Juan Fernando Lara Salas. 23 noviembre, 2018
Imagen de archivo del 2005 de las instalaciones de la vieja refinería de Recope en Moín (Limón). Se suponía que el negocio con China de otra refinería, era para sustituir esos equipos / Archivo.
Imagen de archivo del 2005 de las instalaciones de la vieja refinería de Recope en Moín (Limón). Se suponía que el negocio con China de otra refinería, era para sustituir esos equipos / Archivo.

Ninguno de los cinco detenidos por la supuestas irregularidades en el fallido plan de refinería con China son empleados de Recope.

Con esta aclaración, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) se pronunció la mañana de este viernes sobre la detención, el martes, de cinco personas vinculados por el caso.

Los aprehendidos, de apellidos Trejos, Naranjo, Edward, Ulate y Xu quedaron en libertad, aunque deberán firmar cada 15 días en un despacho judicial, entregar sus pasaportes para evitar salidas del país y tener un domicilio fijo.

“En relación con los acontecimientos recientes suscitados el 20 y 21 de noviembre del año en curso, en los cuales varios funcionarios de la empresa Soresco fueron aprehendidos por la Fiscalía General de la República, se aclara a la comunidadnacional que ninguno de los funcionarios indagados por esa instancia judicial, tiene en la actualidad ninguna relación obrero – patronal con Recope”, dijo la empresa pública en un comunicado.

A los imputados se les atribuye una posible administración fraudulenta y sustracción de fondos públicos por $70 millones.

La Refinadora, en su comunicado, insistió en que llevan más de cuatro años en intentos por disolver y liquidar la empresa Soresco; una firma creada entre Recope y la Corporación Petrolera Nacional de China (CNPC) para construir el ahora fallido proyecto de una refinería de petróleo en Moín, Limón.

Según Recope, sus supuestos esfuerzos han incluido una reducción al mínimo de los costos operativos de Soresco y su decisión de terminar el Acuerdo de Empresa Conjunta con CNPC y disolver y liquidar Soresco mediante acuerdo firme por parte del Consejo de Gobierno del 3 de mayo del 2016.

La Refinadora asegura que no ha logrado esto debido a la configuración misma de la sociedad Soresco que exige acuerdo unánime de ambos socios para cualquier tipo de decisión, por lo que ninguna de las opciones planteadas se ha conseguido debido a falta de apoyo de la contraparte china.

Desde el 2014, asegura la empresa, todo su personal destacado en Soresco se trasladó de nuevo a sus labores habituales en Recope.

“El presente gobierno y Recope mantienen firme la decisión de concretar el cierre y liquidación de Soresco; incluso, el Consejo Subsectorial de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía, ente rector de la materia, mediante el acuerdo 02/SO-02-2018 del 18 de octubre de 2018, resolvió eliminar del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Energía, las metas asociadas a la ampliación y mantenimiento de instalaciones dedicadas al proceso de refinación de petróleo, al ser estas acciones incompatibles con la ruta hacia la descarbonización de la economía y la reducción del uso de combustibles fósiles”, añade.

La empresa Soresco se creó en 2009. El plan quedó frenado en junio de 2013, cuando la Contraloría General de la República (CGR) advirtió de que el estudio de factibilidad lo hizo una firma ligada al socio chino.

Posteriormente, se sugirió la posibilidad de buscar un plan B, situación descartada desde el gobierno anterior.

Mientras tanto, los empleados de Soresco seguían devengando salarios que se tomaban del capital común aportado en un 50% por Recope.

Desde el 2012, el Ministerio Público abrió una investigación por aparentes irregularidades en cuanto al contrato de Soresco. Como parte de las diligencias, en junio de 2013 hubo un allanamiento a las oficinas de la Refinadora, de Soresco y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en busca de prueba documental.

En aquel momento, se informo de que se investigaba un eventual daño a la Hacienda Pública por el presunto pago del estudio de factibilidad, que habría costado $1,5 millones. Además, se indaga sobre el otorgamiento de beneficios y bonos salariales a 26 ejecutivos orientales, así como gastos de viajes, reuniones, almuerzos de trabajo y alquiler de casas a empleados chinos en un residencial en Santa Ana.

De la misma forma, se investiga el pago de salario y beneficios laborales de siete funcionarios ticos designados para trabajar en la Sociedad Reconstructora Chino-Costarricense (Soresco).

Según el Ministerio Público, con el estudio de factibilidad se pudieron haber violentado las condiciones establecidas en el acuerdo para crear Soresco.

Aunque el gobierno de Luis Guillermo Solís tomó la decisión de disolver la sociedad, los socios chinos no estuvieron de acuerdo. Mientras, ocho funcionarios continuaban devengando sueldos.

La disolución se resolverá en el segundo semestre del 2019, según Recope, en el marco de un arbitraje que inició desde agosto de 2017 ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional domiciliada en Londres.