Servicios de salud, escuelas y cárceles en la mira del Consejo Nacional de Concesiones

Nueva secretaria del Consejo valorará poner en manos de empresas ese tipo de actividades

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

No solo carreteras, también los servicios de salud o las cárceles podrían ser dados en concesión.

Con esa visión inició labores, a mediados de julio, la nueva secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Paola Benavides, quien trae entre sus propósitos ampliar la cartera de proyectos que se podrían desarrollar mediante ese modelo.

“Realmente yo haré un esfuerzo no solo para que el Consejo se muestre como una cara profesional, sino también para que la concesión sea vista como una oportunidad para que el país pueda crecer en infraestructura y servicios”, aseguró Benavides.

La administradora, especialista en Gestión y Políticas Públicas, asume el cargo en momentos difíciles para el Consejo. En febrero de este año, este órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) estuvo a punto de quedar paralizado por falta de presupuesto, pues incluso estaban en riesgo los recursos para pagar los salarios de sus 39 empleados.

Benavides también llega obligada a levantar la imagen de la institución, pues según había dicho a finales de julio el propio jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez, se requería un profesional con liderazgo y un equipo de alto nivel para negociar la ampliación de la ruta 27, concesionada a la empresa Globalvia.

Esa carretera y la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), que construye la empresa APM Terminals, son las únicas concesiones, pues la figura despertó muchos cuestionamientos.

Tanto es así que en abril de 2013, la entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla, anuló el contrato de concesión con la constructora brasileña OAS, ante la protesta de vecinos de San Ramón por la tarifa de peajes que tendrían que pagar por una nueva carretera de 50 kilómetros.

Ante esta panorama, la jerarca es clara en que se requiere un cambio.

Como admite Benavides, para lograr que se puedan incluir otro tipo de servicios en el modelo de concesión, es necesario que el que CNC se alinee con los programas de inversión de los ministerios rectores de otros servicios como sería Salud, Educación o Justicia.

El sector privado recibe esa posibilidad de diversificación con optimismo, como manifestó Gonzalo Delgado, presidente de Uccaep. Desde el sector sindical, en cambio, consideran que la figura no debe trascender a otros servicios.

El último intento de utilizar esa figura para ofrecer un servicio fue en 2002 cuando el Gobierno encargó a una empresa estadounidense la construcción y administración de una cárcel de máxima seguridad en Pococí de Limón, presupuestada en $72,8 millones.

El Estado desistió de la contratación, entre otras razones, debido al alto costo que implicaban los pagos mensuales de $770.000, monto que igualaba el costo de 26 cárceles por un año, en aquel momento.

Actualmente, hay 36 Ebáis de la Caja Costarricense de Seguro Social administrados por la Universidad de Iberoamérica (Unibe). Estos se localizan Montes de Oca, Curridabat y La Unión, además de cuatro cooperativas que también brindan servcicios de salud.

Falta explicar

La jerarca del CNE reconoció que el término concesión se ha convertido en una figura poco aceptada por la población, situación que ella atribuye a mala comunicación.

“Hay que potenciar lo que significa concesión de obra y servicio público, hay que hacer que los usuarios identifiquen cuáles son los beneficios que pueden obtener a través de la figura y es muy importante que estos proyectos tengan impacto socioeconómico para que pueda identificarse el impacto en el desarrollo país”, añadió.

Federico Villalobos, director de Asesoría Financiera de Deloitte, explicó días atrás, cómo podría implementarse ese tipo de gestión a la infraestructura de servicios y la necesidad de ampliar la figura de inversión privada más allá de las carreteras.

“Podríamos pensar en concesiones de escuelas, de hospitales, de agua... y aquí hay que puntualizar algo: no se concesiona el servicio médico, ni educativo, sino que es la infraestructura. De esta manera los directores se pueden concentrar en brindar servicios educativos, mientras la infraestructura está bien desarrollada, igual podríamos hablar de hospitales o tratamiento de agua”, dijo.

En esos casos como educación o salud, sería el Estado el que pague periódicamente por los servicios y no los usuarios, siempre que este cumpla con lo esperado.

“Lo que pasa es que hoy el Estado, para contratar nuevos proyectos, contrata primero el diseño, luego la construcción, luego el mantenimiento y se hace muy engorroso. Lo que hace el Estado con la concesión es contratar en un solo paquete.

“Pasamos a comprar resultados más que comprar una cosa que es lo que venimos haciendo”, añadió.

Criterios divididos

Mientras que para el sector privado es necesaria esa diversificación, el sector sindical se resiste.

“Consideramos que el tema de las concesiones en el sector público quedó muy relegado por la administración anterior, sin que hasta el momento conozcamos las razones por las cuales se tomó esa decisión”, afirmó el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), Gonzalo Delgado .

Para él, la herramienta ha mostrado ser eficiente para realizar obra pública.

“También conocemos que en otros países logra generar entre el 15 y 20% de la obra pública por las concesiones”, agregó.

El representante de los empresarios destacó que para que este tipo de concesión se concrete y diversifique, debe contar con el sustento legal, apoyo y estabilidad económica.

Por su parte, Luis Chavarría, secretario de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), que agrupa el mayor número de empleados de esa institución, aseguró que no ven esta posibilidad con buenos ojos.

“Consideramos que cuando una empresa de estas busca a una institución como la Caja es porque saben que van a obtener importantes ganancias, que van a engrosar sus ingresos”, dijo.

