Sin que se conozcan a profundidad los casos que dieron origen a las acciones judiciales realizadas este lunes en relación con posibles irregularidades en proyectos viales, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, fue tajante.
“Sobre quienes hayan actuado dolosamente ha de recaer todo el peso de la ley, sea quien sea”, afirmó el jerarca en un comunicado de prensa, enviado en horas de la tarde.
Méndez dijo repudiar la conducta de los funcionarios que hayan “traicionado la confianza en ellos depositada”.
Así se pronunció luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó allanamientos en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), empresas constructoras y casas de habitación.
Producto de estas diligencias fueron detenidos 29 personas, entre funcionarios y empresarios.
En horas de la mañana, Méndez dijo a La Nación tener “total incertidumbre” sobre las razones que motivaron acciones judiciales.
“No tengo ninguna información y por eso me cuesta poder dar una declaración, excepto la voluntad de que haya toda la información que se pueda requerir (...) Tengo total incertidumbre de qué se trata”, afirmó.
Aseguró que únicamente conoció que se realizaban pesquisas en departamentos financieros dentro del Ministerio, así como en la oficina del Programa BID Cantonal.
Más tarde, aseguró que el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia cuentan “con la plena disposición a colaborar” de su parte y de los órganos y entes del Sector de Obras Públicas y Transportes.
La posición del MOPT, garantizó, será ayudar en todo lo que sea responsable y, en esa misma línea, ha girado la instrucción a todos los funcionarios para que den “la máxima colaboración”.
En su gestión, añadió, se ha acompañado de “colaboradores honestos y correctos” para llevar adelante las tareas encomendadas.
“Resultado de esos afanes, de esos esfuerzos, de esas gestiones administrativas, presupuestarias, técnicas y operativas, en la presente administración, no obstante, las limitaciones impuestas por la pandemia y las severas limitaciones fiscales, hemos realizado una titánica labor de obra pública que hoy reivindico”, destacó.
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Operativo
Las diligencias judiciales de este lunes produjeron la detención de los empresarios Mélida Solís Vargas y Carlos Cerdas Araya, de las constructoras H. Solís y Meco, respectivamente, las cuales firmaron importantes contratos con el Estado para obras viales.
H. Solís, por ejemplo, es responsable de las cinco fases del proyecto para concluir la carretera de Circunvalación, la obra de infraestructura más importante de este gobierno.
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Además, entre los detenidos figuran funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad.
Los allanamientos se realizan de manera simultánea en esa dependencia, el MOPT, una oficina de Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda, así como en empresas constructoras y firmas supervisoras de obras de infraestructura vial. También en casas de habitación de las personas investigadas.
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En la sede de Gobierno se confirmó que un investigado es Camilo Saldarriaga, economista de 29 años y hasta este lunes asesor del mandatario Carlos Alvarado.
Constructoras y supervisoras
La empresa MECO indicó por medio de un breve comunicado que “está en la mejor disposición de colaborar con el Ministerio Público, facilitando y entregando la información y la documentación requerida sobre el caso”.
Entretanto, el vocero empresa H. Solís, Carlos Carmiol, dijo que como el proceso es confidencial, por el momento, no están autorizados para pronunciarse.
“Al ser este un proceso que se encuentra en curso ante las autoridades judiciales costarricenses, debemos ser respetuosos del artículo 295 del Código Procesal Penal, que nos prohíbe brindar declaraciones con respecto al tema mientras se lleva a cabo el proceso. Cabe señalar que H SOLÍS se encuentra colaborando con nuestras autoridades, poniendo a su disposición toda la información que las mismas así requieran para que todo sea aclarado con transparencia y de manera oportuna”, expresó.
Carlos Carmiol dijo que la empresa opera con “total normalidad” en los proyectos a su cargo.
Por su parte, la Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería Cacisa S. A., firma supervisora de obras viales, también dijo estar “a la orden de las autoridades” para facilitar información y documentación.
“En Cacisa reiteramos nuestro compromiso con el correcto proceso y apego a las normativas legales y éticas”, indicó.