia, sino para que pueda enfrentarla con un poquito de dignidad.
“Cuando terminó el tratamiento, dijo que iba a volver a Costa Rica para enfrentar su causa, pero no lo hizo. Desde entonces no hemos tenido contacto”, aseveró San Casimiro.
Una llamada
Durante la permanencia de Vásquez en Estados Unidos (en el 2002), las autoridades eclesiásticas de Connecticut se enteraron de la existencia de la causa penal.
El cura recibió la orden de no prestar más servicio sacerdotal y por eso se marchó. El obispo consiguió su teléfono celular y lo llamó a los Estados Unidos.
“Al preguntarle hacia dónde iba, respondió que por el freeway (autopista), pero que no sabía qué iba a hacer. Le dije que regresara a Costa Rica, que no podía andar como un judío errante.
“Respondió que no tenía fuerzas; lo sentí derrotado. Tuve miedo de que cometiera una tontería”, relató ayer el obispo.
San Casimiro recibió, entre 1999 y el 2003, varios comunicados del Ministerio Público en los que solicitaba información sobre el paradero de Vásquez, pero, en sus respuestas, el obispo siempre alegó desconocerlo.
El último rastro de Vásquez se halló en Honduras, país del que huyó en marzo, cuando estaba por llegar una orden de captura internacional en su contra.
La primera denuncia contra Vásquez se presentó en marzo de 1998, pero la familia del sacerdote llegó a un arreglo económico con la víctima.
El hermano menor de la víctima también lo denunció por abusos, en diciembre de 1998. Ese mes, el cura huyó de Costa Rica.