Además, cree que este modelo afectaría la atención de los pacientes, pues quienes trabajan en la entidad tienen una perspectiva de tradición por los años de servicio y “amor al prójimo”, que se traduce en un trato especial a los asegurados. En cambio, dijo, es diferente cuando se trata de empresas que obtienen grandes ganancias.

Paola Benavides: ‘Al CNC le ha faltado liderazgo y empoderamiento’

Además de la intención de analizar otros escenarios en donde se podría aprovechar la figura, Paola Benavides también deberá enfrentar otros ejes que actualmente estaban relegados por la falta de liderazgo que el mismo ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata, dijo que buscaba.

– ¿Cómo encuentra el CNC, a qué se debe prestar atención en este momento?

– En este momento tiene 44 funcionarios, es importante que cada funcionario tenga claro cuál es su rol y función dentro de la institución y cuál es el rol del CNC dentro del proceso de la inversión pública en el país.

“A raíz de eso hay que generar algunas acciones de fortalecimiento institucional que nos lleven a identificar proyectos potenciales para desarrollar por concesiones y que nos lleven a fortalecer los procesos de preinversión para que puedan llegar ya a un análisis de estructuración a través de la figura”.

– El ministro habló de que buscaba a alguien con liderazgo y mencionó el tema de la negociación con Globalvia en la ruta 27, ¿esa fue la principal tarea que le encargó?

– La ruta 27 es uno de los proyectos que hay que abordar desde una forma estratégica, tenemos que pensar en que la ruta 27 tiene elementos técnicos, pero también económicos y financieros y de análisis de riesgo, que hay que poner sobre la mesa para que la Junta pueda tomar decisiones.

“Si bien es una de las tareas más importantes en las que hay que avanzar, no deja de ser la única. Existen otras labores que el Consejo tiene que desarrollar y van a tener que irse avanzando de forma integral”.

– Otro de los proyectos que ha mencionado el ministro que buscaría hacer mediante una concesión es la ruta a Cartago, ¿eso cómo lo van a manejar?

– Creo que el país tiene que pensar en cuáles son las ventajas y los beneficios que puede dar un proyecto en concesión. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando tenemos un proyecto es en formularlo, una vez que esté formulado se puede hacer un análisis sobre cuál sería la estrategia o la figura de ejecución más óptima para desarrollarlo.

“Si el proyecto tiene características para ser desarrollado a través de concesión, no veo ningún problema en que se pueda sustentar y la concesión pueda ser una vía y si no tiene que ser concesión puede ser otra vía, lo importante es que se haga”.

– ¿Cree que el término concesión se ha satanizado? ¿Por qué ha perdido credibilidad?

– Es un poco de falta de comunicación, hay que potenciar lo que significa concesión de obra y servicio público, hay que hacer que los usuarios identifiquen cuáles son los beneficios que pueden obtener a través de la figura y es muy importante que estos proyectos tengan impacto socioeconómico para que pueda identificarse el impacto en el desarrollo país.

– ¿Qué le estaba faltando al Consejo para tomar ese liderazgo en la gestión de la concesión?

– Justamente liderazgo y empoderamiento de parte del Consejo y ver a sus aliados estratégicos como eso, tenemos al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Planificación, al Banco Central y, en la Junta, tres entes del sector privado que pueden apoyar esas alianzas con el Consejo para abordar el tema de inversión pública como modelo de desarrollo, el Consejo no puede estar aislado de la inversión pública.

– ¿Días atrás se habló del modelo de optimización de activos, con el ejemplo de la ruta Cañas - Liberia ¿Han valorado ese tema como una futura concesión?

– No lo hemos entrado a analizar, conozco el tipo de modelo de reciclaje de activos y así como esa carretera pueden entrar muchas otras, lo importante es que el usuario pueda recibir las ventajas de una concesión de obra pública, entonces por eso me gustaría lograr que el Consejo dé un paso hacia adelante en que la ciudadanía reconozca un modelo del cual puede tener beneficios, en vez de pensar inicialmente que es bueno o malo.

– ¿Ustedes empezarían por hacer ese repaso para identificar qué activos se pueden aprovechar?

– Puede ser una posibilidad, lo más importante es que el país apunte al crecimiento económico y si eso es algo que nos va a traer el crecimiento económico, claro que sí lo podemos hacer.

– ¿Han hecho preidentificación de proyectos potenciales que se puedan desarrollar bajo concesión?

– Sí hemos identificado proyectos potenciales en carreteras, ferrocarriles, aeropuertos (...) también escuelas es un servicio en el cual otros países están incursionando mucho, salud y justicia.

– ¿En carreteras, cuáles han estudiado que pueden entrar bajo esa figura?

–Estamos en una etapa de identificación y que los proyectos cuenten con una formulación robusta, porque de previo a decidir tengo que saber cuánto cuesta, cuál es su demanda, tipo de usuario, son cosas importantes que uno tiene que integrar y decidir si va por concesión.

“Se ha dado la costumbre de que tenemos un proyecto en idea y decimos ‘vamos por concesión’ y eso no es así, los proyectos tienen etapas y está la etapa de identificación y formulación. Cuando está formulado, ahora sí podemos decir cuál es el tema de expropiaciones, costos, demanda, tipo de usuarios y a partir de esa información ya yo puedo decidir si el proyecto tiene una potencialidad para irse a un proceso de estructuración en un modelo de negocio de concesión.

“Si hacemos las cosas ordenadas podemos tener proyectos muy exitosos”.