EscucharEl exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, conocía desde antes de iniciar el proceso para contratar a Dekra como encargado de la inspección vehicular que no era posible otorgar una tarifa cero para las reinspecciones cuando se presentara un solo defecto.
Ese ofrecimiento fue una de las razones que el gobierno citó cuando justificó la selección de la firma alemana como permisionario para dar el servicio. Posteriormente, cuando eso no ocurrió, las autoridades responsabilizaron a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), por no permitir dicha anulación en el cobro.
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No obstante, el intendente de Transportes, Edward Araya, aseguró este lunes ante los diputados de la Comisión de Infraestructura, que Amador sabía desde mucho antes que no existía esa opción.
“Tuve varias reuniones con el exministro Amador, él llegó a solicitarme asesoría, le expliqué claramente mucho antes de solicitar la tarifa, él tenía muy claro que hay un servicio al costo (...) Se lo dije varias veces. Puedo dar fe de que le dije eso y un montón de detalles más”, sentenció Araya, al ser consultado sobre el conocimiento del exjerarca de la regulación tarifaria.
La comparecencia del intendente se realizó como parte de la investigación iniciada por esa comisión legislativa, para esclarecer el proceso de contratación que dio como resultado el otorgamiento del permiso para brindar la inspección técnica vehicular a la empresa alemana Dekra, a pesar de que esta había quedado en el segundo lugar de la evaluación dentro del proceso de selección que llevó adelante el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), órgano presidido por el ahora exjerarca Luis Amador.
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El intendente de Transportes, también reveló que el decreto ejecutivo mediante el cual se modificó el reglamento de inspección para obligar a los propietarios de los vehículos a pagar por la revisión completa cuando presentan más de una falla, se firmó apenas cinco días después de que la Aresep realizara la fijación tarifaria que establecía una tarifa de reinspección de ¢2.166.
Ese decreto se publicó a tres días de que la empresa comenzara a operar en el país y le generó ¢1.500 millones durante su primer año de operación.
Por su parte, el regulador general, Eric Bogantes, además, se refirió al margen de ganancia del 16% que fue solicitado por Amador mediante el oficio OF-0482-RG-2022, previo a que se seleccionara la empresa que brindaría el servicio.
Ante el cuestionamiento de los diputados, Bogantes dijo que no se acostumbra que ningún ente rector solicite un margen de utilidad para un contrato de servicios públicos, pues normalmente las solicitudes tarifarias se basan en los datos sobre utilidades promedio en la industria.
La selección de Dekra como encargado de la operación mediante la figura de permisionario de uso en precario se dio en agosto del 2022, mediante un procedimiento que estuvo lleno de polémicas, ya que la firma alemana no era la que presentaba la mejor oferta.
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El exministro del MOPT inicialmente justificó su decisión basado en dudas respecto a la experiencia reportada por la firma que obtuvo el primer lugar, así como señalamientos por supuestos hechos de corrupción de esa compañía en Honduras, sobre los que él mismo había indicado (según consta en actas del Cosevi) no se tenían pruebas y, se creía, se relacionaban más con un funcionario público. Posteriormente, el MOPT indicó en un comunicado que la decisión de escoger a Dekra obedeció a un tema discrecional, para el cual estaba facultado por tratarse de dicha figura de permisionario.
Entre los convocados a comparecer como parte de la investigación que llevan adelante los diputados se encuentra el exjerarca; sin embargo, Amador abandonó el país el viernes anterior tras su destitución debido a supuestas irregularidades en el proceso de contratación para reparar la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia.
