La carretera entre Paquera y Playa Naranjo, cuya fecha de entrega estaba prevista para el pasado 30 de abril, sufrió un nuevo atraso y ahora sería hasta el 28 de julio cuando la obra esté lista.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) otorgó a la empresa española Azvi, a cargo del proyecto, una prórroga adicional, luego de que la constructora presentara un reclamo de tiempo compensable por lluvias ocurridas el año pasado.
El viceministro de Infraestructura, Tomás Figueroa, aseguró que luego de una visita realizada al proyecto, la semana anterior, hallaron que el movimiento de tierras se encuentra muy avanzado. Además, se logró finalmente concluir con el traslado de servicios, y la colocación de la subbase tiene un 50% de avance.
Al mismo tiempo, dijo, se empezó a colocar en algunos tramos la base estabilizada y se espera que dentro de tres semanas se esté poniendo el asfalto.
De los tres puentes mayores que se debían construir, solo uno se ha completado. Los dos restantes tienen un 75% de avance.
En general, la obra presenta un avance del 55%.
Sin embargo, el viceministro dijo que un 40% de lo que falta corresponde a la capa asfáltica.
La construcción del tramo de 21 kilómetros inicialmente debía estar lista en setiembre del año pasado.
El MOPT ya había otorgado dos prórrogas a la empresa española: en primera instancia, el plazo se había extendido hasta el 20 de diciembre del año pasado, y posteriormente, se alargó al 30 de abril.
En total, a la compañía se le reconocieron 325 días, adicionales a los 365 días que establecía el contrato. Los principales atrasos fueron atribuidos a problemas con expropiaciones y relocalización de servicios.
El viceministro añadió que también incidió la comunicación sobre el alcance del proyecto.
“El movimiento de tierras es equivalente a 140.000 vagonetas (...); el proyecto obedece a un estándar de diseño, que mejoró pendientes, se modernizaron las obras de drenaje (...). Estamos haciendo una carretera prácticamente nueva, no era echar asfalto”, explicó.
La empresa contratada debía encargarse de la estabilización de taludes y mejoras en el trazado, así como de la construcción de los tres puentes mayores y el asfaltado de los 21 kilómetros.
También se incluyen aceras, bahías de autobuses en las zonas urbanas, y la rehabilitación de los sistemas de drenaje y pasos de fauna.
De acuerdo con un informe con fecha del 30 de abril del 2020, aún se deben resolver algunas expropiaciones, así como movimientos de tierra en el sector del río Gigante.
La obra tiene un costo de $27 millones y es financiada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como parte del Programa de Infraestructura del Transporte (PIT).
Los vecinos llevan más de 10 años esperando el asfaltado de ese tramo de la vía, que evitaría a muchos transportistas y habitantes de la zona tener que depender del ferri peninsular.
En el pasado, incluso realizaron protestas reclamando por el deterioro de sus vehículos, la lentitud para salir en casos de emergencia y problemas de salud a causa del polvo.