Infraestructura

Viceministro admite incertidumbre sobre modelo de futura revisión vehicular

A siete meses de vencer contrato no se ha pedido prórroga ni se define cartel

Es un hecho que la revisión técnica dejará de ser como la hemos conocido en los últimos 20 años, sin embargo, a siete meses de que se venza el contrato con la empresa Riteve SyC, las propias autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) desconocen bajo cuál figura se brindará el servicio que es un requisito para todos los automotores que transitan en el país.

El viceministro de Transportes, Eduardo Brenes, explicó a La Nación que actualmente enfrentan una maraña legal que impide dilucidar con exactitud el futuro de este servicio.

Por un lado, la Ley de Tránsito indica en su artículo 25 que el Cosevi debe otorgar “autorizaciones” a los centros que realicen la inspección vehicular. Por otro, dijo el funcionario, otras leyes impiden que los servicios públicos se brinden bajo esta figura de autorización y más bien se establece que deben ser concesionados.

Además, también existe un principio constitucional de “no regresión ambiental”, que se vería afectado en caso de que se considere un modelo como el que se utilizaba en la década de los 90, donde la revisión era brindada por talleres independientes en todo el país, con serios cuestionamientos de calidad y posibles irregularidades.

De acuerdo con Brenes, la Administración venía trabajando en la documentación para sacar a concurso el servicio, ya fuera por medio de permisos o promoviendo ante instancias competentes un cambio que permitiera hacer una licitación abierta, donde se contemplara el principio de no regresión. No obstante, en medio de ese proceso fueron notificados de una acción de inconstitucionalidad presentada precisamente contra el artículo 25 de la Ley de Tránsito.

De esta forma, dijo, la Administración debía tomar una decisión pues si seguía el proceso para sacar una licitación, corrían el riesgo de que en el corto plazo la Sala declarara con lugar la gestión y entonces quedarían sin marco jurídico suficiente para seguir el camino de las autorizaciones.

“Si la Sala admite la inconstitucionalidad de dicho artículo, el proceso para ir a una licitación quedaba en el aire, en cualquiera de las dos situaciones, si el Estado adjudica por la vía de autorización o por la vía de licitación el servicio de revisión técnica. Habiendo ya escogido empresas que brindaran el servicio, viene un fallo que cambia todo el marco jurídico y el Estado quedaría en una situación difícil porque recién habría adjudicado un servicio y tendría que volver a atrás, lo cual podría ponernos en una situación legal y de apelaciones de mucha monta”, explicó.

Prórroga pendiente

El viceministro sostuvo que ahora dependen de esclarecer el marco jurídico para determinar cuál sería el camino a seguir, sin embargo, mientras eso ocurre también se enfrentan a la disyuntiva sobre si es viable o no pedir una prórroga a la Contraloría General de la República para que Riteve continúe operando vencido el plazo contractual.

“Si son autorizaciones, es por el artículo 25 que es el que está impugnado, y si es por licitación tendría que tener una justificación de los temas ambientales y constitucionales y que una autoridad superior, como la Procuraduría o la Contraloría, permitieran ir a un proceso licitatorio ignorando el proceso de permisionarios. Ambos escenarios quedan en el aire ante la acción porque no sabemos qué va a decidir la Sala”, agregó.

Aunque semanas atrás el Cosevi acordó solicitar ante la Contraloría permiso para prorrogar el convenio con Riteve SyC, dicha solicitud no se ha formalizado y más bien lo que se envió fue el acuerdo y una serie de cronogramas y requisitos que el ente contralor había pedido aclarar, tras revelar en dos informes el lento avance del proceso de transición.

Brenes insistió en que la solicitud de prórroga debe definirla la Administración, pero para eso necesitan tener definido el proceso sobre el cual se va a trabajar.

Consultado sobre la premura por el próximo vencimiento, el encargado del sector de Transportes aseguró que ya cuentan con un cartel base, que era el que estaban elaborando antes de que se presentara la acción ante la Sala IV. Según dijo, aun en caso de que deban acudir a la figura de permisionarios, la Administración podría diseñar una serie de medidas que también han sido estudiadas, a fin de que no se repita lo ocurrido hace más de 20 años.

Además, todavía tienen que determinar cuál sería el número óptimo de operadores, en caso de que se opte por esa figura.

“La principal preocupación es cómo no dejar al usuario sin el servicio y caer un vacío de revisiones técnicas que puede aumentar la contaminación y los accidentes. Estamos actuando con ese horizonte muy amplio de carácter técnico y legal para que se llegue a la mejor medida”, concluyó.

Antes de la operación de Riteve, la verificación del estado de los vehículos se realizaba mediante el “Ecomarchamo”.

Ese servicio había sido autorizado a unos 80 talleres en 1997, sin embargo, en más de la mitad se encontraron irregularidades, por lo que se optó por una revisión integral en 1998 y en el 2002, mediante ley, se concesionó a Riteve SyC por un periodo de 10 años con la posibilidad de una única prórroga por 10 años adicionales, que concluyen el próximo 22 de julio del 2022.

Patricia Recio

Patricia Recio

Bachiller en Periodismo de la Universidad Internacional de las Américas. Escribe sobre temas de sociedad y servicios.

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