El desalojo de 40 familias que viven en el sitio donde se realizarán las obras de ampliación del puente del Saprissa, en Tibás, entró en pausa, luego de que la Sala Constitucional acogiera un recurso de amparo interpuesto por los vecinos afectados.
El Ministerio de Obras Públicas (MOPT) le notificó a los habitantes del barrio Saprissa que deberían salir del terreno, propiedad del Estado, el 20 de diciembre. Nueve días después, la Sala acogió un recurso de amparo interpuesto por los afectados y ordenó suspender la orden de desalojo, hasta que se dicte sentencia del caso.
LEA: Construcción de puentes sobre ruta 32 y Santa Ana comenzará en enero
La Sala IV también ordenó al Estado otorgar una solución de vivienda, temporal u obligatoria, a quienes serían desalojados.
A partir de la resolución, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) apartó recursos para apoyar a los hogares con el pago de una vivienda por tres meses.
"Una vez que tengamos la lista de las familias, nosotros les hacemos el estudio familiar y las que estén en pobreza o pobreza extrema tienen la posibilidad de recibir el beneficio temporal de alquiler de vivienda. Nosotros les damos el depósito para alquiler y el dinero para tres meses de renta", informó Emilio Arias, jerarca del IMAS.
De acuerdo con Luis Cascante, alcalde de Tibás, los quejosos están dispuestos a "salir pacíficamente" del terreno, pero piden ayuda para conseguir casa, y más tiempo para salir.
"Les dieron 15 días, que se cumplirían más o menos el 18 de enero, cuando se estarían derribando las casas. Lo preocupante es que estamos hablando de 40 familias, son unas 200 personas, que son en un 95% costarricenses, según comprobamos", aseguró Cascante.
Para Vinicio Barboza, jefe de Inspección Vial y Demoliciones del MOPT, es incorrecto dar la alarma de que las familias perderán su casa de manera inminente.
"Si hay menores, se coordina con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Si hay adultos mayores, se coordina con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam). Para el tema de vivienda, se coordina con el IMAS. Hay un trabajo hormiga que siempre se hace y que evidentemente debe ser previo a cualquier desalojo. Nunca hemos vulnerado los derechos de estas personas, pese a que están invadiendo los bienes del Estado", dijo Barboza.
"Los proyectos no pueden quedarse varados por un tema que se puede solucionar mediante la coordinación interinstitucional", agregó el funcionario.
El plan para el puente del Saprissa es construir una nueva estructura de 285 metros de longitud y 14,30 metros de ancho; a 5,50 metros de distancia del puente actual. El objetivo es reducir las presas en ese tramo de la ruta 32, que comunica a San José con Limón.
Además del proceso en la Sala Constitucional, las familias que serían desalojadas interpusieron un recurso de revocatoria ante el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del MOPT, comunicó Barboza. Luego de que esa oficina lo resuelva, la apelación deberá conocerla también el despacho del jerarca de Obras Públicas y Transportes.