La suspensión de la auditora general del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Irma Gómez, duró un día.
El Tribunal Contencioso-Administrativo acogió ayer una medida cautelar solicitada por la funcionaria para anular el acto, mientras resuelve dicha petición.
Desde ayer, Gómez quedó reinstalada en su puesto en el MOPT.
El juez argumentó que no existe un delito grave para tal suspensión. Además, sostuvo que “traería más perjuicio al servicio público y a las arcas del Estado” aplicar la suspensión a la auditora.
El origen de la investigación contra Gómez se remonta al 2010, cuando una exfuncionaria de la Auditoría, que fue separada durante el periodo de prueba –según lo establecido en el Servicio Civil– planteó un proceso contencioso-administrativo.
Dicho proceso judicial concluyó con una condena al Estado, en la que se le obligó a pagar ¢1 millón a la extrabajadora.
Esa sentencia, además, sugirió al MOPT “revisar” las supuestas conductas denunciadas. Es por ello que el MOPT suspendió, el miércoles, a la auditora.
A criterio del abogado de Gómez, José Fabio Ramírez, el Ministerio actuó de mala manera porque no tenía una causa.
“En el caso de doña Irma, no hay una motivación para suspender, puesto que no hay una relación de causa y efecto con lo que solicita el ministro (Carlos Segnini, del MOPT) y la vida real de lo que sucede”, expresó Ramírez.
El ministro de Transportes, Carlos Segnini, explicó que suspender a Gómez no es una sanción ni un castigo, sino una medida necesaria y prudente para garantizar “el sano desarrollo del procedimiento administrativo”.