La Sala Constitucional le ordenó a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) que en un plazo de seis meses concluya una serie de obras que den mayor seguridad al tramo de poliducto localizado en Siquirres, Limón.
Mediante resolución 2019022554 del 15 de noviembre, los altos jueces declararon parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por Freddy León Casco, adulto mayor, vecino de Siquirres.
Según el quejoso, el robo constante de combustible en la tubería de Recope ha contaminado el río Siquirres al punto de afectar el abastecimiento de agua a la planta potabilizadora del cantón.
En consecuencia, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) suspende de forma constante el servicio, lo cual vulnera sus derechos fundamentales.
El tribunal constitucional confirmó que actualmente hay “un grave problema de contaminación en el río Siquirres” por el derrame de hidrocarburos. Estos, a su vez, son producto de los robos realizados por terceros en ese tramo del poliducto.
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Igualmente, dio por demostrado que esa situación provoca la interrupción constante y por largos períodos del servicio de agua para más de 30.000 personas.
“De este modo, resulta claro que, tanto al tutelado como al resto de habitantes de la referida zona, se les violentan flagrantemente sus derechos fundamentales a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud y al agua potable”, indica la sentencia.
Si bien la Sala considera que Recope ha hecho esfuerzos constantes y oportunos por prevenir las tomas ilegales del poliducto, el proceso para resolver este recurso de amparo evidenció que tales acciones no han sido suficientes y contundentes para erradicar definitivamente la situación.
Esto, explica la Sala, “persiste a la fecha y continúa afectando y vulnerando no solo los derechos fundamentales del tutelado, sino también los de miles de personas más que habitan en el cantón de Siquirres”.
Si bien no puede imputarse a Recope el tema de la contaminación del río, la Sala Constitucional advierte que Recope es responsable de administrar y vigilar el buen funcionamiento del poliducto del país –específicamente del tramo que recorre el cantón de Siquirres– y con esto, es responsable también que los actos analizados no se repitan.
“De este modo, este órgano constitucional estima pertinente acoger el presente amparo en lo que a Recope se refiere, con el objetivo que esta institución ejecute todas las obras que sean necesarias para que la contaminación de las fuentes de agua que abastecen el cantón de Siquirres (producida por el robo y consecuente derrame de combustible), se erradique definitivamente”, indica la sentencia.
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El documento también recuerda que a Recope, en calidad de recurrido, que la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien incumpla una orden dictada dentro de un recurso de amparo. En este caso, la orden se giró a Alejandro Muñoz Villalobos, en calidad de presidente de Recope.
Recope responde
Ante consultas de este diario, la entidad informó al final de la tarde de este miércoles que se encuentra ejecutando un plan de acción para atender la problemática de manera integral con medidas en el corto, mediano y largo plazo.
“Se trata de soluciones técnicas que coadyuvan a salvaguardar la integridad de las líneas, que incluye el mejoramiento vial a lo largo de su trayectoria. Las acciones son permanentes y congruentes con el plazo estimado por la Sala Constitucional”, aseguró en respuesta por correo electrónico.
Recope añadió que parte de una atención integral del tema, está avanzando en tres frente.
Uno dirigido a la formulación de políticas gubernamentales que incluyen el proyecto de Ley contra el apoderamiento ilegal de combustibles, otro a nivel interinstitucional para articular la labores tanto entre las instituciones públicas, municipales, sector privado y organizaciones comunales.
Finalmente, Recope aseguró que a nivel interno busca reforzar las medidas operativas y administrativas tendentes a mitigar el riesgo de sustracción ilegal de productos del poliducto.